Sistema Electoral

celebración de las elecciones; garantizar y promover la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos electorales, de referendos y otras consultas populares; y reglamentar las leyes electorales y de referendos.

Otras disposiciones, contenidas en los artículos 50, 51 y 54 relativas al Servicio Electoral, y las contenidas en el artículo 66, sobre la Comisión de Participación Política y Financiamiento, particularmente el ítem 2, ordenan “crear los mecanismos que propicien la participación de las ciudadanas y ciudadanos, en los procesos electorales, referendos y otras consultas populares”.

El artículo 49, por su parte, reafirma la condición del Consejo Nacional Electoral como autoridad máxima de administración electoral con jurisdicción en todo el territorio nacional, otorgándole jurisdicción en todo el territorio nacional para la dirección, organización y supervisión de los procesos electorales y referendos, con total autonomía del resto de los órganos del poder público.

Cabe aclarar, no obstante, que las decisiones del CNE puedan ser revisadas por la justicia ordinaria, como en efecto ha ocurrido en numerosas ocasiones, en virtud de los artículos 334 y 297 de la Constitución. De acuerdo a lo estipulado en el primer artículo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ejerce el control de constitucionalidad de las leyes y demás actos que emiten los órganos que ejercen el poder público (entre los que está incluido el CNE). El artículo 297, mientras tanto, impone la existencia de una jurisdicción contencioso-electoral, que está encabezada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Los actos del Consejo Nacional Electoral son por lo tanto revisables por el Poder Judicial.

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