Derechoa Administratitivo

Derecho administrativo

es un principio que tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica por medio de la sujeción de determinados actos al sistema normativo vigente. Entendido como una limitante al poder público, que caracteriza su ejercicio, y una garantía de convivencia, y seguridad para los asociados. [1] Las fuentes de este principio son el Estado de Derecho, que es regido por las normas y no por los hombres, con lo cual se buscaba dar seguridad jurídica a las decisiones que se dictaban con respecto a los asociados, y las relaciones entre los mismos y el soberano. Teniendo como base un procedimiento reglado, al que se debían someter quienes determinaran las sanciones y las cargas, para no caer en la arbitrariedad personal de forma tal que afectara sin justificación a los súbditos[2]. Ahora bien vamos concretar este principio con respecto al derecho administrativo, que es el tema que nos interesa. La función administrativa es entendida generalmente en las cátedras de Derecho Administrativo de las Universidades y por el derecho comparado, comoaquella que esta a cargo de las autoridades públicas concebida como servidores públicos, dirigida a la obtención inmediata y completa de los fines del estado bajo el criterio de conveniencia y realidad. El desarrollo práctico de los principios en los que fue pensado el estado se desarrolla por medio de la vía administrativa, contando también con los presupuestos del plan de Gobierno en curso. El consejo de Estado refiriéndose al tema del principio de la legalidad, en la sentencia del 25 de Mayo de 1968 con el C.P: Alfonso Meluk, aclaró” cuando un funcionario realiza un acto administrativo, se presumen de hecho tres indicadores: • Primero: Que el funcionario tiene la facultad para proferir y realizar el acto administrativo.• Segundo: Que el Funcionario cumple con los requisitos establecidos para proferir y realizar el acto administrativo,• Tercero: Que dicho acto vaya dirigido a obtener los fines, por los cuales se reguló la norma. La legalidad se encuentra delimitada dentro de un marco de acción, que comprende en primer lugar la Constitución y las leyes que reglamentan la materia y en segundo lugar los principios, valores y la interpretación jurisprudencial. [3] En Colombia su fuente primaria es la Constitución[4], encontramos en el art. 2º los fines del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. En el Art. 6º de la misma encontramos una primera limitación con respecto a los servidores públicos “…Los servidores públicos lo son por la misma causa y porOmisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.” Art 84. del C.C.A: Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. Para cerrar con el concepto de este principio decimos, que se presume la legalidad de los actos, hasta que no sea declarada su ilegalidad por el juez competente para ello, porque sino se generaría inseguridad jurídica y la ruptura del Estado de Derecho. Por ende esta misma siendo de hecho y no de derecho, se desvirtúa al lograr establecer que en realidad, no concurrieron los elementos señalados por el ordenamiento para el nacimiento del acto[5]

II. Discusiones sobre su aplicabilidad.

El primer inconveniente surge al tratar de diferenciar en la práctica, la diferencia entre facultad discrecional y la arbitrariedad. Pues en algunos casos para los ciudadanos no es visible su diferencia cuando un policía impone una multa de transito, o un alcalde decreta ley seca con respecto a ciertos bares y exime a uno de ellos. ¿Qué estará pasando? o ¿Cómo delimitar las decisiones discrecionales de la administración? Potestad discrecional se sigue de la autorización legal que otorga facultad a la administración de realizar juicios de valor, para cumplir con los fines estatales.[6] El Consejo de Estado lo ha declarado como la facultad de la administración de abstenerse o de adoptar determinada decisión. Sala de Consulta y Servicio Civil, en la Sentencia del 22 de octubre de 1975 con C.P: Luís Carlos Sachica, El Consejo de Estado. Sala se lo contencioso administrativo. Sección 1ª en la sentencia 3 de diciembre de 1975 menciona “siempre los actos discrecionales, tienen control

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