Jerarquia De Las Normas Juridicas

Ordenamiento es la acción y efecto de ordenar. Este verbo hace referencia a colocar de acuerdo a un modo o plan conveniente, dirigir a un fin o mandar a que se haga algo. Jurídico, por su parte, es aquello que atañe al derecho o que se ajusta a él.

Estas dos definiciones nos permiten acercarnos a la noción de ordenamiento jurídico. Se trata del conjunto o sistemas de normas que rigen en un determinado lugar y época. Esto quiere decir que el ordenamiento jurídico puede variar según la ciudad, provincia o país, o de acuerdo al momento histórico en cuestión.

El ordenamiento jurídico de la democracia está compuesto por la Constitución (la norma suprema de un Estado), las leyes, los reglamentos, los tratados, las convenciones, las disposiciones y otras regulaciones.

La sociedad, por lo tanto, se organiza según su ordenamiento jurídico, que está vinculado al derecho objetivo (el conjunto de normas por el cual se rige una comunidad). Los distintos componentes del ordenamiento jurídico se articulan de manera coordinada, a través de una jerarquía normativa (con la Constitución en la parte más alta) y respetando ciertos principios (como la temporalidad, que consiste en que la ley más reciente deroga a la precedente).

Es importante destacar que el ordenamiento jurídico es dinámico, ya que el Estado cuenta con potestades legislativas que le permiten adaptar las normas a las necesidades específicas de la población.

Cabe mencionar que el ordenamiento jurídico no es lo mismo que el orden jurídico, ya que éste hace referencia al conjunto de normas que rige una cierta área del ordenamiento jurídico.

SISTEMA JURIDICO DE GUATEMALA

De una concepción de Estado-Centro (Constitución Política de 1965), se ha dado paso al

actual marco normativo supremo de la República de Guatemala, Centro América (Constitución

Política de 1985), que afirma “la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden

social” (Preámbulo), como una respuesta a las corrientes del pensamiento humanista.

Guatemala tiene un sistema de Gobierno republicano, democrático y representativo

(artículo 140 de la Constitución Política). Se sigue el modelo clásico de la división de poderes, en

los que el pueblo delega su soberanía; a saber: Legislativo (unicameral), integrado por diputados

electos en sufragio universal indelegable, para un período prorrogable de 4 años (artículos 157 a

172 de la Constitución Política); Ejecutivo, integrado por un Presidente de la República y un

Vicepresidente, electos para un período improrrogable de 4 años, por el voto ciudadano

indelegable (el mandatario nombra a sus ministros, viceministros y secretarios) (artículos 182 a

202 de la Constitución Política); y Judicial, cuya Corte Suprema de Justicia es electa por el

Congreso de la República, de una nómina depurada por una comisión de postulación, en la que

participan abogados, decanos de las facultades de derecho y jueces-electores (artículos 203 a 222

de la Constitución Política).

Existen diversos órganos de control, tales como: La Contraloría General de Cuentas cuyo

mandato es fiscalizar los ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los organismos

del Estado, los municipios, entidades descentralizadas

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