Prevaricato

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PREVARICATO

Para iniciar queremos explicar que la palabra Prevaricato viene del latín “prevaricatus” compuesta por el prefijo “prae” que significa antes y  “vicare” cuyo significado es traspié. Según esta definición podemos entender que Prevaricato es el delito cometido por el Funcionario que da el traspié y comete prevaricato contra el Derecho; Es decir, la toma de decisiones contrarias a la ley. Según la jurisprudencia Colombiana se resume este delito cuando el funcionario público en ejercicio de sus funciones y en el ámbito de su competencia,  dicta sentencias o resoluciones injustas, que conlleva a cometer prevaricato por acción o prevaricato por omisión según sea el caso o su agravante.  Por lo tanto el prevaricato, es un delito de tipo doloso, motivado a cometer una injusticia valiéndose del cargo para el cual fue asignado.

Estás decisiones arbitrarias por parte bien sea de un juez o de una persona a la cual se le otorga el poder de funcionario Público, al tomar decisiones adversas a su formación, estará incurriendo en un delito cuyo   elemento subjetivo se deduce al capricho del servidor público que causaré un  daño a fin de obtener ventajas para sí mismo o para un tercero. En la sentencia T- 260 de 1999, se refiere a que esta conducta sólo puede ser cometida por un sujeto activo calificado para desempeñar funciones estatales. Por otro lado en la sentencia C-335 de 2008, se enmarca la sanción del delito de prevaricato por acción, para los servidores públicos incluyendo jueces y particulares que ejercen funciones públicas y que emitan una providencia, resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a los preceptos constitucionales, la ley o un acto administrativo de carácter general

El código penal Colombiano, en los Artículos 413 y 414, establece el delito de prevaricato de la siguiente manera:

ARTÍCULO 413: Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.

ARTÍCULO 414: Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.

De acuerdo con la jurisprudencia colombiana se considera que si la sentencia no es dictada con respecto la norma se incurriría en este delito pero que pasa con la doctrina que nace de acuerdo a un caso particular en el cual al recurrir a la jurisprudencia se evidencia un vacío jurídico, en este caso, no correspondería al juez crear doctrina que permita resolver un caso complejo sin tener que incurrir en un atropello a un bien jurídico, lo cual es llamado recurrir a la excepción de inconstitucionalidad, en este caso el juez estaría obligado a realizar una interpretación de la norma la cual puede que ni siquiera se acerque al verdadero trasfondo del caso

Es por ello que las conductas de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, son conductas dolosas que requieren que el agente delictivo tenga conciencia de la ilicitud de su actuar, que conozca plenamente que el acto que emite u omite es contrario a la ley, y vulnera sin derecho el bien jurídico del Estado como es la administración de justicia.

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