Plaguicidas organofosforados y organoclorados

El 3 de mayo de 1991, el sureste de la ciudad de Córdoba, Veracruz, se estremeció con la explosión de las instalaciones de la empresa de plaguicidas Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa) que derramó plaguicidas organofosforados y organoclorados a varias cuadras a la redonda. Miles de vecinos empezaron a padecer los efectos de las sustancias emitidas durante el accidente, así como de las dioxinas producidas por la explosión. Nadie en Córdoba estaba preparado para enfrentar el desastre industrial de los plaguicidas y las dioxinas. Mujeres y niños fueron los más vulnerables, además de bomberos, servidores de limpieza pública y policías que auxiliaron en el control de la catástrofe. Bajo un clima de impunidad, la empresa nunca pagó por el daño que hizo. Aunque fue obligada a cubrir una reducida multa de cerca de cien mil pesos, recibió el monto de un seguro por 3 mil 500 millones de viejos pesos. La planta cerró pero el inmueble todavía está en pie y constituye un importante foco de riesgo para los vecinos. La sociedad civil reclamó sus derechos, pero las autoridades municipales, estatales y federales de los años noventa negaron los daños, obstaculizaron los estudios, ocultaron la información y hostilizaron a la Asociación de Afectados por Anaversa, auspiciada por la entonces diputada estatal de Ecología (1988-91), Rosalinda Huerta Rivadeneyra, a quien, por ser de un partido de oposición, acusaron de amarillista, de falsear la realidad y, además, de no contar con el diagnóstico clínico científico para probar la correlación entre la explosión de Anaversa y las enfermedades de los afectados. O sea, de no cumplir con las tareas que eran y siguen siendo obligación oficial. Las autoridades municipales de los trienios 1992-95 recibieron un fideicomiso irrisorio para atender a los enfermos pero nunca lo ejercieron, ya que consideraron que no había daños y que sólo eran infundios de los periodistas de Córdoba y la Asociación de Afectados. Este movimiento tuvo su mayor auge entre 1993-96, año en que murieron parte de los afectados más participativos de la organización, sin haber recibido un diagnóstico preciso de sus enfermedades y menos un tratamiento adecuado. Para 1996, la situación se hizo más patética para la Asociación y para los afectados a quienes las autoridades de salud pública les negaron toda credibilidad, más por motivos políticos que científicos. La población de las colonias pobres de Córdoba es la que ha tenido que afrontar el costo del desastre industrial de la planta mezcladora de plaguicidas y de la impunidad. Ellos todavía viven los efectos negativos de las sustancias dispersadas antes de la explosión y durante ella. Abundan los testimonios de afectados que revelan la necesidad de estudios, leyes, reglamentos y de una nueva cultura que permita prevenir los desastres industriales producto de un régimen social que fomenta la impunidad del delito de daños a terceros. El desastre

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