La Crisis

El 11 de abril de 2002 el presidente Hugo Chávez tuvo que enfrentarse a un golpe de estado militar que acabó fracasando, en gran parte por las disensiones existentes en el interior del propio grupo golpista, y en el que se llegó a especular sobre una hipotética intervención de los EE.UU. que nunca llegó a ser demostrada. A pesar de ello, la postura de los EE.UU. hacia el conflicto fue clara desde un principio, ya que inmediatamente después de que Pedro Carmona arrebatara el poder a Chávez, la Casa Blanca manifestó su apoyo al empresario, frente a la cautela que mostraron otros países. Es más, tras la vuelta de Chávez a la presidencia de Venezuela, el portavoz de la Casa Blanca declaró que la administración venezolana tendría a partir de entonces una "oportunidad de responder al mensaje lanzado por sus oponentes" pidiendo "democracia y reformas", destacando la necesidad de que Chávez "gobierne de una manera democrática".

Desde que los venezolanos se lanzaron a la calle en apoyo del golpe de estado del 11 de abril, las protestas y convocatorias de manifestaciones no han cesado. Aquel día aciago se saldó con un buen número de víctimas civiles en las calles de Caracas, de las que el gobierno se ha desentendido completamente alegando una rotunda no-implicación en el asunto, aunque son pocos los que confían ya en la sinceridad de su presidente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, recibió el 22 de octubre la segunda denuncía presentada contra el Gobierno venezolano, por las violaciones de los derechos a la vida y a la libertad de expresión ocurridas entre el 11 y 14 de abril de 2002. La acusación fue introducida por la Coordinadora Internacional Venezolana, organización no gubernamental de venezolanos que residen en la ciudad de Washington.

Según el proceso establecido, el siguiente paso debe ser la notificación al Estado venezolano para que éste presente explicaciones sobre los hechos denunciados; una vez que el Estado responda de las denuncias, la Comisión puede invitar a las partes a una audiencia oral para completar su criterio en la materia. Después de la respuesta estatal, la comisión emite un informe de admisibilidad y es entonces cuando decide oficialmente si admite o rechaza el caso. En todo caso, los representantes de la coordinadora se muestran convencidos de que la probabilidad de que esa audiencia oral se produzca es muy alta, lo que supondría que el Gobierno deba explicar porqué a seis meses de los hechos todavía no se ha esclarecido el asunto.

Las perspectivas no son muy alentadoras, en un país que parece caminar sin un rumbo fijo, en el que los índices de inseguridad ciudadana son elevadísimos y con un presidente imprevisible, con un golpe de Estado a sus espaldas sin resolver desde hace meses y tan osado que ha desafiado a EE.UU. al firmar en fecha reciente un acuerdo

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