Politica Economica

POLITICA ECONOMICA

DE ENRIQUE PEÑA NIETO

La política que promueve Enrique Peña Nieto, presidente de México, agrava las condiciones de desempleo que se viven en dicha nación porque hace lo contrario a lo que la teoría económica dicta cuando se tienen niveles altos de desempleo: disminuye la demanda global, sube impuestos y permite tasas de interés sumamente altas para las condiciones del país.

El incremento del precio de los bienes y servicios de canasta básica reduce el poder de compra hacia otros bienes más especializados, contribuyendo para ello en gran medida el alza de los energéticos. Mientras la teoría económica refiere la disminución de impuestos para aumentar el consumo, en México se busca hacer exactamente lo contrario, aumentando y tratando de generalizar el IVA además de cobrar un impuesto sobre los ingresos que duplica el mismo concepto (ISR e IETU), siendo en realidad uno sólo disfrazado.

Las tasas de interés bancarias son sumamente altas comparados con el desarrollo del país –castigando la inversión- sobre todo atendiendo que estas entidades son sujetas a rescate además de que tampoco hay riesgo de quebranto en los préstamos dados por la banca: contratan un seguro sumamente barato a través del cual recuperan su inversión e incluso, pueden transferirla y deducirla de otras obligaciones fiscales, siendo en el caso de los créditos al consumo, más rentables para las mismas que sus clientes no paguen.

Pero ¿por qué habría de preocuparle a México el desempleo si cuenta con la 4ta tasa más baja según la OCDE? Precisamente por lo engañoso de su cálculo. La tasa de desempleo en dicho país asciende a 5.1%, pero lo que no se menciona es la forma en la que esta se calcula. Como puede observarse en el cuestionario de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) basta haber realizado una actividad en la semana a la cual se le dedicara al menos una hora y aunque no se haya percibido ingreso de la misma, si el encuestado cree que la volverá a realizar la misma actividad la siguiente semana aunque fuere una sola hora, es suficiente para considerarse ‘ocupado’.

Así, si tenemos en cuenta la población subocupada (7.8% de los ocupados) entre los cuales el 55% de ellos manifestó una caída en el ritmo de su actividad que hace insuficientes sus ingresos y otro 39% que destaca la búsqueda de aumentar su jornada laboral para obtener más ingresos, además del 5.3% de los ocupados que realizaron actividades sin pago alguno (no incluidos en los subocupados), tendríamos una tasa de peligro de caer en condiciones de riesgo/paro superior al 18%, un nivel similar a la Tasa de Paro que tenía España en 2010.

La diferencia está en que los desempleados en México, no cuentan con algún garante que les ampare salvo un seguro de desempleo en cuyo uso de su ínfima cantidad aumenta en tres años promedio la edad en la que el trabajador habrá de jubilarse –por cierto, con sólo el 30% de los ingresos que tenía si no realiza aportaciones adicionales-. Para tener acceso a este seguro, debe contarse con al menos 2 años de trabajo continuo cotizando ante el Seguro Social y no haber pedido este apoyo en los últimos 5 años. Cabe destacar que sólo el 37% del total de ocupados en México cotiza en el Seguro Social.

En el período que Peña Nieto lleva al frente de esta nación, no sólo no se han incrementado el número de trabajadores con acceso a seguridad social sino que ha sufrido una ligera disminución del orden de los 13 mil menos. A pesar de que la seguridad social en los trabajos dignos son un garante constitucional de la carta magna mexicana, el Estado confiere esta obligación a los empresarios, siendo los más ricos quienes se olvidan de ella contratando vía outsourcing y los inversionistas más pobres, quienes no pueden costearla al representarles un 30% de gasto adicional a los sueldos que pagan a los trabajadores.

Aumentar el gasto público por parte del gobierno es una buena medida que contribuye a combatir el desempleo… siempre que se realice de manera ordenada y eficiente. Según el IMCO de 2000 a 2010 el ejecutivo federal incrementó su gasto en cerca del 200%, el poder Judicial en 127% y el poder legislativo en 53%. También, de 2000 a 2007 los municipios incrementaron su gasto en servicios personales en 68% mientras que los estados lo hicieron en 29%. El problema radica en que 6 de cada 10 pesos son destinados a salarios, es decir, el aumento presupuestal en gasto corriente es muy superior al que se hace en inversiones.

En otras palabras, la mayor parte del presupuesto gubernamental no genera riqueza porque además, el salario de los puestos más altos, que son minoría, es similar al de los restantes, que por ende son la gran mayoría. Los organismos descentralizados creados por Peña Nieto contribuyen al engrosamiento de la burocracia y en muchos de ellos, se aprecia una duplicidad de funciones siempre que hay un aumento desproporcionado del aparato gubernamental frente al crecimiento de la producción y el empleo, siendo un aliciente importante para generar mayor pobreza y menor desarrollo.

En los últimos años el gobierno mexicano ha destinado importantes cantidades de dinero en reservas para sostener una paridad ‘aparentemente estable’ de su moneda ante el dólar, lo que por un lado

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