Politica

Introducción

La "Democratización de la Justicia", consistió en una iniciativa de la presidente de Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, materializada en un conjunto de leyes enviado al Congreso en Abril del año 2013.

Los proyectos, fogoneados por el kirchnerismo y criticados por muchos ciudadanos que se expresaban en las calles manifestándose, fueron debatidos, votados y aprobados por el Congreso de la Nación el 25 de Abril del 2013.

Varias de las normas fueron cuestionadas por sectores de la oposición política y por diversas ONG. Especial preocupación despertó la reforma del Consejo de la Magistratura que, según diversas voces autorizadas, destruía la forma republicana de gobierno al someter a la voluntad de la fuerza política triunfante en las urnas a los jueces. De esta forma, el político que ganaba en las urnas se convertía en jefe de los jueces y titular del poder ejecutivo simultáneamente.

Antecedentes

Cristina Fernandez de Kirchner ya había tomado una iniciativa anterior para adulterar el Consejo de la Magistratura, y convertirlo en un instrumento de disciplinamiento de los jueces argentinos.

Fue la ley 26.080, a través de la cual logró romper el equilibrio entre los estamentos del Consejo de la Magistratura (representantes del sector político, abogados, magistrados, y académicos) a favor de la política. Al disminuir los representantes de abogados, y aumentar los que representan al Congreso de la Nación, Cristina Fernandez se aseguró un sistema que le sirvió para proteger a sus jueces aliados, y amedrentar a los jueces no afines. La ley fue impugnada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ya que los abogados consideraban que rompía la manda de ·"equilibrio" que establece el art. 114 CN, a favor de la política y en perjuicio de los representantes de la ciencia jurídica (profesores de derecho, magistrados, y abogados). Sin embargo, la Corte Suprema tomo el expediente del Colegio de Abogados, pero nunca se pronunció sobre el tema.

Con esta medida, además, el kirchnerismo logró nombrar más del 70% de los jueces del Poder Judicial de la Argentina, teniendo un Consejo de la Magistratura donde "la política" tiene mayoría y le responde lealmente a sus intereses. Esta jugada táctica del kirchnerismo le sirvió para protegerse ante los escándalos suscitados por las acusaciones y denuncias de corrupción.

Sin embargo, a través de los votos de los representantes de jueces y de los representantes de abogados y de los académicos (sectores en los cuales el kirchnerismo perdía siempre las elecciones), se contra-balanceaba levemente el predominio político y los jueces imparciales podían todavía animarse a sentenciar en contra de la presidente. El kirchnerismo intentó participar siempre activamente en las elecciones entre jueces para elegir a representantes de jueces, y en las elecciones entre abogados para elegir representantes de abogados, pero siempre perdió todas estas elecciones. Entonces no podía dominar completamente la Justicia y remover a los jueces no afines a sus intereses. No obstante a ello, a través de la ley ley 26.080 se hirió sensiblemente la Indepenedencia de la Justicia en Argentina, y pudo proteger a los jueces que cajonearon las causas de los escándalos de corrupción.

A pesar de que el predominio kirchnerista en la Justicia es prácticamente predominante (más del 70% de los jueces nombrados por ellos), hubo decisiones judiciales que molestaron a Cristina Fernandez de Kirchner. En especial, la irritaron las Medidas Cautelares que se tomaban suspendiendo la vigencia de la ley de servicios audiovisuales, ley 26.522 -campo de batalla de su lucha contra el grupo de medios "Clarin"- y que fueron objeto de numerosas críticas presidenciales y también de los militantes kirchneristas.

En Diciembre del 2012, y tras el polémico fallo de la Sala II de la Cámara Penal de la Justicia Tucumana sobre el caso Marita Verón, en el que fueron absueltos todos los 13 imputados por el secuestro y desaparición de la joven Verón,la presidenta anunció que impulsaría políticamente la democratización de la Justicia argentina.

Refiriéndose al fallo de Marita Veron, Fernández de Kirchner declaró: " Es hora de que cada uno de los poderes del Estado nos hagamos cargo de las cosas que pasan. Me comprometo a impulsar un proceso de democratización de la Justicia. Nosotros exigimos a todos los poderes del Estado la misma conducta de decoro, independencia, respeto a la voluntad del Parlamento y la voluntad popular».

En las semanas siguientes Fernandez de Kirchner continuó fogoneando su plan de "Democratizar la Justicia" con un inminente proyecto, al criticar sentencias judiciales que la irritaban como las que se suscedían en el marco de su choque con Clarin por la ley 26.522 y también el revés que sufrió al expropiar el predio "La Rural". A pesar de su predominio en el Consejo de la Magistratura -que le alcanzaba para intimidar jueces, nombrar jueces, y proteger jueces que le eran favorables en las causas de corrupción de los funcionarios kirchneristas- todavía su control de la Justicia no era total, y no podía remover a los jueces que fallaban en contra de sus pretensiones.

El 8 de Abril del año 2013, durante un acto realizado en la Casa Rosada, la presidenta anunció ante los medios que enviaba al Congreso un paquete de seis leyes con miras a implementar reformas en el sistema judicial argentino: "La Democratización de la Justicia".

Leyes aprobadas

Las leyes que Fernandez de Kirchner solicitó al Congreso fueron criticadas por la oposición política, distintas ONG referentes a la defensa de los derechos humanos, y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Se indicaba que este intento equivalía a derrumbar la Independencia de la Justicia y convertirla en un brazo político suyo, servil a sus intereses de amedrentar opositores y premiar a leales. Asimismo, decenas de miles de personas salieron a las calles a pedirle a los legisladores que no voten estas leyes que le darían al titular ocasional del Poder Ejecutivo la suma del poder público.

El legislador kirchnerista Anibal Fernandez criticó la "vergonzosa e intolerable intromisión en la política argentina" realizada por la Organización de las Naciones Unidas, al criticar la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. A pesar de todas las críticas, de las voces de alarma en el sentido de que se consagraba una dictadura civil, y de los civiles que habían ido al Congreso a manifestarse, los legisladores del kirchnerismo, sin prácticamente debate, aprobaron las leyes obedientes a Fernandez de Kirchner.

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