Reforma Fiscal

En los últimos meses, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha estado activamente involucrado en implementar su ambiciosa agenda de reformas. La reforma energética ha concentrado la atención, dentro y fuera de México, pero la reforma fiscal es particularmente interesante por lo que revela acerca de lo que piensa el presidente en materia de crecimiento y desarrollo económico.

Peña Nieto desea aumentar la tasa y el ritmo de crecimiento económico mexicano, y al mismo tiempo reducir la desigualdad. Estas prioridades son comprensibles. El PIB mexicano aumentó a una tasa promedio de apenas 2% durante la última década. Más aún, mientras sus vecinos sudamericanos aprovechaban el boom de las materias primas del periodo 2005-2010, la disfuncional política energética mexicana se tradujo en declinantes exportaciones petroleras. Ahora que el boom se acaba, que la economía china se desacelera y la brecha salarial entre China y México se estrecha, México cree poder alcanzar mayores tasas de crecimiento y desarrollo si adopta las políticas adecuadas.

La última reforma fiscal es una de las prioridades del presidente. Sus disposiciones principales aumentan la tasa de impuestos a los ricos y al sector privado y agregan un número de gravámenes adicionales que afectarán negativamente a las clases medias emergentes del país. Los ingresos adicionales del fisco permitirán financiar programas sociales como las pensiones, en beneficio de los más pobres. También ayudarán a “destetar” al gobierno de su dependencia de los impuestos que percibe de Pemex, que representan aproximadamente un tercio del gasto fiscal. La reforma también simplificó el código tributario, reduciendo significativamente el número de días que le tomará a una empresa llenar sus planillas de impuestos.

Es interesante destacar lo que la reforma no hizo. Por ejemplo, no amplió la base tributaria gravando al sector informal, que representa el 65% de la economía mexicana. De hecho proporciona un incentivo perverso, pues limita la cobertura de la nueva “pensión universal” sólo a los trabajadores informales. La reforma no contiene ninguna provisión que estimule la productividad, la eficiencia o la “accountability” de grandes empresas estatales como Pemex y CFE, la compañía eléctrica del Estado. Más aún, la reforma fiscal no incluye ninguna iniciativa para reducir el gasto fiscal. De hecho va en la dirección opuesta al aumentar el déficit presupuestario para 2013 y 2014, que el gobierno contempla compensar aumentando su endeudamiento. Tampoco aclara la reforma cómo se gastarán los nuevos ingresos, ya que sólo 5% se destinará a programas sociales.

Tal vez lo más importante, el gobierno no explicó cómo o por qué la reforma fiscal generará más crecimiento económico y productividad. Aparentemente, la administración de Peña Nieto cree que el sector público es el más capacitado para producir crecimiento económico

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