El Adolescente

Conflicto entre Argentina y Uruguay (2005-2010).

Argentina y Uruguay mantuvieron entre 2005 y 2010 un conflicto debido a la autorización del gobierno uruguayo para construir dos plantas de pasta de celulosa en su territorio y sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de las poblaciones uruguaya de Fray Bentos y argentina de Gualeguaychú.

En el curso del conflicto, se dejó sin efecto la construcción de una de las dos plantas, la proyectada por la empresa española ENCE, que decidió retirarse de Uruguay y vender sus activos forestales a la empresa chilena Arauco y a la sueco-finlandesa Stora Enso. La otra planta, proyectada por la empresa finlandesa Metsa-Botnia (luego transferida a la empresa UPM-Kymmene) fue finalmente construida durante el conflicto y puesta en marcha el 8 de noviembre de 2007.

Pobladores argentinos de la ciudad de Gualeguaychú y organizaciones ambientalistas se movilizaron contra la instalación de las plantas sobre el río Uruguay, incluyendo en sus acciones el corte de rutas y el puente internacional Libertador General San Martín, que comunica ambos países.

Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es contaminante y se había violado el procedimiento establecido en el Estatuto del Río Uruguay. Por su parte, Uruguay demandó a Argentina ante el sistema de solución de controversias del Mercosur y la Corte Internacional de Justicia, argumentando en el primer caso que los cortes de ruta constituyen una violación al principio de libre circulación, y en el segundo caso, que los mismos son tolerados y utilizados por el gobierno argentino para presionar al gobierno uruguayo en las negociaciones referidas a la instalación de las plantas.

Las dos demandas uruguayas fueron desestimadas por los tribunales respectivos. Sobre la demanda argentina, la Corte Internacional de Justicia dictó fallo definitivo el 20 de abril de 2010, resolviendo que Uruguay violó sus obligaciones procesales establecidas por el Estatuto del Río Uruguay de notificar e informar de buena fe pero, si bien Argentina pudo demostrar que algunos parámetros de contaminación de las aguas del río se habían elevado desde la puesta en marcha de la pastera, falló en probar que la planta de celulosa era la causante y no otros factores ajenos a ella, por lo que la Corte entendió que Uruguay no violó sus obligaciones para evitar la contaminación ambiental, por lo que consideró que resultaba desproporcionado ordenar el cierre de la planta de Botnia, pero instruyó a ambos países a realizar un monitoreo en conjunto del río, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y aplicando el Estatuto del Río Uruguay.

El conflicto finalizó tras la firma, el 30 de agosto de 2010 en Montevideo, de un acuerdo para conformar un Comité Científico en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay.

Argumentos de Argentina.

Los principales argumentos de la demanda presentada por la Argentina son que, a pesar del trabajo conjunto en la CARU, estaba pendiente una cantidad de información que nunca fue provista, que no existen estudios sobre el lugar de localización de las plantas o sitios alternativos, que los informes realizados por las empresas son insuficientes y que, para determinar la sustentabilidad ambiental de las plantas, debiera realizarse un estudio independiente de las partes en conflicto. La demanda incluye la solicitud de una medida cautelar previa de suspensión de la construcción de las plantas basada en que son una amenaza actual de daños irreparables sociales y económicos. También Argentina dijo que dos de ítems escritos en el del Estatuto del Río Uruguay se respetaban y esos son:

Disposiciones para la conservación de los recursos vivos.

Disposiciones para evitar la contaminación de las aguas.

Argentina se basa además e los siguientes artículos de la Constitución Nacional.

La Constitución argentina consagra el derecho al medio ambiente en su artículo 41. En general, el artículo trata de que todos los habitantes tienen el derecho a un ambiente sano, equilibrado, y apto para el desarrollo humano. También prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Argumentos de Uruguay.

Los principales argumentos de la defensa de Uruguay son que respetó no sólo el Estatuto del Río Uruguay, de 1975, sino, además, la totalidad del Derecho Internacional y los principios generales del derecho. Uruguay sostiene que existieron constantes conversaciones e intercambios de información entre Argentina y Uruguay sobre este asunto, de las cuales dan cuenta incluso documentos del gobierno de Buenos Aires, que convalidaron lo actuado con Uruguay, mencionando, entre otros documentos, el mensaje a la Nación del gobierno argentino enviado al Parlamento en el año 2004 en el que se hace expresa referencia al tema.

Uruguay también intenta argumentar su posición con su Constitución Nacional, basándose en lo siguiente:

La Constitución uruguaya recepta el derecho al medio ambiente en su artículo 47. En general, el artículo habla sobre la protección del medio ambiente de interés general. Las personas que habitan el suelo uruguayo tienen que abstenerse a cualquier intento de agresión grave hacia el medio ambiente, en caso contrario, el transgresor será sancionado según lo dicta la ley. Para que estos países no entren en algún conflicto bélico o alguna situación desagradable se ha impuesto un tratado llamado Tratado del Río Uruguay y un Estatuto llamado Estatuto del Río Uruguay.

Tratados existentes:

Entre Argentina y Uruguay se encuentra vigente el Tratado del Río Uruguay, firmado en 1961 por estos dos países. En el tratado no solo se delimita el espacio perteneciente a cada uno de los países, sino que también se aclara que las Partes Contratantes acordarán el Estatuto del Río Uruguay.

En 2013 el conflicto reapareció debido a la autorización del gobierno uruguayo para aumentar la producción. El 2 de octubre de 2013 Argentina anunció que volvería a demandar al Uruguay a causa de la decisión del presidente de este último país de autorizar a la planta de celulosa ubicada en Fray Bentos a aumentar su producción en un 10%.

Intervención de Órganos Internacionales

En el conflicto de la instalación de la fabrica en las costas del río Uruguay existieron organizaciones Internacionales que intervinieron,

Funciones de la OEA:

Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de

América

- Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos

- Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el

- Desempeño de sus funciones;

- Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen

- Informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos.

Funciones de la ONU:

- Mantener la paz mundial (evitar el uso de la fuerza).

- Respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos.

- Velar por el cumplimiento del Derecho Internacional, que es el conjunto de leyes que rigen el funcionamiento de la comunidad internacional.

- Fomentar la amistad entre todos los países Intervención de organizaciones protectoras.

Las organizaciones protectoras que se manifestaron en contra de la ubicación de la papelera fueron los grupos de Guayubira y Greenpeace.

Conflicto en Siria (2011-presente).

La Guerra Civil Siria (llamada simplemente Guerra de Siria o Crisis en Siria) es un conflicto bélico actual en Siria que enfrenta al gobierno y a las Fuerzas Armadas de Siria en contra de diversos grupos rebeldes de la oposición que buscan derrocar al gobierno y, en particular, sacar del poder al presidente Bashar Al-Asad. Sin embargo, el gobierno sirio ha asegurado que el conflicto es una guerra contra el terrorismo, no una guerra civil del pueblo contra el presidente.

El conflicto se inició en 2011 con una serie de protestas pacíficas en contra del gobierno y en especial en contra del presidente al-Asad, que se fueron intensificando a lo largo del mismo año. La represión de las manifestaciones provocó que una parte de la sociedad civil y sectores del Ejército se alzaran en armas formando el llamado "Ejército Libre de Siria". Para finales de año, los "rebeldes" habían formado una guerrilla en el norte del país que posteriormente se extendería a lo largo del territorio sirio.

A comienzos de 2012, los rebeldes habían logrado dominar muchas localidades del norte del país, debido a su mayor cercanía con Turquía cuyo gobierno los apoya, pese a los contraataques diarios del Ejército. La rebelión popular fue dando pie a enfrentamientos armados hasta desembocar en lo que se ha considerado una guerra civil. En 2012 se intensificaron de manera creciente los combates, así como la dureza de los ataques del Ejército a las ciudades ocupadas por los "rebeldes", destacando la ofensiva sobre Homs, que convirtió la antigua Emesa en la ciudad más dañada de la guerra hasta entonces. La guerra tomó un curso más serio y decisivo cuando entre junio y agosto los "rebeldes" tomaron el control del este de Alepo y mantuvieron numerosos frentes en la capital, Damasco. Por su parte, al menos desde finales de 2012, se empezaron a registrar enfrentamientos armados de distinta intensidad entre algunas facciones del bando "rebelde", principalmente entre los grupos kurdos

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