FRONTERAS DE POSIBILIDAD DE PRODUCCION

DELITOS SEXUALES Y JUSTICIA PENAL*

Por Alberto BOVINO**

I. INTRODUCCIÓN

"... se denuncian una de cada diez o veinte violaciones (la mayoría de las cuales corresponden a mujeres menores de edad). Y se condena a menos del 10 % de los acusados (en general, a los confesos). Sin embargo, mejorar la situación no implica, ante todo, corregir estos guarismos. Antes sería mejor escuchar a las víctimas sin desconfiar de ellas. Luego, abstenerse de indicarles los caminos para su redención. En estos temas son obligatorios la humildad y la cautela".

Inés HERCOVICH, El enigma sexual de la violación.

En los últimos años, el derecho penal ha sufrido un ataque intenso por parte de un movimiento que aboga por los derechos de las víctimas del delito. Reuniones científicas, publicaciones y reformas legislativas son expresiones claras e inequívocas de esta tendencia. El denominado movimiento por los derechos de la víctima, sin embargo, carece de coherencia política, y sólo puede ser considerado como una unidad en la medida en que todos los grupos, actores e instituciones que lo componen, se interesan por la justicia penal y por la posición que la víctima ocupa en ella.

En efecto, a poco de analizar las distintas expresiones de este movimiento encontraremos propuestas que intentan consolidar el esquema punitivo de justicia penal, esta vez con cierta participación de la víctima , como también otras propuestas que, a través de la incorporación de los intereses concretos de la víctima, contienen respuestas no punitivas para el tratamiento de los casos definidos como penales . Dentro de este último marco, las propuestas con contenido no punitivo pueden ser diferenciadas según se pretenda mantener o no las características fundamentales propias de la administración de justicia penal. Así, el modelo de justicia reparatoria puede ser formulado por quienes siguen encontrando justificación para la justicia y el derecho penal, como también por quienes se oponen radicalmente a la utilización del derecho penal como instrumento de solución de conflictos y, por lo tanto, postulan la abolición del derecho penal que conocemos: los abolicionistas .

Por otra parte, el movimiento feminista, que recientemente ha comenzado a interesarse por las relaciones entre la posición social del género femenino y el derecho , ha dirigido su atención, en especial, hacia el derecho penal en el ámbito de los delitos sexuales. Este súbito interés se explica a partir del hecho de que la gran mayoría de las víctimas de los delitos sexuales son mujeres.

El problema de los delitos de agresión o violencia sexual excede, en mucho, la excepcional gravedad que reviste el hecho concreto de la victimización. Se afirma que en los EE.UU., el 92 % de las mujeres han sido sexualmente atacadas de alguna forma o acosadas sexualmente , y que el 44 % de las mujeres han sido víctimas de violación o tentativa de violación . En nuestro medio, por su lado, se sostiene que “[a] lo largo de sus vidas, una de cada cuatro mujeres sufre un ataque sexual que puede terminar en violación... El problema es grave: toda mujer corre el riesgo de formar parte de ese 25 %, de manera que la amenaza actúa como toque de queda sobre su vida” . Mientras las feministas se quejan de que no se hace nada para enfrentar el problema por el solo hecho de que las víctimas son, casi exclusivamente, mujeres , lo cierto es que este tipo de agresión sexual produce consecuencias que exceden ampliamente la agresión misma.

La situación de vulnerabilidad que genera el elevado índice de agresiones sexuales contra las mujeres condiciona profundamente sus vidas cotidianas. Así, se ha destacado que esta situación hace concientes a las mujeres de su propio cuerpo y, por ello, que influye en su manera de vestirse, de caminar, de sentarse. Esta toma de conciencia sobre sus cuerpos, gestos y actitudes es la consecuencia necesaria

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