El presidente Felipe Calderón

El presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Senadores la iniciativa de ley preferente que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la que se busca combatir la opacidad y el sobreendeudamiento de los gobiernos estatales y municipales en el manejo de los recursos públicos. La falta de transparencia en los estados y las deudas estatales han alcanzado niveles inadmisibles; utilizando resquicios legales se ocultan deudas enormes y en algunas entidades se han simulado ingresos o se han simulado egresos.

Según la Secretaría de Hacienda la contratación de financiamiento por parte de los estados y municipios se ha incrementado notablemente y en este momento se ubica en 404 mil millones de pesos el saldo de su deuda pública. De diciembre de 2008 a junio de 2012, la deuda pública de estados y municipios se incrementó en 199 por ciento. Con la reforma preferente propuesta se busca frenar los préstamos de los gobiernos estatales y municipales y evitar “una crisis económica” para las futuras generaciones.

Los diferentes grupos parlamentarios en el Senado expresaron que hay consenso para que se concrete la reforma, siempre y cuando se conozca primero un diagnóstico puntual de la homologación de criterios de contabilidad en estados y municipios.

La fracción parlamentaria del PRI señaló que la propuesta presidencial tiene aspectos muy buenos que son un avance en transparencia, por lo que recogerá la opinión de los gobernadores y traerá a los secretarios de finanzas de los estados para que expongan sus puntos de vista.

Las bancadas de PT y PRD en el Senado demandaron suspender el trámite preferente porque se está violando la Constitución, al no haberse creado la ley secundaria que permita al Congreso dar trámite a las reformas que el Ejecutivo proponga al inicio de cada legislatura. El senador del PT Manuel Bartlett, advirtió que de aprobarse los cambios a las leyes del trabajo y de contabilidad gubernamental, interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La iniciativa de reformas constitucionales para dotar de mayor autonomía y facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), presentada por el presidente electo Enrique Peña Nieto, es complementaria de las iniciativas preferenciales enviadas por el presidente Felipe Calderón.

De ser aprobadas las reformas, el IFAI podrá tener injerencia no solamente con el Poder Ejecutivo federal, sino también con el Congreso y parcialmente con el Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se pretende también que asuma el papel de una segunda instancia en la revisión de casos de ciudadanos insatisfechos con las resoluciones que hayan adoptado los institutos de transparencia locales, lo que le permitirá tener incidencia a nivel estatal y municipal.

Por siglos la corrupción se ha metido en nuestra forma de relación social política y económica. Es por esta vía que solemos tratar con el primer eslabón de la cadena de autoridad que es el policía a quien se suele burlar dándole una dadiva o “mordida” para que omita la falta administrativa o el delito cometido. En no pocas ocasiones la diligencia en un juzgado se inclina a favor de quien mejor “gratifica” al ministerio público. Es sabido que los contratos en el gobierno se consiguen dando a quien los otorga o autoriza el diez por ciento de la facturación. Los líderes sindicales no dan cuenta a nadie sobre los recursos de los trabajadores que les son entregados por el empleador. La lista puede ser amplia y nos pondría en evidencia la experiencia que tenemos en lo personal, social, político y económico.

El reto de revertir esta realidad es enorme, del tamaño de los intereses y fortunas dudosas que se han fraguado desde

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