Normatividad De Telecomunicaciones

Como forma de respuesta al decretazo legislativo unilateral y autoritario el 10 de octubre del 2002 por el Poder Ejecutivo, mediante la publicación de un nuevo Acuerdo Presidencial sobre el Manejo del 12.5 % de los Tiempos de Estado y un Nuevo Reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión, que dejó marginó la iniciativa de reforma integral de los medios electrónicos, instalada por la Secretaria de Gobernación el 5 de marzo del 2001; la sociedad civil y la academia organizada, presentaron el 4 de diciembre del 2002 a las Comisiones de Reforma del Estado del Senado de la República y de la Cámara de Diputados una Propuesta Ciudadana de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión1. Dicha propuesta fue asumida por el Senado, con la firma de los coordinadores parlamentarios y los subcordinadores del PAN y PRD y el respaldo de 62 legisladores, se presentó oficialmente el 12 de diciembre como la Iniciativa Ciudadana de Ley Federal de Radio y Televisión ante el Senado de la República2. La única excepción fue la fracción parlamentaria del PRI que se negó a respaldarla debido a las presiones que ejercieron los concesionarios de radio y televisión sobre el Poder Legislativo en vísperas pre electorales y solamente se comprometió a legislar en la materia sin definir con que espíritu político que lo guiaría3.

Dicha iniciativa de ley tiene como antecedente un largo anhelo de la sociedad mexicana por diseñar un nuevo modelo de comunicación y una nueva relación más transparente, justa y equitativa, entre los medios de comunicación electrónicos, la sociedad y el Estado; y rescata el espíritu y los avances de los acuerdos logrados en la Mesa de Diálogo en la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, éste no es un proceso nuevo, pues durante más de 20 años académicos, organizaciones sociales y civiles, comunicadores y trabajadores de los medios, legisladores y ciudadanos propusieron, a través de diversas consultas públicas, foros y propuestas legislativas, una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. Momentos significativos en este proceso fueron las consultas públicas nacionales de 1980, 1983 y 1995. Posteriormente, en 1999-2000, más de 600 organizaciones sociales y civiles se unieron en el esfuerzo denominado Poder Ciudadano, que concluyó con la elaboración de propuestas para la agenda de diversas temáticas, entre ellas la de los Medios de Comunicación, que fueron signadas por los entonces candidatos a la Presidencia de la República en el año 2000, entre ellos Vicente Fox4.

El espacio de encuentro de varios meses entre los organismos de la sociedad civil y el equipo de transición, en el que participaron 53 organizaciones entre julio y diciembre del 2000, culminó con el compromiso del Presidente para impulsar una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión.

Este proceso dio un salto cualitativo cuando, a principios de 2001, la Secretaría de Gobernación convocó a la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de la Legislación de los Medios Electrónicos, en la que por primera vez se asumía desde la esfera gubernamental, la necesidad de la participación de la sociedad en la discusión del tema y se ofrecía la posibilidad de dialogar a todos los sectores interesados. En la Mesa participaron representantes de las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, de las Comisiones de Radio, Televisión y Comunicaciones de la H. Cámara de Diputados y la de Comunicaciones y Transportes de la H. Cámara de Senadores, de los Partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo y de Acción Nacional, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, del Sistema de Televisoras y Radiodifusoras Estatales, del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación, y de los grupos organizados de la Sociedad Civil.

Desde el inicio de los trabajos fue claro para todos los actores la necesidad, impostergable, de una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión, que diera respuesta a la transformación que el país había experimentado a lo largo de más de cuarenta años. En un clima de diálogo abierto y respetuoso se lograron acuerdos y consensos en cada una de las siete mesas de trabajo. Los referentes jurídicos fundamentales para esta propuesta fueron la Constitución General de la República, la propia Ley Federal de Radio y Televisión, los tratados internacionales relativos que han sido suscritos por México y ratificados por el H. Senado de la República y el derecho comparado internacional en la materia.

Los fundamentos para la elaboración de la propuesta recogen el espíritu y los acuerdos fundamentales tomados en la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación en Medios Electrónicos, que a lo largo de 19 meses trabajó en el marco de la convocatoria plural de la Secretaría de Gobernación.

De ésta forma, mediante la presentación de este proyecto, el Senado de la República dio un decisivo paso trascendental para reconocer, por primera vez, en toda su historia el derecho de iniciativa ciudadana para modificar las reglas de un proceso de comunicación nacional, ya que en nuestro país aún no está reconocido en la Constitución el derecho ciudadano a iniciar leyes y que, sin duda, es uno de los retos fundamentales de la transición democrática y de una verdadera reforma del Estad. Así, siguiendo el espíritu institucional y renovador del 2 de julio del 2002, fue la sociedad organizada la que presentó el resultado del diálogo y depositó en el Congreso sus expectativas, exigiendo el compromiso de avanzar en la reforma pertinente5.

Lo preocupante del caso es que así como el Senado respaldó ampliamente la inquietud y la convirtió en iniciativa de ley principal, la Cámara de Diputados "no la acogió formalmente como proyecto legislativo eje, pues planteó dictaminar las 18 iniciativas que existen desde que la Ley Federal de Radio y Televisión fue promulgada, sin tener un planteamiento central que recupere las reformas fundamentales"6.

La iniciativa tiene como motivación fundamental acotar el amplio margen de discrecionalidad de la autoridad en el uso de sus facultades, invalidando así toda eficacia normativa. En los nuevos tiempos del México de transición a la democracia, no se puede permitir la permanencia de viejas formas de relación entre los medios, el Estado y la sociedad, razón por la cual los legisladores, junto con la sociedad, deben establecer una congruencia normativa integral, que defina las reglas de los medios electrónicos, tanto para integrar a nuestro país al proceso de reconversión tecnológica, así como también eliminar formas autoritarias y discrecionales, en su aplicación y vigencia.

En términos generales, ésta es una iniciativa democrática para la justicia, porque preserva derechos fundamentales de la libertad de expresión y asegura el derecho a la información de todos los mexicanos. Con ella, se podrá aportar elementos fundamentales para que los medios de comunicación mexicana constituyan un sistema al servicio de la democracia participativa que México requiere.

La iniciativa sustentada en el reconocimiento de las relaciones de los medios de comunicación con los distintos poderes del Estado y con la sociedad, busca entre otros las siguientes finalidades:

-Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica como derechos ciudadanos básicos.

-Posibilitar la constitución de una autoridad autónoma, que otorgue seguridad y certeza jurídica a los concesionarios, posibilite la independencia efectiva del Ejecutivo y brinde a los ciudadanos confianza y transparencia en el cumplimiento adecuado de la Ley.

-Garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en el otorgamiento, la supervisión y el refrendo de las concesiones.

-Flexibilizar el otorgamiento de permisos y el funcionamiento de las emisoras con carácter no lucrativo.

-Precisar la finalidad social y definir una figura jurídica para los medios bajo explotación directa del Estado.

-Permitir un acceso y un tiempo de difusión más amplio y equitativo a los distintos poderes y organismos autónomos del Estado.

-Estimular la producción nacional independiente, a través de la creación de un Fondo Público con este objetivo.

-Proteger al público televidente, en especial a los niños y adolescentes, y reducir la transmisión de programas con alto contenido de violencia.

-Lograr una regulación adecuada de la propaganda comercial.

La propuesta ciudadana comprende los siguientes 12 puntos: una ley para el beneficio social y no sólo económico; la ciudadanización del Consejo Nacional de Radio y Televisión; el Derecho de Réplica; la abolición de todo tipo de censura; la transparencia en el otorgamiento y refrendo de las concesiones; los permisos para emisoras con carácter no lucrativo; la definición de una figura jurídica para los medios del estado; el Fondo Nacional para la Producción; los tiempos del Estado; el estímulo a la producción nacional; la protección al público televidente; y la regulación de la propaganda comercial7.

1. Una Ley de Beneficio Social, y no sólo Económico

Al igual que el suelo, el agua y el subsuelo, el espacio aéreo es propiedad de la Nación, de todos los mexicanos. Las actividades de la radio y la televisión son además de interés público, y deben por lo tanto atender al beneficio social de todos, y no sólo al beneficio económico de unos cuantos.

La propuesta ciudadana no busca afectar los beneficios que reciben los concesionarios, sino garantizar los derechos y el acceso de los ciudadanos a la radio y la televisión. Recupera el espíritu de la discusión

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