43 Desaparecidos

Inicio la noche del 26 de septiembre de 2014

Pero la pregunta más grande, la pieza principal, sigue sin respuesta: ¿dónde están los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa?

La rueda de prensa concedida por Murillo Karam este miércoles en la tarde trajo algunos datos nuevos: en total son 30 los cuerpos hallados en nueve fosas comunes. Fue algo en lo que insistió el funcionario: nueve. Lo que significa que no reconocen las diez tumbas clandestinas supuestamente ubicadas por la policía comunitaria en la zona.

Sin embargo, el funcionario también dejó en el aire otra gran interrogante al confirmar que peritos argentinos están realizando una tercera prueba en los cuerpos hallados en las fosas clandestinas, para descartar de manera definitiva que se trate de los jóvenes

AUTORES INTELECTUALES

Lo primero que confirmó el Procurador General es que, efectivamente, los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes son el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quienes se encuentran prófugos.

Según el Procurador, ambos trabajaban directamente con el grupo Guerreros Unidos y la mujer era la "principal operadora" de la organización criminal en Iguala.

Abarca entregaba alrededor de tres millones de pesos mensuales a los Guerreros Unidos, de los cuales al menos 600.000 pesos se destinaban como pago adicional de la nómina de la policía municipal.

También informó (como habían adelantado los medios= que dos de los hermanos de María de los Ángeles Pineda trabajaban para el cartel de los Beltrán Leyva.

Un antecedente importante para entender lo que ocurrió es que en junio de 2013, María de los Ángeles Pineda Villa había sido "agredida" durante "un conflicto entre personas afines al alcalde y el grupo Unión Popular Emiliano Zapata", entre quienes había normalistas de Ayotzinapa.

ASÍ SUCEDIÓ

Ese viernes (sigue el relato del Procurador) a las 6 de la tarde, estudiantes de la normal "abordaron dos camiones en Ayotzinapa, los cuales los obtuvieron en Chilpancingo, y de ahí partieron con destino a Iguala".

A ese municipio llegaron hacia las 9 de la noche, donde "toman dos unidades adicionales. Hubo resistencia del chofer de una tercera unidad y resultó lesionado".

Al parecer una mujer también resultó herida cuando los estudiantes se apoderaron de los buses. A partir de ahí los eventos se aceleraron.

"Según testimonios, los "halcones" (informantes de Guerreros Unidos) y elementos de la policía de Iguala, reportan al Centro de Control de Iguala el arribo de estudiantes de Ayotzinapa y algunas otras personas", indicó el Procurador.

Lo que asumen tanto funcionarios como integrantes de los Guerreros Unidos es que los estudiantes se dirigían al centro de Iguala a sabotear la presentación del informe de gobierno que realizaba el alcalde acompañado de su esposa.

"En las declaraciones de los detenidos se precisa que, pensando que podría repetirse el escenario de conflicto que se vivió en junio de 2013, se les ordena reaccionar y pedir apoyo a la policía de Cocula. El encargado del centro de control de Iguala declara que la orden de enfrentar a las personas viene de parte del A-5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala".

Empieza, entonces, la persecución contra los estudiantes.

"Entre ambas policías bloquean la carretera y evitan el desplazamiento de los autobuses en los que se movían los estudiantes. En este primer incidente un policía municipal priva de la vida con arma de fuego a uno de los normalistas".

Algunos de los jóvenes logran escapar en un bus. Es en ese momento que, tanto los policías como los sicarios de los Guerreros Unidos, se confunden y atacan el autobús en el que se transportaban los integrantes del equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo.

Al menos dos personas mueren ahí: un futbolista y el conductor del bus.

"Minutos después detienen al camión que se había escapado y que transportaba estudiantes".

HACIA PUEBLO VIEJO

El procurador sigue con su recuento. Frase tras frase, con tono serio, casi académico, va desvelando lo que sucedió con los jóvenes, armando el terrible rompecabezas.

"El grupo de normalistas es ingresado a la Central de la policía de Iguala y tiempo después son sustraídos de esta dependencia por policías del municipio de Cocula, quienes actuaban en complicidad con los de Iguala".

Acá revela el nivel de penetración de la organización criminal no solo en Iguala, sin en la vecina Cocula: "Se tiene acreditado que el subjefe de la policía de Cocula, César Nava, estaba también a las órdenes de Guerreros Unidos".

"La policía de Cocula trasladó al grupo de detenidos a un paraje entre los límites de Iguala y Cocula y ahí son entregados al grupo de Guerreros Unidos en presencia de policías municipales de Iguala".

"En ese momento un grupo de personas en el que se presume estaban algunos estudiantes son subidos a una camioneta de redilas y toman un camino de terrecería que los lleva hacia la zona de Pueblo Viejo".

Pueblo Viejo está situado en zona rural de Iguala, a unos 20 minutos en vehículo de la población. Allí, en las estribaciones de una montaña, fue donde se encontraron las nueve fosas clandestinas con 30 cuerpos calcinados.

El domingo 29, los normalistas y las autoridades reconocieron que gran número de estudiantes fueron privados de su libertad ilegalmente.

Al principio se dijo que eran 55; un día después se puso en marcha un operativo con la participación de burócratas locales, efectivos del Ejército Mexicano y la Policía Federal.

Para el 29 de septiembre, las autoridades informaron que 12 de los jóvenes reportados como desaparecidos habían sido localizados en distintas partes y que la mayoría se escondió por temor a ser agredidos.

Dos días más tarde, el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, informó que José Luis Abarca Velázquez, alcalde de Iguala con licencia, y Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad de ese municipio, estaban prófugos.

Ambos fueron considerados responsables por omisión o acción de lo sucedido a los normalistas.

Ese día, el gobernador Ángel Aguirre Rivero ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien proporcionara datos que llevaran

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