ACUERDOS DE PAZ

ALGUNOS ACUERDOS DE PAZ QUE NO SE LES HA DADO CUMPLIMIENTO

La Policía Nacional Civil (PNC) tampoco se libra del ojo crítico de Naciones Unidas. Mientras el informe del 20 de diciembre reconoce positivamente algunos avances, a los que tanta difusión mediática les está dando su Dirección General, el anterior –el del 6 de septiembre– señala retrocesos. Obviamente, esa parte ha sido burdamente escondida. “En el último año –señala Annan– se han conseguido adelantos importantes en la organización interna y en obtener el respeto de la ciudadanía. Dos medidas encomiables son la creación de una división de derechos humanos y una dependencia estadística que recopila datos fiables”.

Pero tras lo anterior, el Secretario General de la ONU sostiene lo siguiente: “No obstante, la nueva ley orgánica para la PNC refleja cierto desgaste; por ejemplo, coloca a la Inspección General directamente bajo el control del Director de la PNC, sin concederle la autonomía necesaria. Otra medida negativa es que la ley permite que los agentes vivan en cuarteles de tipo militar, lo que contradice el carácter civil de la fuerza. Las enmiendas introducidas al código penal sirven para reducir el control judicial sobre la policía y concentrar el poder de la policía en manos de una pocas personas”.

Se estima que 200.000 personas fueron asesinadas durante la guerra civil de 36 años en Guatemala, la mayoría de ellas a manos de las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares.

Alrededor de un millón de personas fueron desplazadas internamente o huyeron del país. La guerra empezó a comienzos de la década de 1960 con una insurrección de fuerzas guerrilleras que luchaban por reformas económicas y políticas, después de un siglo y medio de regímenes autoritarios y la exclusión de la mayoría indígena de la riqueza y el poder en Guatemala. El régimen contestó a este levantamiento con una masiva contraofensiva militar. Los desplazamientos forzados culminaron a principios de la década de 1980, cuando las poblaciones indígenas en las regiones de El Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango y Alta Verapaz, vistas por el régimen como simpatizantes de la insurgencia, se convirtieron en blanco de operaciones militares de tierra arrasada.

En 1996, el gobierno y representantes del movimiento insurgente firmaron una serie de acuerdos de paz para terminar con el conflicto. Sin embargo, al año 2004 elementos clave de ese acuerdo, como el reasentamiento de los desplazados internos y el reparto de tierras, han sido sólo parcialmente cumplidos. En consecuencia, se estima que 250.000 personas que fueron desplazadas internas durante la guerra no han podido reintegrarse y regresar a sus hogares. A pesar de la falta de avances en la aplicación del acuerdo de paz y un deterioro significativo en la situación de los derechos humanos, la Comisión de las Naciones Unidas (MINUGUA) que tiene el mandato de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, terminará su trabajo a finales del 2004 dejando a los desplazados internos en el olvido. Aunque el conflicto en Guatemala ha disminuido, la falta de redistribución de la tierra, tal como fue acordada en los acuerdos de paz, ha contribuido a la aparición de conflictos en las comunidades y a la pobreza indígena; la reaparición de Patrullas de Defensa Civil paramilitares ha causado una mayor inquietud. Estos son algunos de los principales retos que el nuevo gobierno del presidente Berger tendrá que enfrentar, particularmente por medio de reformas legislativas y la asignación de recursos suficientes.

Diez años después de su firma, los avances en el cumplimiento de los Acuerdos han sido mínimos. A pesar de existir una institucionalidad dedicada a su cumplimiento, ni la situación de los pueblos indígenas, ni la situación de derechos humanos y de justicia, ni la situación socioeconómica de la gran mayoría de la población guatemalteca, han mejorado substancialmente.

Se considera la falta de voluntad política de parte de los sucesivos gobiernos y de las élites que dirigen el país como la principal responsable de esta situación.

Sin embargo, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz constituye un compromiso del Estado de Guatemala. Es por eso que se demanda enérgicamente que sean reasumidos de manera integral como agenda política prioritaria a ser impulsada por el Estado.

Para ello, y como parte del cumplimiento de uno de sus componentes, es indispensable una reforma fiscal que retome el acuerdo político del pacto fiscal y que dote al Estado de los recursos necesarios para poder cumplir sus obligaciones emanadas de los Acuerdos.

Se demanda al gobierno actual, así como a todos los candidatos a la Presidencia que se comprometan y asuman en sus agendas como prioridad número uno y punto de referencia el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

a) Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

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