ASPECTOS LEGALES VERSUS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

ASPECTOS LEGALES VERSUS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Lic. Segundo Reinerio García Labán, MBA*

Cuando en la administración pública existen actos administrativos sin resolver, se suele cuestionar a los responsables de su trámite, léase servidores públicos. Los administrados para reclamar utilizan como fundamentos de derecho, los plazos establecidos en los dispositivos legales. Si tomamos como referencia la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento General”, efectivamente en el Capítulo IV preceptúa con respecto a los Plazos y Términos, los que indudablemente deben cumplirse por mandato imperativo de la misma ley, sin embargo, estos, en la mayoría no se cumplen, debido a diversos factores, entre ellos, el desorden administrativo imperante, así como por la negligencia de algunos servidores.

Los cargos de confianza, entiéndase, directores regionales, es el Talón de Aquiles de la administración pública en general y, en nuestro ámbito, ellos son impuestos por la autoridad regional, sin realizar una adecuada selección como se hace en la administración privada, cuando se selecciona un gerente, responsable de dirigir una empresa. Similar actitud, de imposición, asumen las autoridades designadas, al elegir a sus funcionarios de confianza, ellos al igual que su jefe, por efectos de la ley de la semejanza, actúan con la misma displicencia; además, directores y funcionarios, muchas veces, entre otros, vulneran uno de los principios de la administración, como es el de Subordinación del interés particular al interés general, entiéndase éste, que en una empresa, el interés de un agente/grupo no debe prevalecer contra el interés de toda la organización. Aquí radica uno de los problemas, por no subordinar, se descuida la institución, razón por la cual, entre otros aspectos, no se administra el recurso humano, sabiendo que constituye un valioso “activo” para la empresa. Lamentablemente, al trabajador se le maltrata, como en los hechos siguientes: cubrir los cargos en puntos críticos, con personal, que no reúne el perfil para desempeñarse como tal, postergando a los idóneos; no darle la importancia debida a las comisiones encargadas de tramitar expedientes; en consecuencia, la repercusión es negativa, se traslada hacia los administrados; se incumple los plazos y términos, al no dar fin a los procedimientos dentro de los plazos establecidos, motivados en los hechos de: no firmar oportunamente los documentos de trámite interno; los documentos de respuesta, como: oficios, resoluciones, etc. Se incumple también los plazos, cuando no se responde pertinentemente las demandas judiciales y se les declara en rebeldía, esto con el agravante de contar con una logística deficiente, al no asignarles a los servidores los recursos materiales (computadoras, papel, tinta y cinta para impresoras, etc) necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Concluyo reflexionando, como lo legal se relaciona con lo administrativo, pues resulta obvio que cuando existe marcado desorden administrativo, resulta difícil cumplir con los plazos y términos estipulados. Conviene pues, seleccionar científicamente y técnicamente a los gerentes de las instituciones públicas, en los niveles establecidos en la estructura organizacional, a fin de que estos, garanticen una eficiente y eficaz gestión, pues en la administración pública no hay nada que inventar, por ser reglamentarista exige que lo resuelto en las normas legales se cumpla y se efectúe de manera transparente, eficiente y eficaz; solo así daremos cumplimiento a las normas estipuladas sobre el particular, demostrando, con ello, que hay una relación directa, entre los aspectos legales versus los aspectos administrativos, siendo así: ¿Quién debería asumir la responsabilidad? Lamentablemente la soga se rompe por el lado más débil.

* Docente Universitario - Funcionario Público”

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