Administracion agropecuaria

En el curso de los años recientes, se han hecho efectivos numerosos cambios por parte de los

gobiernos miembros del CLAD, no sólo en términos de las prácticas administrativas sino también en el

marco más amplio en el cual se desempeña la tarea de gobierno. La posición descrita en un documento

del CLAD en 1998 como “Una Nueva Gestión Pública para América Latina”, hace énfasis en los

resultados de las acciones gubernamentales y en el control que es ejercido sobre ellas, más que en el

control procedimental de los sistemas de actividad organizacional y de las tareas cotidianas que los

sustentan.

De hecho, han comenzado a ser transferidas aquellas funciones que pueden ser efectivamente

asumidas por los gobiernos subnacionales, y se han privatizado, ya sea directamente, ya sea a través de

la utilización de contratos con concesionarios, actividades en las cuales el Estado ha sido un productor

de bienes y servicios que pueden ser asumidas con seguridad y con beneficios por parte de iniciativas

empresariales de distinto tipo. En ambos casos, esto ha conducido a la creación de nuevos mecanismos

regulatorios, tanto para garantizar la coherencia de las orientaciones de las políticas públicas, como

para que, en casos en que los servicios privatizados se encuentren en condiciones de competencia

reducida -tales como las antiguas empresas públicas, materias primas esenciales y otros insumos

industriales-, ellos sean suministrados de acuerdo con las expectativas del público.

En otras áreas del suministro de servicios, incluyendo las de las agencias especializadas en las

cuales las actividades son vistas como clave en relación con la implementación de las políticas, o donde

no existen condiciones o voluntad política para la descentralización o la privatización, se ha visto

favorecida la realización de contratos de gestión que ofrecen mayor autonomía de operación a cambio

del respeto de estándares de servicio y de las metas estipuladas.

En algunos casos, estas unidades administrativas semiautónomas han sido transformadas en otros

tipos de organizaciones públicas no estatales. En campos tales como el social y el científico, donde

existen vigorosas organizaciones no gubernamentales y fundaciones sin fines de lucro independientes,

los argumentos han favorecido el desarrollo de arreglos de contratación externa.

En lo que concierne a aquellos aspectos de la actividad del Estado que son considerados como

esenciales para el mantenimiento de su identidad y sin los cuales no existiría una instancia nacional de

gobierno democrático y de soberanía nacional, se han planteado discusiones en torno a la necesidad de

un mayor profesionalismo en el seno del staff central de los funcionarios públicos y de desarrollo de

mecanismos gerenciales y prácticas basadas en el desempeño y orientadas hacia los resultados, con

respecto a las unidades operativas. Sin alterar los patrones de propiedad pública, conceptos tales como

la competencia administrada entre agencias públicas promueven posibilidades de generar nuevos

niveles en el desempeño del servicio.

Tal es la variedad potencial de los diferentes cambios y mejoras que están siendo intentados, que

no dejan lugar a dudas en cuanto a que no puede existir un único modelo de “anteproyecto” o de

“mejor práctica” que permita identificar instantáneamente la nueva gerencia pública. Asimismo, no

existe una escala imaginable en función de la cual los gobiernos puedan medir la transición entre

modelos. Las muy diferentes historias en lo cultural, lo institucional y lo político en la región

latinoamericana y del Caribe, las muy diferentes formas en las cuales puede

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