Amparo Economico
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Estudios Constitucionales, Año 5, Nº 2, 2007, pp. 99-119 99
El recurso de amparo económico y su práctica jurisprudencial
EL RECURSO DE AMPARO ECONÓMICO Y
SU PRÁCTICA JURISPRUDENCIAL
The action of economic protection and the courts
Enrique Navarro Beltrán1
Profesor de Derecho Constitucional,
Universidad de Chile y Universidad Finis Terrae
enavarro@canv.cl
Estudios Constitucionales, Año 5, N° 2, 2007, pp. 99-119, ISSN 0718-0195
Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca
“El recurso de amparo económico y su práctica jurisprudencial”
Enrique Navarro Beltrán
RESUMEN: El presente artículo analiza el recurso de amparo económico desarrollado
por la ley N° 18.971 del año 1990, que tiene por objeto garantizar jurisdiccionalmente
la libertad, como asimismo la evolución jurisprudencial de los tribunales superiores
de justicia sobre la materia.
ABSTRACT: This article discusses the action of economic protection introduced by
Act 18.971 of 1990, which seeks to establish a jurisdictional guarantee of freedom.
The evolution of higher courts’ decisions in this matter is also discussed.
PALABRAS CLAVE: Garantía jurisdiccional de la libertad económica. Recurso de
ampario económico.
KEY WORDS: Jurisdictional protection of economic freedom. Action of economic
protection
1 El autor es Ministro del Tribunal Constitucional de Chile. Artículo recibido el 4 de julio de 2007. Aprobado
el 29 de agosto de 2007.
Abreviaturas usadas: CE: Consejo de Estado / CENC: Comisión de Estudio de la Nueva Constitución /
CPR: Constitución Política de la República / FM: Fallos del Mes / GJ: Gaceta Jurídica / IP: Ius Publicum (U.
Santo Tomás) / JDP: Jornadas de Derecho Público / RCHD: Revista Chilena de Derecho (U. Católica) /
RD: Revista de Derecho (U. de Concepción) / RDJ: Revista de Derecho y Jurisprudencia / RDP: Revista
de Derecho Público (U. de Chile) / P: Política (Instituto de Ciencia Política, U. de Chile) / TD: Temas de
Derecho (U. Gabriela Mistral) / UFT: Revista de Derecho de la U. Finis Terrae (U. Finis Terrae).
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Enrique Navarro Beltrán
I. ANTECEDENTES
Dada la importancia que tiene el orden público económico y, particularmente, las
normas que se refieren a la libertad empresarial y al Estado Empresario, es que se
consideró conveniente reforzar este derecho con una garantía especial: el recurso de
amparo económico.
El artículo único de la ley Nº 18.971 (publicada en el Diario Oficial con fecha 10 de
marzo de 1990) que consagra el recurso de amparo económico señala textualmente:
“Cualquier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19 número 21 de la
Constitución Política de la República de Chile.
El autor no necesitará tener interés actual en los hechos denunciados.
La acción podrá intentarse dentro de seis meses contados desde que se hubiere
producido la infracción, sin más formalidad ni procedimiento que el establecido para
el recurso de amparo, ante la Corte de Apelaciones respectiva, que conocerá de ella
en primera instancia. Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la infracción
denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.
Contra la sentencia definitiva, procederá el recurso de apelación, que deberá interponerse
en el plazo de cinco días, para ante la Corte Suprema y que, en caso de no
serlo, deberá ser consultada. Este tribunal conocerá del negocio en una de sus Salas.
Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda base, el
actor será responsable de los perjuicios que hubiere causado”.
Según se dejó constancia en el mensaje del Presidente de la República, el propósito
de dicha acción fue “hacer efectiva la garantía constitucional de la libertad económica”.
Por otra parte, no debe olvidarse la circunstancia que el artículo único de la ley
Nº 18.971 formaba parte de un proyecto de ley que, entre otras materias, regulaba la
actividad y participación productiva del Estado y sus organismos;2 consignándose en
el aludido mensaje de la ley –lo que clarifica la evidente intención del legislador en
esta materia– que “la iniciativa tiene por finalidad determinar cuál es la dimensión
adecuada para el Estado productor. Por ello sus normas significan una definición, en
cuanto considera que una presencia empresarial pública gravitante hace difícil, si no
imposible, la consolidación de una sociedad libre, por el control creciente que otorga
a los funcionarios sobre las personas...”.3
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