Añoranzas Nazis

Añoranzas Nazis

Por Juan Manuel Viatela

Cauca Colombia – Especial para El País.

Como respuesta a las movilizaciones indígenas el Estado colombiano ha hecho uso extensivo de su aparato represor policial. Juan Pablo Matta candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador sostiene que los indígenas no tienen derecho a hacer sus legítimos reclamos y los compara con nazis que buscan la pureza de la raza y eliminar cualquier tipo de diferencia cultural.

Desde el año 2005 las organizaciones indígenas colombianas han utilizado las Mingas Indígenas -término cuyo significado ancestral describe el trabajo colectivo con fines de utilidad social- como estrategia de resistencia para exigir al gobierno nacional, entre otras cosas, que respete los pactos de devolución y desmilitarización de territorios sagrados, reconsidere el modelo económico neoliberal basado en el extractivismo y la firma sistemática de tratados de libre comercio, desmonte la lucha contra las drogas y respete la utilización ritual de la hoja de coca, diseñe y ponga en práctica una política pública de protección de los derechos humanos que cumpla con los tratados internacionales y evite la amenaza inminente de etnocidio.

La respuesta estatal frente a las Mingas ha sido, como en todos los casos de movilización de organizaciones populares, el uso sistemático del aparato de represión policial para atacar, herir e incluso destruir los alimentos de los manifestantes -dentro de los cuales, por supuesto, se incluyen mujeres y niños-. En el caso de la Minga del 2013 el resultado fue 138 manifestantes heridos -12 de gravedad y 3 por impacto de bala-.

Esta estrategia represiva del gobierno nacional para enfrentar la movilización indígena ha estado acompañada por la consolidación dentro de la opinión pública -gracias en parte al cubrimiento que hace de estas protestas la prensa nacional- de la idea que los pueblos tradicionales colombianos, por una parte, recurren a acciones ilegales e ilegítimas para reclamar sus derechos y deben ser castigados con todo el peso de la ley y, por otra, que el hecho de ser minorías no los exime de ser colombianos y, de esta manera, deben someterse a la legalidad reinante para el resto de la población -aunque en la Constitución Política y en los tratados internacionales se establezca un régimen garantista que discrimina positivamente a poblaciones que han sido violentadas durante siglos-.

De esta manera no es extraño encontrar columnas de opinión que consideren a los indígenas como unos derrochadores del erario público, una especie de forajidos que deben rendirse y someterse a la legalidad colombiana o bandas de apátridas que ponen su bienestar comunitario por encima del interés general (aquí pregunto ¿acaso buscar la protección de pueblos amenazados por un etnocidio inminente no entra en la definición de interés general?). Por ejemplo, María Isabel Rueda -una de las columnistas más leídas del país- haciendo referencia a la Minga de 2008, escribía en las páginas de El Tiempo que los nativos “se equivocan cuando creen que ser indígena otorga patente de corso para sustraerse de los

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