Banco De Mexico

Antecedentes Historicos

Se entiende por intermediación bancaria el proceso por el cual una empresa o varias se especializan en captar depósitos del público para proceder a prestarlos. Hasta 1864 no había habido en México banca según el concepto anterior, aunque si operaciones de crédito. Durante la Colonia el crédito fue concedido de preferencia por las órdenes religiosas o los consulados de comerciantes. Así, la banca en la historia de México se inicia en 1864, a partir del establecimiento en la Ciudad de México de la sucursal de un banco británico: The Bank of London, Mexico and South America, en el inglés original. En el Estado de Chihuahua y al amparo de concesiones expedidas por el Ejecutivo local, surgieron el Banco de Santa Eulalia en 1875 y poco tiempo después el Banco de Hidalgo. En la capital del país fue hasta el año de 1881 cuando bajo la presidencia de Manuel González, se funda el Banco Nacional Mexicano con capital del Banco Franco Egipcio con sede en Paris. En 1883 Eduardo L’Enfer obtiene concesión para el Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario y nuevamente en Chihuahua se establecen en ese año el Banco Minero, el Banco de Chihuahua y el Banco Mexicano de Chihuahua. Posteriormente, a partir de 1888 se establecen otros bancos, entre ellos dos de emisión en el estado de Yucatán y algunos más en la capital del país.

Todas esas instituciones se habían creado bajo contratos distintos. Así, lo anómalo de las concesiones bancarias que se habían otorgado no residió en su número ni en su frecuencia sino en la extrema diversidad en sus términos y cláusulas. Después de un intento fallido en 1890, en 1896 el entonces ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, José Ives Limantour inicia los trabajos para expedir una ley bancaria al amparo de la cual pudieran uniformarse los términos operativos y funcionales para los bancos que ya existían y para los que se establecieran en el futuro. Desde el punto de vista de la especialización para las instituciones, la Ley de Instituciones de Crédito que se promulgó en 1897 contempló tres modelos bancarios: bancos de emisión (bancos de

depósito y descuento con facultad para emitir billetes), bancos hipotecarios y bancos refaccionarios. En resumen, hasta poco antes de que estallara la Revolución en 1910 la estructura bancaria de México se encontraba integrada de la siguiente manera: había 24 bancos de emisión entre los cuales se contaban el Banco Nacional de México y el Banco de Londres que eran los únicos cuyos billetes podían circular en todo el territorio nacional. Los billetes del resto de los bancos de emisión sólo podían circular en la entidad federativa a la que estuvieran cada uno de ellos adscrito. Por último, al anterior grupo se sumaban dos bancos hipotecarios y cinco refaccionarios.

La revolución maderista fue fundamentalmente una revolución política. Desde el punto de vista bancario, la presidencia de Francisco I. Madero fue una mera continuación de la herencia recibida del porfiriato. Así, durante esa administración volvió a prevalecer un criterio favorable a la pluralidad de bancos emisores. El gobierno de Madero, a través de la Secretaría de Hacienda, intentó incluso aumentar el número de bancos de emisión con el objeto de ampliar la red bancaria del país. Este panorama cambió radicalmente a raíz de que el usurpador Victoriano Huerta derrocara a Madero y ese hecho fuera el detonante para el inicio de la llamada revolución constitucionalista.

El esfuerzo militar del régimen de Huerta contra los revolucionarios pronto colocó a sus finanzas en situación delicada. Por lo tanto, aparte de intentar conseguir algunos créditos en el extranjero, el régimen de Huerta impuso préstamos forzosos a los bancos locales. En ese orden, sobresalieron dos de ellos impuestos a todos los bancos: el primero en el año de 1913 por un saldo total de 18.2 millones de pesos y un segundo en 1914 por un poco más de 41 millones de pesos. En suma, de febrero de 1913 a abril de 1915 los bancos locales otorgaron créditos al gobierno del usurpador Huerta por un total de casi 64 millones de pesos, cantidad de la cual poco más de 59 millones correspondió a los dos préstamos generales arriba mencionados y el resto a operaciones que se pactaron con instituciones específicas.

Esa primera etapa de la Revolución que culminó a principios de 1915 fue particularmente dañina para los bancos. Los quebrantos que se resintieron provinieron de tres fuentes: de los saqueos sufridos por las instituciones durante la contienda, de los daños causados a los acreditados de los bancos y de los préstamos obligatorios ya mencionados. En consecuencia, para mediados de 1914 los billetes en circulación de los bancos más los depósitos a la vista contaban con una garantía en metálico de tan sólo 26.5 por ciento mientras que la ley exigía por lo menos 33 por ciento. Asimismo, una cartera de difícil cobro había aumentado en el transcurso de dos años en más de 54 por ciento.

En agosto de 1915, el gobierno encabezado por Venustiano Carranza intentó obligar a los bancos de emisión a colocarse dentro de los lineamientos de la Ley Bancaria de 1897 o forzarlos a que pasaran a liquidación. Más adelante, en septiembre de 1916 se modificó radicalmente dicho enfoque. El gobierno declaró ilegal la existencia de esas instituciones y decretó que deberían cubrir con metálico la totalidad de sus billetes en circulación y proceder a su liquidación. Por fin, en el otoño de 1917 sucede lo inevitable y en el gobierno de Venustiano Carranza recurre a la incautación y al crédito forzoso con los bancos, arrebatándoles la totalidad de sus reservas metálicas. El periodo de incautación continuó hasta el epílogo del carrancismo en 1920 sin que en ese lapso se pudiera consumar la liquidación de los bancos. Ya hacia el final, Venustiano Carranza pareció suavizar un tanto su posición y en septiembre de 1919 anunció que algunos de los bancos incautados podrían reanudar sus negocios en el futuro. Sin embargo, esta determinación se convertiría en letra muerta al tomar el poder político en México el grupo de los sonorenses en cuyas filas sobresalían las figuras de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles.

El periodo reconstructivo ;En el artículo 28 de la Constitución que se promulgó en 1917 quedó consignado que en México la facultad de emitir billetes estaba reservada en exclusiva para un Banco Único de Emisión que quedaría bajo el control del Gobierno. Así, al sustentarse las bases jurídicas para el establecimiento del Banco de México –que se fundaría hasta 1925— implícitamente quedó cancelada la posibilidad de que los bancos privados pudiesen continuar practicando la emisión. Consecuentemente, cualquiera que fuera el destino que se discurriera para los bancos de depósito y descuento que habían sobrevivido a la Revolución, éstos ya nunca más podrían poner billetes en circulación.

Respecto al futuro de esas instituciones, en 1921 la administración encabezada por el presidente Álvaro Obregón decretó que los antiguos bancos de emisión serían devueltos a sus propietarios y podrían reanudar sus actividades en breve. Así, de las 22 instituciones que habían sido incautadas durante el régimen encabezado por Venustiano Carranza, 16 reanudaron operaciones durante el periodo obregonista y tan sólo seis tuvieron que cerrar sus puertas por insuficiente solvencia.

Correspondió al régimen del presidente Plutarco Elías Calles (1924-1926) proseguir con la rehabilitación y el desarrollo bancario del país. Por un lado, después de realizar unos ahorros presupuestales notables para poder constituir el capital del Banco de México, la institución abrió sus puertas en 1925. Ya contando el país con el órgano llamado a fungir como núcleo del sistema bancario, en 1926 se promulgó una nueva ley de bancos en la que, de acuerdo con el esquema de especialización, se afinó la clasificación de las instituciones de crédito del país. Según ese ordenamiento, serían instituciones de crédito los bancos de depósito y descuento, hipotecarios, refaccionarios, de fideicomiso y de ahorro, los almacenes generales de depósito y las compañías de fianzas.

Fue fundado por decreto como sociedad anónima el 25 de agosto de 1925 bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, iniciando su operación como banco central el 1 de septiembre de ese mismo año. Su primer Director General fue Alberto Mascareñas Navarro y el primer Presidente del Consejo fue Manuel Gómez Morín. Por mandato constitucional, el Banco de México es una institución autónoma desde abril de 1994. Su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, dispone que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, por lo que no es una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal

El ejercicio de sus funciones y su administración está encomendada a la Junta de Gobierno integrada por cinco miembros: un gobernador y cuatro subgobernadores. Desde 2009, Agustín Guillermo Carstens Carstens funge como Gobernador. Los cuatro Subgobernadores son Manuel Sánchez González, José Julián Sidaoui Dib, Manuel Ramos Francia y Roberto del Cueto Legaspi.

El Banco de México es el banco central del Estado Mexicano. Por mandato constitucional, es autónomo en sus funciones y administración. Su finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional y su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar

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