Caso Delfina Pacheco

DELFINA RUEDA V. EL ESTADO DE MARSUPIA

A. El Estado de Marsupia

1. El Estado de Marsupia se ubica en la región suroccidental del continente americano y tiene un gobierno republicano y centralizado. Por su cercanía con la selva del Amazonas, cuenta con una importante variedad de recursos naturales. Cerca del 60% de la población marsupita se identifica como indígena “roboni” y el resto de la población es mestiza.

2. El Estado de Marsupia ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 25 de abril de 1984 y ese mismo día aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3. De conformidad con el artículo 1 de la Constitución del Estado, vigente desde 1980, “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

B. La denominada guerra “Naranja”

4. En el año de 1988 el partido rojo ganó las elecciones presidenciales del Estado de Marsupia. Su candidato, el General Abimael Serch Soria, inició un gobierno que fomentó la industrialización del país y la generación de empleos. En el año de 1994, el partido rojo logró que el Congreso aprobara una reforma constitucional autorizando la reelección indefinida del Presidente por períodos iguales a seis años, así como la regulación mediante decreto de actividades asociadas a la exploración y explotación de recursos naturales, cuestiones laborales, inversión y participación extranjera, así como la atribución de uso del Ejército en funciones de mantenimiento del orden público. Antes de la reforma de 1994, todos estos aspectos eran facultad exclusiva del poder legislativo.

5. En diciembre del año 2000 el General Abimael Serch Soria fue reelecto como Presidente y anunció una estrategia destinada a promover el desarrollo mediante la inversión extranjera. El 15 de diciembre de 2000 el gobierno emitió el Decreto Nº. 5508 que autorizó a extranjeros para participar e invertir en todo tipo de organizaciones o empresas hasta el 100% del capital social.

El decreto indicó que las empresas extranjeras podrían participar en materia de proyectos de industrias para la exploración y exploración de recursos naturales, siempre que presentaran un estudio de impacto ambiental ratificado por el Ministro de Recursos Naturales. Se aprobó también en esa fecha el Decreto Nº. 2508 que autorizó a empleadores extranjeros a otorgar contratos por corto plazo a los trabajadores, en los cuales no se disponía supervisión por parte del Estado sobre el cumplimiento de los beneficios de seguridad social.

6. Entre los años 2001 y 2004 varias empresas extranjeras comenzaron a implementar megaproyectos extractivos en el Estado de Marsupia. Ante la falta de seguridad jurídica y protección de la propiedad colectiva indígena, tales proyectos afectaron de forma desproporcionada a las comunidades robonis que habitaban ancestralmente los territorios que fueron otorgados a las empresas.

7. Cientos de indígenas robonis se desplazaron hacia la sierra norte del Estado de Marsupia, y algunos más fueron empleados por las empresas extranjeras mediante contratos a “corto plazo”.

La anterior situación generó una serie de movimientos indígenas y campesinos organizados que exigían la devolución de sus tierras. En particular, surgió el Movimiento Revolucionario MARCHE que convocó y realizó diversas protestas sociales exigiendo la expulsión de los extranjeros del país. Una de las principales demandas del MARCHE era la instalación de un gobierno organizado por las propias comunidades indígenas.

8. El incremento desmedido de megaproyectos y el impacto en las poblaciones indígenas favoreció un incremento en las filas del MARCHE y la realización de protestas en varios sitios del país. El gobierno del General Abimael Serch Soria adoptó una práctica de decretar estados de excepción y después autorizar la intervención del ejército con la finalidad de contener las protestas, lo cual generó varios enfrentamientos en los cuales existieron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. El caso más emblemático fue la protesta social ocurrida en el “Parque de la Concordia” el 10 de octubre de 2004 en el cual miembros del Ejército intervinieron para contener la protesta de miembros del MARCHE, con un saldo de cerca de 87 personas heridas y 37 indígenas robonis que perdieron la vida.

9. Entre el año de 2004 y mediados de 2005 miembros del MARCHE realizaron quemas de vehículos propiedad de las empresas extractivas en varias zonas del país. Se tuvo conocimiento además de asaltos armados y diversas agresiones, incluyendo asesinatos perpetrados en contra de inversionistas extranjeros que administraban las empresas, así como constantes enfrentamientos entre grupos armados del MARCHE con la policía y el Ejército.

10. En vista de la situación de inseguridad, las empresas extranjeras realizaron múltiples demandas al gobierno exigiendo protección perimetral en sus instalaciones. Así, con la justificación de brindar seguridad sin descuidar las tareas normales de seguridad ciudadana y defensa del Estado, el gobierno del General Abimael Serch Soria emitió el 10 de julio de 2005 el Decreto Nº. 2727, que autorizó a las empresas contratar servicios de seguridad privada. Al no existir límites para la participación de extranjeros en ningún tipo de empresas, se formaron empresas con mayoría o totalidad de capital extranjero que crearon instalaciones de entrenamiento de los cuerpos de seguridad privada. Las

empresas de protección contrataban en su mayoría a militares en situación de retiro con la finalidad de que entrenaran los nuevos cuerpos de seguridad.

11. Con el paso de los años, el vínculo existente entre los militares en retiro que participaban en las fuerzas de seguridad patrocinados por las empresas extranjeras y el Ejército favorecieron la práctica de estrategias conjuntas con la finalidad de reprimir las actuaciones del MARCHE.

Asimismo, atendiendo a la necesidad de contar con mayor seguridad, algunas zonas residenciales comenzaron a contratar a miembros de seguridad privada con la finalidad de protegerse de posibles ataques del MARCHE.

12. En vista del número de denuncias recibidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH o la Comisión) solicitó al Estado de Marsupia realizar una visita in loco en diciembre de 2010. Dicha visita fue autorizada por el gobierno del general Abimael Serch Soria.

En su visita, la Comisión

...