Conceptos

Habeas Corpus.

El hábeas corpus es una garantía fundamental de los derechos humanos que protege, específicamente, aquello que hace relación a la libertad ambulatoria, ya sea en forma preventiva o correccional. También protege contra la prisión debida pero que se ha agravado por su condición de llevarla a cabo en la cárcel, por ejemplo por exceso en presentar al detenido ante el juez, por torturas, traslados indebidos, etc.. Se discute si es una acción (que se desarrolla en juicio o proceso o procedimiento independiente) o un recurso. Como garantía específica de un derecho, en supuesto de silencio debe acudirse a la garantía general, esto es el amparo.

El concepto de Hábeas corpus identifica al derecho que posee todo ciudadano que se encuentra detenido y a la espera de comparecer de manera inmediata y pública ante un tribunal o una autoridad. Los jueces, al oír el testimonio del detenido, determinan si el arresto es legal o ilegal y, por lo tanto, pueden decretar que finalice.

Autor: Dr. Rubén Flores Dapkevicius.

Principio de Legalidad.

El Principio De Legalidad es un axioma de valoración de lo justo por una sociedad en virtud del cual no se puede aplicar una sanción si no esta escrita previamente en una ley cierta.

Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la voluntad de los individuos.

Un gobernante, de este modo, no puede actuar de manera contraria a lo establecido por la Constitución, que recopila las normas esenciales del Estado. De acuerdo al principio de legalidad, no alcanza con que el gobernante en cuestión haya sido elegido para ocupar su cargo por la votación popular ni que, al ganar una elección, haya sido investido como mandatario: todas sus medidas de gobierno deben ser sometidas a la ley.

Cuando un Estado respeta el principio de legalidad, puede ser calificado como un Estado de Derecho. El accionar estatal, en estos casos, encuentra su límite en la Constitución y no avasalla los derechos de ningún ciudadano.

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