CÓDIGO DE LA INFANCIA
renatoporlles1974 de Octubre de 2013
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PROGRAMA DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS SEGUROS
CÓDIGO DE LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA
LEY 1098 DE 2006
Bogotá, D. C., diciembre de 2006
Serie: DOCUMENTOS DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS SEGUROS
Documento No. 7
Bogotá, D. C., Diciembre de 2008
PROGRAMA DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS SEGUROS
POLICÍA DE VIGILANCIA
“PRIMERA AUTORIDAD RESPONDIENTE
EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO”
Cartilla N° 8
POLICÍA DE VIGILANCIA
“PRIMERA AUTORIDAD RESPONDIENTE EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO”
Policía Nacional, Primera edición Diciembre 2006, Segunda edición Diciembre 2008
Mayor General OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO
Director General
Brigadier General RAFAEL PARRA GARZÓN
Subdirector General
Brigadier General ORLANDO PÁEZ BARÓN
Director Seguridad Ciudadana
Brigadier General GUILLERMO ARANDA LEAL
Inspector General
Coronel ÉDGAR SÁNCHEZ MORALES
Jefe Oficina Planeación
Teniente Coronel GONZALO RICARDO LONDOÑO PORTELA
Coordinador Programa Departamentos y Municipios Seguros
Web: www.policia.gov.co
E-mail: programa.dms@policia.gov.co
Teléfonos: (1) 3159490 - 4280181 - 3159000 exts. 9775 - 9753 - 9509 Bogotá D. C..
Este documento hace parte integral de la Serie de Cartillas del Programa DMS y tiene como
objetivo principal suministrar a las autoridades político-administrativas y al personal de policía
de manera específica el Manual de Policía de Vigilancia “Primera autoridad respondiente en el
sistema penal acusatorio”
No lo olvide, todos los documentos de la serie de Cartillas del Programa DMS son documentos
de consulta permanente para las autoridades, que también se encuentran publicados en la
página web del Programa: www.policia.gov.co link Programa DMS.
Policía Nacional
NOTA DE AGRADECIMIENTO
El Fondo de Vigilancia y Seguridad, por intermedio del doctora CLAUDIA PATRICIA
OTÁLORA CANO, Directora titular de los derechos de autor del Manual, mediante
oficio SN del 29 de septiembre de 2008, dirigido a la Coordinación del Programa
Departamentos y Municipios Seguros en respuesta al oficio 280 DIPON-DMS del 11
de septiembre del presente año, autorizó la reproducción de los textos de la Cartilla
“Policía de Vigilancia, primera autoridad respondiente en el Sistema Penal Acusatorio”
en el marco de la Serie del Programa DMS.
Es por esto que el Programa Departamentos y Municipios Seguros expresa los
agradecimientos al Fondo de Vigilancia y Seguridad y a la actual administración distrital,
con la certeza de que la distribución de este material contribuirá de manera efectiva al
mejoramiento del desempeño de las autoridades político-administrativas y del personal
policial, lo que redundará en la generación de mejores condiciones de convivencia y
seguridad para los colombianos.
Policía Nacional
INTRODUCCIÓN
En el marco de la política de “Defensa y Seguridad Democrática
2002-2012”, el Programa Departamentos y Municipios Seguros – DMS desde marzo
del año 2004, ha trabajado para fortalecer la gobernabilidad local en materia de
convivencia y seguridad ciudadana, bajo el liderazgo de los Gobernadores y Alcaldes,
que con las demás autoridades locales de seguridad, policía y justicia deben asumir,
de manera coordinada, integral y preventiva, la gestión territorial de la convivencia y la
seguridad ciudadana.
El Programa DMS es liderado por la Dirección General de la Policía Nacional, en asocio
con el Ministerio del Interior y de Justicia, ha contado con el apoyo técnico y financiero
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID, la Oficina
de Asuntos Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos –NAS, así como de otras
agencias del Estado Colombiano, entre las que se destacan la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional.
El Programa fue concebido como una estrategia de trabajo que busca:
Lograr que las autoridades político-administrativas (Gobernadores, Alcaldes,
Diputados, Concejales, entre otros) el personal de la Policía Nacional, la Fiscalía
General de la Nación, las Fuerzas Militares, el DAS, entre otras, conozcan y den
cumplimiento a la normatividad vigente a nivel nacional para la gestión territorial
de la convivencia, la seguridad ciudadana y el orden público.
Promover que las autoridades político-administrativas y la ciudadanía, de manera
coordinada e interinstitucional, diseñen, ejecuten y hagan seguimiento a los Planes
integrales de convivencia y seguridad ciudadana.
Incluir en la agenda local de todos los departamentos y municipios del país los
temas relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana, de forma tal,
que sean objeto de política pública y se les asignen recursos que garanticen la
sostenibilidad de las acciones desarrolladas.
Colombia es uno de los pocos países en América Latina en donde claramente están
consignadas en la Constitución Política y en diferentes leyes y decretos reglamentarios
las funciones y competencias en materia de convivencia, seguridad ciudadana y orden
público, tanto de las autoridades político-administrativas y de Policía, así como de las
agencias del Estado que conforman la fuerza pública. Pese a lo anterior, las acciones
que se desarrollaban por parte de las autoridades en muchas jurisdicciones carecían
de una articulación clara y de un hilo conductor que permitiese que todos trabajaran
bajo los mismos parámetros de eficiencia, eficacia, sostenibilidad, y coordinación. No
funcionaban los Consejos de Seguridad como espacios de coordinación interinstitucional
y no se asignaban recursos para el fortalecimiento de las agencias encargadas de estos
temas, así como para desarrollar estrategias, programas y acciones en la materia.
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Policía Nacional
Por este motivo, se requería de una Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, que facilitara la articulación de los esfuerzos realizados por Gobernadores,
Alcaldes y las autoridades de seguridad y justicia, para atender las problemáticas de
violencia, delincuencia e inseguridad. Esta estrategia titulada “Programa Departamentos
y Municipios Seguros” –DMS, tiene como principios: la coordinación intra e
interinstitucional, la planeación de las acciones y programas, de forma tal, que desde
un inicio se establezcan las metas y los indicadores, que permitirán establecer el nivel
de impacto de las medidas implementadas.
Gracias al liderazgo de las autoridades político administrativas en la gestión territorial
de convivencia y seguridad ciudadana y al compromiso de los funcionarios que tienen
funciones y competencias en esta materia es posible dar cumplimiento a lo dispuesto
por la Constitución Política 1991, la Ley 62 de 1993, el Código Nacional de Policía,
las Leyes 418 de 1997, y sus posteriores modificaciones Ley 548 de 1999, 782 de
2002, 1106 de 2006, los Decretos 2615 de 1991 y 2170 de 2004, la Política de
Defensa y Seguridad Democrática 2002- 2012, el Plan de Desarrollo “Hacia un Estado
Comunitario 2006-2010” y el CONPES 3460 “Política de Consolidación de la Seguridad
Democrática: Fortalecimiento de las capacidades del sector defensa y seguridad”, así
como al Plan Estratégico de la Policía Nacional 2007-2010.
En este sentido, para hacer realidad lo antes descrito, el Programa cuenta con tres
líneas de trabajo, como se explica a continuación:
Capacitación, tiene como objetivo dar a conocer a todas las autoridades
relacionadas con el tema, las funciones y competencias que les otorga la ley para
dar respuesta a las demandas de los ciudadanos en relación con su derecho a la
seguridad.
Comunicación, tiene como finalidad generar flujos de información en relación
con la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana, de tal forma,
que las autoridades de todo el país conozcan las últimas disposiciones en la
materia, tengan la oportunidad de conocer experiencias exitosas y estén al tanto
las políticas de las entidades Nacionales sobre temas específicos.
Proyectos Especiales, se desarrolla en aquellos entes territoriales en los que se
presentan problemas de gobernabilidad y manejo del orden público, lo anterior
con el fin de prestar una asistencia técnica a las autoridades locales que les
permita asumir sus funciones y competencias de la mano con las autoridades
nacionales. Lo que a largo plazo garantiza el control total por parte Estado de todo
el territorio nacional, así como el monopolio de la fuerza y la justicia. Lo anterior,
es posible gracias a la consecución de una serie de alianzas estratégicas con
entidades nacionales y operadores de agencias de cooperación internacional con
las que se diseñan los procesos específicos de acompañamiento y se acuerda en
la medida de las posibilidades la inversión de recursos en áreas específicas.
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