Derecho .

Buena parte de los datos sobre población han sido sintetizados del Informe Nacional sobre Población y Desarrollo. A finales del siglo pasado y al inicio del presente, la población venezolana crecía a una tasa promedio baja del 1%, como resultado de las guerras civiles y de enfermedades endémicas como la malaria. A raiz del crecimiento económico derivado de la actividad petrolera y del desarrollo de politicas de saneamiento ambiental muy intensas, esa realidad cambió drásticamente, llegando a duplicarse en apenas veinte años, entre 1950 y 1970, y a triplicarse en treinta, entre 1950 y 1981, manteniendo una tasa interanual promedio del 3,5%. Posteriormente, el proceso de urbanización y un grado mayor de educación hicieron descender progresivamente esas tasas, ubicándose actualmente en 2,2%, para una población total de aproximadamente 22 millones de habitantes. Este comportamiento histórico está, desde luego, asociado a una disminución constante de las tasas de natalidad y mortalidad. La primera descendió desde un 47 por mil en 1950, a 32%o en 1981 y a 27% en 1995; en tanto que la segunda pasó de 13% al 5% y al 4,1% para los mismos años; todo lo cual condujo a que la esperanza de vida, que era de apenas 55 años, subiera a 65 y a 70 respectivamente. Dentro de estas cifras globales, la participación de la inmigración tanto legal como ilegal, ha sido importante, ubicándose entre el 6% y 10%, de acuerdo con diferentes estimaciones. En 1950, el 47% de la población era catalogada como urbana, proporción que actualmente está en el orden del 86%, concentrándose más del 35% de ella en la región centro norte costera del país, en apenas el 5% del territorio, lo cual si bien permitió generar economias de aglomeración y de escalas fundamentales para el desarrollo, posteriormente ha degenerado en deseconomias crecientes y en empobrecimiento de la calidad de vida, especialmente en el Area Metropolitana de Caracas. Durante las décadas transcurridas entre 1950 y 1990, la población venezolana alcanzó niveles crecientes de desarrollo que permitieron ubicarla dentro de los países en pleno desarrollo: un alto ingreso per cápita, una elevada cobertura de servicios, la casi total erradicación del analfabetismo y de enfermedades provocadas por falta de saneamiento ambiental y una alta estabilidad social y política. Sin embargo, ese desarrollo no acabó con dos problemas fundamentales: las grandes desigualdades espaciales y sociales en los niveles de producción y de calidad de vida. A partir de los ochenta, poderosas fuerzas económicas y sociales comenzaron a minar ese proceso: el agotamiento del modelo de desarrollo centrado en la sustitución de importaciones, el tamaño desmedido de la deuda pública nacional e internacional, la creciente ineficiencia del Estado interventor y clientelar, la pérdida de representatividad de los partidos políticos y la disminución del ingreso petrolero per cápita, el cual pasó de 1.500 dólares en los años 70 a sólo 300 en 1993. Hacia 1989, se añadió otra gran fuerza: la necesidad impostergable de incorporarse a los procesos de globalización propugnados por el Fondo Monetario Internacional, mediante políticas de especialización por ventajas competitivas, apertura a los capitales y a las importaciones, privatización, concentración en los equilibrios macro económicos y, sobre todo, adopción del paradigma según el cual es imprescindible crecer economicamente primero para distribuir socialmente después. Entre muchos otros, Barkin ha descrito los efectos de esta posición en los términos siguientes: La modernización está encajando comunidades auto suficientes en la economia global, sometiendo los productores tradicionales a nuevos cálculos de rentabilidad para los que no están preparados. Las comunidades rurales no pueden continuar subsistiendo simplemente mediante la producción de los bienes básicos requeridos originalmente para sobrevivir; pueden ser abastecidos

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