EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

El enjuiciamiento de las conductas consideradas como constitutivas de delito puede desarrollarse en diferentes tipos de procedimiento en función del carácter esencial de la pena establecida para el delito susceptible de enjuiciamiento.

Así, el procedimiento ordinario se consagra en los Libros II y III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los artículos 259 y 749, respectivamente. El procedimiento ordinario es aquel destinado a enjuiciar delitos castigados con una pena privativa de libertad superior a 9 años, y se configura como el procedimiento “tipo” con una aplicación muy restringida, no sólo por ser el previsto para los delitos caracterizados por su especial gravedad, sino porque sólo se podrá incoar un procedimiento ordinario ante los órganos colegiados, nunca ante los Juzgados de lo Penal o Centrales de lo Penal.

El seguimiento de este procedimiento puede acordarse directamente por el juez instructor ante la gravedad del hecho o como consecuencia de los resultados de las diligencias previas efectuadas con anterioridad.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal divide el procedimiento ordinario fundamentalmente en dos períodos: el sumario y el plenario, aunque doctrinalmente, se ha denominado otro período intermedio o de transición.

PERÍODO SUMARIAL

Las actividades que se desarrollan en este período tienen como objeto averiguar los hechos constitutivos y la identificación del presunto autor de los mismos con el fin de preparar el juicio oral. El período sumarial se abre mediante auto dictado por el juez de instrucción al llegar la noticia criminis. Esta resolución se denomina de apertura o incoación del sumario y está condicionada a la comprobación de la veracidad del hecho denunciado, o a la admisión de la querella por el juez. Una vez dictada se pondrá en conocimiento del Fiscal de la Audiencia y de su presidente formándose el sumario bajo la inspección del Fiscal.

El juez instructor practicará las diligencias propuestas por el fiscal que podrán estar destinadas para la búsqueda de fuentes de investigación, para la averiguación de los hechos o para la identificación del delincuente y sus circunstancias personales, entre otras. Cuando el juez instructor estime que está completo el sumario dictará auto de conclusión, remitiendo las actuaciones al tribunal competente para el enjuiciamiento de la causa. Esta resolución se notifica al Fiscal, a los acusadores, al procesado y a las demás partes contra quienes resulte responsabilidad civil, emplazándolas ante la Audiencia en el plazo de diez días.

PERÍODO INTERMEDIO

El período intermedio, también llamado de transición del sumario al juicio oral, comienza con la llegada de los autos al Tribunal una vez determinado concluso el sumario por el instructor. Este período comprende las actuaciones dirigidas a confirmar o revocar el auto de conclusión y la apertura del juicio oral o sobreseimiento de la causa. Recibidas las actuaciones se pasarán al Magistrado Ponente, y transcurrido el tiempo para el emplazamiento se trasladarán también a fiscal, a las demás partes acusadoras y a la defensa del procesado. Las partes manifestarán su acuerdo con el auto de terminación del sumario, en cuyo caso manifestarán lo que estimen sobre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa, o si entienden que han de practicarse otras diligencias.

Devueltas

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