El Derecho A La Alimentacion En Mex

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN MÉXICO

El derecho a la alimentación es un derecho fundamental. Lo es tanto porque satisface necesidades básicas de los seres vivos, en este caso los seres humanos, sin lo cual no podrían existir, como porque así lo reconocen diversos documentos jurídicos fundamentales de derecho internacional, algunos de ellos también integrantes del derecho mexicano.

Actualmente existe dentro del derecho mexicano la mención de este importante hecho, sin embargo para lograrlo pasaron muchos años, decenas de iniciativas sobre el derecho a la alimentación fueron presentadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero fue hasta el año 2003 que prosperó una propuesta, de la cual derivó la reforma aprobada el 29 de abril de 2011.

Dicha reforma es en sí dos reformas asociadas; una para explicitar el reconocimiento del derecho humano a la alimentación y la segunda para vincular su garantía a la producción de alimentos como producto de las actividades de desarrollo rural integral del país.

En el artículo 4 se adiciona que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará”. En el artículo 27 se adiciona que “El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca''.

Sin embargo, hay que preguntarse por qué, habiendo tanta legislación sobre la materia, los mexicanos no pueden reclamar su derecho a la alimentación y diversas organizaciones sociales siguen demandando el reconocimiento de este.

Aún falta en materia legislativa, que lo que ya está plasmado en la reforma al derecho alimentario se compagine con la construcción de una ley general del derecho a la alimentación y reformar otras para hacerlas congruentes a los derechos humanos, pero también será necesaria la aprobación de presupuestos etiquetados para producir comida sana y para que sea consumida por toda la población.

Mientras las leyes se queden solo plasmadas y no llevadas al ejercicio real no tendrán un impacto en la sociedad, por ello es necesaria la interacción no solo del Estado que regule las leyes, sino también de la sociedad que exija su correcta ejecución.

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