Derecho A La Alimentacion

Declaración final de la misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación

I. Introducción

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el señor Olivier De Schutter, llevó a cabo su misión oficial por invitación del Gobierno mexicano a México del 13 a 20 de junio de 2011. El Relator Especial quisiera expresar su agradecimiento por el alto nivel de cooperación del Gobierno, además de la destacable preparación previa de las autoridades. Además agradece la dedicación y el apoyo de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del H. Embajador Juan Manuel Gomez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

Durante su misión, el Relator Especial se reunió con una amplia variedad de autoridades, incluyendo a la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (STPS), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Salud (SALUD), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). El Relator también expresa su agradecimiento particular al Secretario de Reforma Agraria, el señor Abelardo Escobar Prieto; al Secretario de Trabajo y Previsión Social, al señor Javier Lozano; al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el señor Francisco Mayorga Castañeda, y a la señora Sofía French Lopez Barro, Coordinadora de Gabinetes y Proyectos Especiales de la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), con quienes el Relator pudo sostener intercambios extensos.

Asimismo, se reunió con Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión, presidido por el Senador Zoreda Novelo, además de encontrarse con presidentes de congresos estatales. Visitó a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), el cual brinda préstamos a los productores agrícolas. Finalmente, se reunió con las agencias de la ONU con presencia en México, con organizaciones de la sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas y expertos académicos.

La misión incluyó visitas a los estados de Chiapas y Jalisco. En Chiapas, el Relator Especial llevó a cabo reuniones en las Ciudades Rurales Sustentables de Nuevo Juan de Grijalva y Santiago el Pinar, y en San Cristóbal de las Casas. Se encontró con miembros del gobierno de Chiapas, además del Gobernador Juan Sabines Guerrero, y con una amplia representación de organizaciones de la sociedad civil de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En Jalisco, el Relator Especial se reunió con miembros del gobierno además de organizaciones de la sociedad civil de los estados de Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí. Asimismo, tuvo una reunión en el recién inaugurado Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG). También visitó el poblado de Temacapulín y el aledaño Centro de Población de Talicoyunque, lo cual implicó reuniones tanto con las comunidades afectadas por la construcción de la Presa El Zapotillo como con un representante de la Comisión Estatal del Agua.

II. La situación de la inseguridad alimentaria

México ha logrado avances significativos que han mejorado algunos indicadores claves para la realización del derecho a la alimentación, alcanzando el Objetivo del Milenio de reducir el promedio nacional de niños de menos de cinco años que están debajo del peso normal (del 14.2 por ciento en 1998 a 5 por ciento en 2006). Sin embargo, los avances no han sido iguales y el nivel de privación en el goce del derecho a la alimentación todavía resulta grave para una parte significativa de la población. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) calcula que 18.2 por ciento de la población mexicana (19.5 millones de personas) padeció “pobreza alimentaria”en 2008, un incremento en comparación del 13.8 por ciento (14.4 millones de personas) en 2006. La situación ha continuado sin cambios sustantivos desde 1992.

Estos promedios nacionales no revelan las disparidades significativas en el acceso a una alimentación adecuada entre las áreas urbanas y las rurales, además de las diferencias entre los estados del Norte, Sur y Centro de México. De las 18.1 millón personas que viven en los municipios con niveles de alta o muy alta marginación, 80.6 por ciento viven en áreas rurales.

También existen diferencias marcadas en relación a los indicadores del derecho a la alimentación entre la población indígena y no indígena. Ambos grupos han experimentado mejoras paulatinas en las tasas de la malnutrición infantil. Sin embargo, uno de casa tres (33.2 por ciento) niños indígenas de menos de cinco años sufrió de malnutrición en 2006, comparado con uno de cada diez (10.6 por ciento) de los niños no indígenas.

III. El Marco Legal y Político

México tiene la obligación legal de respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación adecuada de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados internacionales de derechos humanos. Reformas recientes de la Constitución demuestran el compromiso de México para fortalecer la protección del derecho a la alimentación. El 10 de junio de 2011, días antes de la misión, el Presidente de México promulgó una reforma constitucional que elevó a rango constitucional a las normas de derechos humanos contenidas en todos los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México. Además, una reforma para reconocer explícitamente el derecho a la alimentación está ahora cerca de culminarse.

México se ha unido al pequeño pero creciente grupo de Estados que están reconociendo el derecho a la alimentación en sus constituciones domésticas. Ahora es tiempo de hacer mejoras al marco legal con la adopción de una ley marco sobre el derecho a la alimentación, como se ha hecho en otros países de la región. Tales leyes marcos son recomendadas por el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por las Directrices Voluntarias. Dicha legislación debería de promover la adopción de una estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación. Una estrategia nacional presenta principalmente cuatro ventajas:

(i) Primero, mejora la coordinación entre las instancias gubernamentales relevantes y entre los diferentes niveles de gobierno. Hoy en día hay varias inconsistencias entre las políticas sectoriales implementadas en México. Por ejemplo, algunos de los programas que apoyan la producción agrícola benefician de una manera desproporcionada a los sectores más ricos en las partes más prósperas del país, aumentando la desigualdad en las áreas rurales, que por los mismos programas sociales tenían que atacar por su parte.

(ii) En segundo lugar, una estrategia nacional podría ayudar a identificar las complementariedades entre los distintos instrumentos que actualmente sirven para mejorar la seguridad alimentaria, a fin de lograr efectos multiplicadores. En particular, las medidas destinadas para apoyar a los productores de alimentos y las medidas destinadas a mejorar la accesibilidad de los consumidores a una alimentación adecuada deben apoyarse mutuamente, antes que ser diseñadas, unas y otras en forma aislada.

(iii) En tercer lugar, debido a su carácter plurianual, las estrategias nacionales pueden contribuir a resolver la tensión entre los objetivos a corto plazo, como la garantía de un suministro de bajo costo para la población urbana e incrementar la producción de alimentos, y los objetivos a largo plazo, como el aumento de los ingresos de pequeños agricultores y un desarrollo rural incluyente que utilice los recursos naturales de manera responsable.

(iv) En cuarto lugar, una estrategia nacional debe mejorar la rendición de cuentas, a través de una clara asignación de responsabilidades entre los distintos poderes del Estado, y mediante el establecimiento de plazos precisos para la adopción de medidas que garanticen la realización progresiva del derecho a la alimentación. Un organismo independiente, podría contribuir a la vigilancia en la aplicación de la estrategia mediante el uso de indicadores apropiados.

En el resto de su informe, basado en la evaluación de los desafíos que enfrenta el país, el Relator Especial identifica las problemáticas que tal estrategia nacional podría abordar en las cuatro dimensiones del derecho humano a una alimentación adecuada.

IV. Una estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación

1. La disponibilidad de alimentos: el apoyo a la producción agrícola

Entre 1991 y 1996, México implementó lo que podría llamarse una "segunda reforma agraria" con el fin de preparar a su sector agrícola a la liberalización de los mercados de la agricultura ligados a la firma del TLCAN. Los tres programas que forman la base de esta reforma siguen siendo la columna vertebral de las políticas agrícolas en México: el Programa de Apoyos a la Comercialización, un programa de subsidios basado en los resultados, cuyo principal instrumento es Ingreso Objetivo; el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), un programa de transferencia directa por hectárea desvinculadas de la producción y comercialización establecidas en el Decreto que regula el Programa de Apoyos Directos, Procampo, DOF (25 de julio de 1994); y la Alianza para el Campo, un conjunto de programas de apoyo a

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