Ensayo Opinion Fiscal

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GERENCIA PÚBLICA

DOCENTE: DR. JOSÉ COILA AGUILAR

ALUMNO : HÉCTOR GÁRATE ESQUIVEL

La posición del Fiscal Superior no es atendible por lo siguiente:

El inmueble que genera todo el proceso, falta determinar con precisión su titularidad, además ; primeramente, antes de aperturar todo el proceso administrativo, la entidad debió reclamar en la vía civil la titularidad del inmueble, sin embargo dada la situación, la posición del fiscal no es congruente, porque primeramente pide que se revoque la sentencia en un extremo, lo correcto debió ser que, la sentencia sea revocada en su totalidad, ya que primeramente se debe concluir totalmente el proceso sancionador, con todo ello debe subsistir todo lo actuado que finalmente ha generado la resolución; además el demandante ha construido sin la licencia correspondiente: pero avocándonos particularmente a la posición del fiscal, no resulta clara su posición, al parecer está calculando que parte de su opinión surtirá efectos, si será la parte que dice REVOCARSE, REFORMÁNDO O CONFIRMÁNDO, entonces podemos deducir que la posición del fiscal no es del todo firme, en vez de aclarar y precisar el panorama para la actividad judicial, más bien entorpece la actividad con su opinión confusa y contradictoria, careciendo de motivación firme.

El proceso contencioso administrativo, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Por su especial característica de tener al Estado como una de las partes procesales, se prevé la intervención del Ministerio Público como dictaminador antes de la expedición de la resolución final. En el proceso contencioso administrativo se encuentra en discusión la vulneración al derecho de los particulares, y el Ministerio Público cumplirá una labor fiscalizadora respecto de la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones estatales. En su rol como defensor de la legalidad, su actuación dentro del procedimiento contencioso administrativo tiene un rol garantista, ya que los resultados de la sentencia judicial, si bien son inter partes, se encuentran referidos a una situación que en estricto no sólo incumbe al demandante, sino a la colectividad, ya que las declaraciones de voluntad de los entes administrativos no se encuentran regidas por un acuerdo de los contratantes, sino que deben dictarse de acuerdo al ordenamiento jurídico que constituye un límite en su discrecionalidad, al cual está fundamentado en el Principio

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