Estabilidad Laboral

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

MISION SUCRE

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ALDEA UNIVERSITARIA “HERMINIO LEON COLMENARES”

PFG: ESTUDIOS JURIDICOS

BARINAS ESTADO BARINAS

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ADMINISTRATIVO

FACILITADOR:ABG. ALEJANDRO RIVAS

TRIUNFADORES:

Carrasquilla Angela, CI. 1.088.242.082

Guevara José, CIV- 12.204.535 Vargas Maria CIV. - 23.158.254

BARINAS, JUNIO DE 2012

El bipartidismo atenuado, resultado directo del mencionado Pacto, y que se acentuó a partir de las elecciones presidenciales de 1973 entre los socialdemócratas de AD y los socialcristianos del COPEI –institucionalizados y articulados de forma tal en aquel escenario político, como para mantenerse en todo momento prácticamente alejados de toda confrontación y polarización ideológica- generó, por ende, un compromiso de las cúpulas partidistas en la solución consensuada de los conflictos. Este período se caracterizó, además, por el presidencialismo, el caudillismo, y el personalismo; la malversación de los fondos públicos; el clientelismo político; la monopolización de la producción, concentrándose eminentemente en el petróleo; así como la constante represión y persecución de los movimientos obreros, campesinos y estudiantiles. La fórmula puntofijista provocó un entronizado elitismo (cogollocracia), que alejó cada vez más a las masas de la participación en la toma de decisiones, sentándose las bases para una partidocracia, cuyo único límite fue el consenso de las organizaciones implicadas en dicho pacto.

Durante su vigencia no se ejerció oposición real por el partido contrario ante la expectativa de ser bien tratado y, a sabiendas, de sus posibilidades de acceder al poder a corto o mediano plazo.

De este modo ocurrió una extrema monopolización de la vida política por los partidos, constriñéndose estos a la sociedad civil, al centrarse en interés políticos electorales, perdiendo su arraigo popular, su atractivo ideológico y su capacidad para satisfacer las necesidades sociales.

Es en este entorno donde se articularon, como factores reales de poder, los partidos políticos tradicionales, los grupos económicos y de presión, los medios de comunicación, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas e, incluso, las individualidades poderosas de la sociedad venezolana, que garantizaron que no serían afectados sus intereses por la regla de la mayoría en la formulación de políticas públicas.

Ante la situación de decadencia del viejo sistema se planteó, como alternativa política, la salida jurídica de la misma mediante una reforma general de la Constitución vigente, basada en la falta de salidas institucionales ante la crisis de representatividad de los partidos tradicionales. A esto se añadió el agotamiento del modelo rentista y el debilitamiento de los órganos estatales, todo lo que de conjunto erosionó con fuerza la legitimidad de las bases del sistema. Se estaba en presencia sin dudas, del último intento desde dentro del sistema de salvar las bases y pilares en los cuales se erigió durante casi treinta años, denotando cuanto este había sido capaz de devorarse como propuesta seria de construcción social. Sin embargo, el fracaso de dicho intento, marcado por el ascenso al poder de la alternativa presentada por Hugo Chávez, al pueblo, permitió que este accediera verdaderamente a un ejercicio de su poder soberano, convocando una Asamblea Nacional Constituyente, que por primera vez descansó en la legitimidad de la soberanía popular.

Con la aprobación y promulgación del nuevo texto constitucional, en diciembre de 1999, comenzaron a sentarse en Venezuela las bases de una democracia participativa y protagónica una democracia no excluyente ¨ sino ¨ incluyente¨, que permite el acceso al pueblo a la adopción de las decisiones políticas de la sociedad. El establecimiento de nuevos instrumentos que viabilizan al efecto tal posibilidad, y permiten al pueblo participar en la formación, ejecución y control de la gestión pública, como vía que garantiza el completo desarrollo individual y colectivo. Esto significa, sin dudas, el aporte más trascendental dentro del sistema político venezolano actual, dado por el nuevo texto constitucional.

El nuevo sistema político se erige, además, en los pilares del nacionalismo como expresión de la defensa de la soberanía frente a la globalización y la implementación de políticas neoliberales en nuestro continente-, en el rescate del ideario y el pensamiento de Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora y de Simón Rodríguez y en la constante búsqueda de una sociedad humanista , bolivariana, revolucionaria, en la cual el hombre es el eje central de transformación y desarrollo, con un sistema de gobierno que promueva los valores de igualdad, justicia, libertad, fraternidad, solidaridad y la garantía de los Derechos Humanos.

En esta nueva concepción se le reconoce al Estado un prioritario papel en el enfrentamiento de los males que aquejan a la sociedad venezolana mediante políticas públicas equitativas y con una inversión social adecuada. Este sistema político, económico y social coloca al hombre como centro de atención y de su razón de ser, posibilitando la satisfacción de las necesidades vitales para el pueblo, en correspondencia con sus capacidades y esfuerzos, y permitiéndole condiciones de vida dignas.

La política social del Estado debe tener como objetivo, entonces, la inclusión real y efectiva de toda la población, lo que significa que se deben diseñar políticas públicas encaminadas a potenciar el acceso a los bienes primarios y básicos como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social, entre otros.

Debe ser, como el aparato público, un ente rector, promotor y estimulador de relaciones de cooperación entre los diferentes factores sociales y económicos, en defensa de la gran mayoría, para impedir que estos sean tragados por las minorías.

Se plantea de este modo, un proyecto de país, marcado por importantes retos y compromisos con las esperanzas absolutas y fundadas en que el proceso revolucionario devolverá a la nación una próspera abundancia y bienestar individual y colectivo, dirigido a consolidar una verdadera igualdad, una razonable eficiencia de las instituciones públicas, la transparencia democrática de los poderes y las organizaciones políticas y sociales, así como la responsabilidad del Estado en la integración social y económica.

Organización político-territorial

El territorio venezolano se sub-divide en 23 estados federales, un distrito capital que comprende a la ciudad de caracas las dependencias federales conformadas por más 311 islas, islotes y cayos en su mayoría deshabitados, y los territorios federales. El estado venezolano reclama y considera adicionalmente a la Guayana esequiba como parte integral de la nación.

Los Estados son autónomos e iguales en lo político, organizando su administración y sus Poderes Públicos por medio de una Constitución Estadal, dictada por el Consejo Legislativo de acuerdo con las leyes de la Federación. Mantienen todo el poder no delegado explícitamente al gobierno nacional y municipal, según se lee en el Artículo 164 de la Constitución.

ESTADOS:

Los gobiernos estadales se encuentran divididos en dos Poderes. El Poder Legislativo de los Estados recae sobre el Consejo Legislativo unicameral, cuyos diputados son electos por voto popular, directo y secreto cada cuatro años, pudiendo ser reelegidos, bajo un sistema de representación proporcional de la población del estado y sus municipios, con un mínimo de 7 y máximo de 15. Los Estados pueden sancionar leyes sobre cuestiones regionales, pero las principales leyes civiles, comerciales, penales, laborales, de seguridad social y de minería son competencia de la Asamblea Nacional. El Poder Ejecutivo de los Estados lo ejerce un Gobernador acompañado de los Secretarios Estadales. El Gobernador también es electo por sufragio directo y secreto para un período de cuatro años y con posibilidad a una reelección inmediata, siendo el encargado de la administración estatal. Los Estados poseen otras instituciones como Contralorías Estadales y la Procuradurías. El Poder Judicial está representado por el Tribunal Supremo de la República, pero dividido en circuitos judiciales en cada Estado coordinados por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura Regional. El Poder Electoral está en cada Estado mediante los Oficinas Electorales dependientes del CNE.

MUNICIPIOS:

Los Estados federales se dividen a su vez en municipios autónomos, que son la primera unidad política de la organización nacional y gozan de personalidad jurídica plena. El Poder Público Municipal no difiere mucho del modelo estatal. El Poder Legislativo delega su potestad en un Concejo Municipal que es elegido para un período igual de cuatro años. El Poder Ejecutivo lo ejerce un Alcalde elegido por los ciudadanos cada cuatro años. El Poder Judicial se representa en la Sede Judicial Municipal, y el Poder Ciudadano existe en una Contraloría Municipal autónoma. Los municipios se subdividen en parroquias. Se contabilizan en total 335 municipios y 1065 parroquias en todo el territorio nacional.

DISTRITO CAPITAL:

Los Poderes de la Federación Venezolana residen en el Distrito Capital como territorio federal, el Gobierno de la entidad es

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