Eutanasia

Hace pocas semanas, el Caso Brittany Maynard ha puesto de nuevo sobre el tapete la discusión sobre si la eutanasia para pacientes con enfermedades terminales debería ser permitida. En general, la asistencia para el suicidio representa un dilema moral. Para buena parte de la población, nuestra vida le pertenece a Dios. Por lo tanto, la propia persona no puede disponer de su vida como si fuera una cosa. Aceptando esto, surge la pregunta: ¿El Estado debería involucrarse en el problema?

La fe o la moral cristiana no son, pues, los fundamentos de la prohibición de la eutanasia. ¿Cuál es, entonces, el fundamento? Desde un punto de vista más pragmático, el Estado, muchas veces, influye en decisiones que considera que los individuos realizamos en contra de nuestros propios intereses. Nuestro derecho a decidir está aparejado a nuestra habilidad para tomar decisiones racionales. En algunos casos –debido a deficiencias permanentes o temporales en nuestro razonamiento– somos incapaces para tomar dichas decisiones.

Si una persona está cerca de tomar la decisión de suicidarse, podemos presuponer válidamente que está en un estado mental distinto al ordinario, sujeto a un estrés particular que podría nublar su razonamiento. ¿Quisiéramos que estas personas tomaran dichas decisiones “en caliente” o que lo pensaran dos veces? Se cree que la mayoría estaría de acuerdo con que es más deseable que estas personas pudieran pensar más antes de decidir suicidarse.

Sin embargo, asumiendo también que el suicidio no asistido es una alternativa a la eutanasia, ¿cuál de las dos nos deja en una mejor posición para lograr que las personas piensen mejor su decisión? Sin duda, la eutanasia. Si opta por esta alternativa, la persona deberá consultar a un especialista antes de tomar una decisión sobre su vida. La prohibición de la eutanasia impide que algunas personas piensen mejor su decisión. Desde este punto de vista, prohibir la eutanasia, antes que jugar a favor de la racionalidad, juega en contra. Siendo que la falta de racionalidad es la razón para la intervención del Estado en primer lugar, el resultado en este caso es contradictorio.

Fuera de lo dicho, es difícil pensar en el suicidio como una decisión irracional en todos los casos. Las personas tenemos miedo a la muerte y consideración por nuestros seres queridos. Si una persona decide quitarse la vida, en muchos casos tendrá una buena razón para hacerlo.

En el caso específico de una persona con una enfermedad terminal –o su familia–, difícilmente podríamos pensar que esta decisión se tomará de manera irrazonada. Teniendo esto en cuenta, la regulación (en lugar de la prohibición) de la eutanasia –para que se realice en condiciones seguras y compatibles con su importancia– parece una alternativa más adecuada.

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