Gato

Comentario:

El artículo 60 C.R. afirma que: “Todos los hombres nacen iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley”. Según este artículo la igualdad implica que las partes del proceso dispongan de los mismos derechos, oportunidades y cargas en orden a defender sus respectivas posturas. La existencia misma de dos partes y su derecho a ser oídas perderían, en buena medida, su sentido si no gozasen de idénticas posibilidades procesales para sostener y fundamentar lo que cada una estime convenirle. Aunque el derecho de igualdad en la actuación procesal no sea instrumental al derecho de defensa, la infracción del primero generará también la del segundo, produciendo indefensión a la parte colocada en situación de desigualdad y dificultando que obtenga una tutela judicial efectiva

En el ámbito procesal civil hallamos numerosas manifestaciones de este principio, entre las que podemos destacar, la imposibilidad de realizar actos procesales fuera del tiempo legalmente determinado, la prohibición de modificar el objeto del proceso con posterioridad al escrito de contestación del demandado, el paralelismo respecto de las actividades probatorias de ambas partes litigantes, la previsión de impedir al demandado el escrito de súplica si el actor renuncia al de réplica, y, finalmente, las numerosas normas que regulan, por cada acto de alegación de hechos y exposición de argumentos jurídicos de una parte procesal, un actor paralelo de la parte procesal opuesta

Pero aún en el supuesto de que no existiese una declaración expresa en nuestra Constitución referente a la igualdad, habría que concluir que las partes deben de tener los mismos derechos, cargas, facultades o posibilidades; en efecto, la sentencia, como acto que pone fin al proceso, como acto esencial en la función jurisdiccional, no podría decirse que es un acto razonado que enjuicia un conflicto ínter subjetivo, intentando ofrecer la eficacia, certeza y seguridad jurídicas,

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