Globalizacion

Durante la década de los años 90s la mayoría de los países latinoamericanos llevaron a cabo reformas en la legislación, la estructura, los contenidos, el modelo de financiamiento, gestión y administración de sus sistemas educativos pero no tuvieron suficiente y adecuadamente en cuenta el factor humano. En efecto, poco es lo que se ha hecho en materia de formación inicial y permanente, condiciones de trabajo y remuneración de los docentes latinoamericanos. Si lo que se quiere realmente es modificar el modo de hacer las cosas en el aula para mejorar la calidad de los aprendizajes efectivamente desarrollados por los niños en los próximos años las políticas educativas deberán poner en el centro de la agenda la cuestión de la profesionalización de los docentes, desde una perspectiva integral.

Según Guillermina Tiramonti, en su artículo “Los imperativos de las políticas educativas de los ‘90”, los sistemas educativos de América Latina se encuentran sobredeterminados por un contexto de globalización, desintegración y reconversión del lugar social del Estado.

La globalización contiene una fuerte amenaza de exclusión para los países no avanzados; la imposibilidad de intervenir en la configuración del orden mundial, inició un proceso de modernización y reestructuración de la economía en una búsqueda de incorporación al intercambio mundial de bienes y servicios.

Por otra parte, la globalización ha generado una pérdida de autonomía de los Estados nacionales, que deben ceder su capacidad decisoria a una red internacional de instituciones, que construyen las líneas políticas a las que deben adaptarse los países de la región. A esto se suma la deslegitimación de la política como organizadora del orden societal.

Además, la globalización ha acentuado las desigualdades manifestadas en procesos de desintegración, especialmente con la emergencia de un grupo creciente de expulsados del mundo del trabajo y el consecuente fenómeno de desafiliación social.

Por lo tanto, los sistemas educativos están tensionados entre el imperativo de la inserción, la reconstitución de los dispositivos regulatorios del Estado y la demanda por la integración societal. De este modo, es necesario tener en cuenta la influencia de los imperativos en las políticas educativas.

Imperativo de la inserción

La amenaza de exclusión hizo necesario el desarrollo de estrategias que proporcionen condiciones de mayor competitividad. En el campo educativo, se produjo un doble movimiento de concentración de los esfuerzos públicos a favor de la producción de una determinada calidad educativa.

En primer lugar, la calidad se constituyó como objetivo prioritario, poniendo en un lugar secundario a las políticas destinadas a satisfacer las demandas de incorporación. La calidad se remite a la formación de individuos en competencias definidas por los requerimientos del mercado de empleo. Pero la apelación a favor de una educación de calidad encontró a los países en situaciones muy dispares en el campo de la inclusión.

Hasta los años ’80 la expansión matricular constituyó un proceso de inclusión que sin embargo generó un deterioro de la calidad educativa, ya que se llevó a cabo sin una inversión en innovaciones pedagógicas y organizativas, y con el deterioro de los salarios y condiciones de trabajo docentes. En los años ’90, se trató de pasar de políticas centradas en el principio de equidad o igualdad de oportunidades a un conjunto de acciones que se justifican por las exigencias de la inserción.

Con ello se resemantizó el concepto de calidad, incluyendo elementos de excelencia, distinción y construcción de ventajas comparativas, para formar recursos humanos con la calificación necesaria para operar articulando el escenario globalizado a las organizaciones empresariales y las burocracias estatales, y dar a su vez una formación de base que responda a las exigencias del mercado laboral.

Por lo tanto, ante las exigencias de la competitividad, se privilegiaron acciones de impacto más inmediato en la conformación del círculo de elite, y se abandonaron políticas a largo plazo, necesarias para el mejoramiento de la calidad en el conjunto del sistema.

Imperativo de la regulación

El desplazamiento del Estado y la retracción de la sociedad salarial ponen en crisis toda la estructura de control y regulación societal. Esta problemática subyace en las reformas educativas, en las que se expresa la necesidad de recomponer los dispositivos de regulación y control.

En el caso de la regulación societal los valores del mercado, competitividad, productividad y eficiencia, en la misma medida que establecen todas las relaciones sociales, articulan también la propuesta educativa y las relaciones entre Estado e instituciones educativas.

El nuevo paradigma educativo se organiza en torno de este principio de competitividad que prescribe para el Estado una acción destinada a introducir una lógica de cálculo racional-instrumental en la organización del sistema. Estos valores pautan la acción cotidiana de la escuela y los procesos de socialización por medio de los cuales se moldean subjetividades propensas a aceptar las normas del mercado.

En un contexto de rediseño del papel del Estado, también se produce una modificación del aparato administrativo y de gestión estatal. El nuevo paradigma de gestión se propone reestructurar el sistema sobre la base de la descentralización financiera y administrativa, buscando la autonomía de las instituciones escolares y la correspondiente responsabilidad de las mismas por los resultados educativos.

Pero la auto-organización implica la construcción de una relación dependiente con el medio del que se extraen los recursos para el desarrollo e las actividades, por lo que la forma en que la institución se articule con el medio y las características del mismo generarán organizaciones diferentes

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