Historia De La Contabilidad Colombiana

HISTORIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Hablar de la historia de una entidad como la Contaduría General de la Nación, es referirnos a una continua búsqueda que, desde el momento mismo de nuestra independencia y hasta hoy, ha desarrollado la Administración Publica intentando consolidar en un organismo, toda aquella información que de forma exacta refleje el estado de las finanzas publicas y permita un análisis detallado de manejo de recursos públicos.

Al reseñar su historia no podemos dejar de lado sus antecedentes, que son inspiradores directos de su existencia y constituyen el fiel reflejo de buena parte de nuestro devenir Nacional.

De lo anterior y con la intención de retomar cronológicamente los orígenes mismos de la Contabilidad Publica en Colombia y de la Contaduría General de la Nación, hemos dividido nuestro análisis en cuatro periodos, delimitando cada uno de ellos, en los que, consideramos aspectos fundamentales en la génesis del organismo.

El inicio de la primera etapa se da con nuestra emancipación del dominio Español y se prolonga hasta el primer cuarto del presente siglo (1922).

En 1819, poco después de declarada la independencia, Simón Bolívar inició otra campaña, no menos ardua que las recientes batallas militares, tendiente a la consolidación de un territorio libre del dominio colonizador, intentando dotar a la naciente República de un aparato jurídico y político garante de su supervivencia. Al interior del Gobierno, emergieron un conjunto de Secretarías del Despacho, orientadas a contribuir con la administración, cada una de ellas en un campo especifico del gobierno central. La Secretaría de Hacienda, tuvo a cargo controlar y dirigir la recaudación de impuestos, y manejar el gasto público.

Se buscó materializar desde aquel momento un conjunto de iniciativas que dieran forma institucional a las proclamas promovidas durante esos años por el pensamiento literario de las elites criollas, cuya simiente había sido la racionalidad triunfante en Europa. De esta manera se buscó incorporar al país en la misma línea del pensamiento, una organización política y económica de occidente.

2 Para lograr tales propósitos se implementó la configuración de un conjunto de instituciones reguladoras de la actividad publica, a las que también se les asignó la función de lograr la identificación de las diferencias regiones constitutivas del país con un proyecto de carácter nacional, a fin de generar identidad y homogeneidad dentro de la organización y la gestión. Esas iniciativas quedaron plasmadas en la primera Constitución Política que, con un marcado acento liberal, rigió los destinados en estos territorios desde 1821.

Del querer de los constituyentes que discutieron y emanaron la Carta, en la Gran

Colombia se asumió una concepción del poder publico que siguió los lineamientos del sistema que Francia había implementado luego de su revolución a finales del siglo anterior según el cual, para el desempeño publico debían existir organismos específicos orientados por funciones determinadas. Así surgieron las tres ramas del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial.

Con el fin de complementar esta obra de organización al interior del gobierno, se creó un conjunto de Secretarias del Despacho, las que se les asignaron tareas orientadas a contribuir con la administración, actuando cada una en un campo específico del gobierno central. De esta forma adquirieron vida las Secretarias de Relaciones Exteriores, Interior, Guerra, Marina y Hacienda, que se repartieron los asuntos atinentes a cada una de sus especialidades. En cuanto a la Secretaria de Hacienda, “se le asignó el control y la dirección de la recaudación de impuestos así como el manejo del gasto público”.

(González: 1986)

El nacimiento de las Secretarias se dio con la propia constitución y permanencia casi inmutables durante buena parte del siglo.

El proyecto de otorgar una racionalidad moderna a la administración pública, pretendía remediar los problemas administrativos y de gestión en un régimen recién establecido en un país que apenas salía de un período de guerra:

“La ganadería y la agricultura particular habían sufrido grandes pérdidas. La burocracia estaba desorganizada y durante meses no recibía salarios. El ejercito y la marina estaban mal equipados y sin pagar; el sistema educativo prácticamente no existía; el nuevo estado carecía de experiencia en el manejo de su política exterior” (Jaramillo:

1978)

El campo de las finanzas públicas tampoco estaba exento de estos rezagos y desde diversas posiciones, se manifestaban inquietudes respecto al caos que reinaba en las políticas y procedimientos que para signar gastos y captar rentas se tenía en el país. En general, “la nación carecía de las rentas necesarias y el recaudo de las existencias era defiende” (Ibíd.).En conjunto todos los anteriores sucesos hicieron que la Secretaria de Hacienda adquiriera particular importancia, pues en ella se depositó el control y la recaudación de Impuestos así como asignación del gasto público. De otro lado, la propia administración pública estaba aquejada por viejos vicios que la independencia no había podido erradicar, como la falta de honradez de algunos funcionarios públicos que manejaban el recaudo de rentas y la administración de los gastos; ello obligó al propio libertador a decretar la pena de muerte, a fin de controlar el flagelo de la malversación del patrimonio público.

De otro parte en cuanto al tema del registro de las operaciones relacionadas con las finanzas públicas, también se ensayaron diferentes estrategias; en efecto, al repasar con detenimiento el periodo que nos ocupa, encontramos que durante su transcurso rigieron por lo menos treinta normativas relacionadas de alguna manera con el ámbito contable.

Este cúmulo de disposiciones se inició con la Ley del 8 de octubre de 1821 que disponía el funcionamiento de la Contaduría General de Hacienda y finalizó con la Ley 36 de 1918 que reordenó la composición de la Corte de Cuentas y reglamentó el fenecimiento de las mismas (Lascarro, 1965).

Dichas disposiciones se refirieron en términos generales, a la necesidad de establecer sistemas contables únicos y procedimientos homogéneos, asumidos por la totalidad de los entes que conformaban el sector público, todo ello ubicado siempre bajo los parámetros de un organismo rector (Corte de Cuentas, Contaduría General…) que les diera cuerpo y las ejecutara. El testimonio de Ramón M. Arjona en 1849 resumiría muy bien lo acontecido en todo este período:

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