INGENIERIA INDUSTRIAL

Presentación del Informe Final de la CVR ante el pueblo de Ayacucho y ante toda la Nación

Queremos, pues, rendir cuentas ante ustedes, y para hacerlos, nos toca decir, antes que nada, que no nos hemos erigido en jueces ni en fiscales. Solamente pretendemos ser eco de la sensibilidad moral de miles de peruanos asombrados e indignados por las grandes injusticias sufridas en nuestro país durante veinte años. Al mismo tiempo, admitimos, como lo hemos hecho ya antes, que no venimos libres de deudas, de culpas propias, individuales, de las que somos conscientes.

Conclusiones

1. Son cerca de 70 mil los peruanos y peruanas muertos o desaparecidos en esos años. Buena parte de ellos han estado ausentes de la memoria nacional, han sido peruanos olvidados, hechos a un lado por el Estado y la sociedad oficial, personas a las que hoy también – incluso fallecidas - se quiere hacer de lado exigiéndoles como prueba de su paso por el mundo y de su muerte, una documentación oficial que probablemente nunca tuvieron. Será necesario, entonces, frente a ese escepticismo, iniciar prontamente el penoso trabajo por el cual se pueda extraer de más de dos mil doscientos sitios de entierros debidamente verificados los restos de esos compatriotas que esperan digna sepultura.

2. La Comisión ha encontrado en esa violencia un segundo motivo de escándalo y de indignación: la manera en que la desigualdad acompaña la existencia de los peruanos no solamente en la vida, sino también en la muerte. El 75 por ciento de las víctimas fatales tenían como idioma materno el quechua. La gran mayoría de ellos eran campesinos, habitantes de las comunidades de este departamento, así como de Apurímac y Huancavelica. Es sobre esa población que la violencia se abatió con la mayor intensidad, y eso nos llama también a preguntarnos, con dolor, con consternación, si no habrá sido esa la razón por la que los gobiernos permitieron que la violencia alcanzara cotas tan elevadas.

3. La Comisión ha encontrado, asimismo, que la violencia de las organizaciones subversivas, así como la de las fuerzas del Estado, se ejerció durante largos años sin hacer diferencias entre inocentes o culpables, ni siquiera entre evidentes inocentes y posibles culpables. Niños y ancianos, mujeres embarazadas o adolescentes, población desarmada, todos fueron blanco de la misma barbarie que, si bien de origen distinto – la agresión de Sendero Luminoso en un caso; la necesaria respuesta del Estado, en el otro – se unieron muchas veces precisamente en esa cualidad: la de ser actos bárbaros ejecutados contra seres humanos indefensos; la de ser crímenes de lesa humanidad que la Comisión, como todos los peruanos de buena fe, condena en los términos más enérgicos.

4. Esta violencia tiene responsables muy concretos, y así es señalado en el informe final que la Comisión entrega a la Nación:

5. El primero y principal culpable, desde todo punto de vista, es la organización terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. Lo es porque fue quien desencadenó la violencia, precisamente cuando los peruanos recuperábamos la democracia; lo fue porque quiso imponernos mediante la práctica del terrorismo un modelo de organización social supuestamente superior, cuando los peruanos veníamos transformando nuestra sociedad, haciéndola más humana, más plural, más equitativa, en un proceso lento, es cierto, pero fundamentalmente pacífico y participativo.

6. La Comisión ha encontrado en los militantes del autodenominado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, y de manera principal en sus jefes ideológicos y políticos, su Comité Central y sus principales órganos de conducción, responsabilidad por graves y numerosos crímenes de lesa humanidad, practicados con una crueldad inaudita en la historia de nuestro país. Sería ocioso, seguramente, pretender explicar a ustedes, compatriotas de Ayacucho, la magnitud y crueldad de esos crímenes que ustedes conocen mejor que el resto de peruanos: el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, las prácticas de torturas para castigar y aterrorizar a la población, los aniquilamientos selectivos y las masacres de comunidades campesinas, el abuso sexual contra las mujeres, esa suerte de deleite que parecían sentir en ocasionar sufrimiento a sus víctimas. La Comisión ha encontrado que la dirección política y militar del PCP-SL es responsable de violaciones de los derechos humanos practicadas de manera sistemática y generalizada como parte de su estrategia de poder.

7. ¿Cómo explicar la degradación de una agrupación de seres humanos hasta ese nivel de crueldad? Será imposible, de seguro, ofrecer una respuesta completa. Pero la Comisión considera que los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo ayacuchano, contra los pueblos de los andes peruanos, contra el Perú en general, no hubieran sido posible sin la voluntad obstinada de un grupo de personas, aferrados a una ideología totalitaria que despreciaba el valor de la vida humana y que se expresaba en un culto delirante a su líder, Abimael Guzmán Reinoso, ese líder que pedía a sus militantes pagar una cuota de sangre por la revolución, que los inducía al sacrificio de sus vidas para provocar al Estado, que les exigía llevar la vida en la punta de los dedos. Ese líder, en suma, que nunca abandonó la tranquilidad de sus refugios urbanos y que apenas sintió en peligro su vida no vaciló en abandonar todas las consignas guerreras con las que había empujado a la muerte a sus jóvenes militantes y propuso un inverosímil acuerdo de paz.

8. Para la Comisión, por la magnitud de sus crímenes, y por su naturaleza criminal, por su práctica recurrente del terrorismo, el Partido Comunista del Perú no puede tener un lugar en la sociedad democrática que queremos construir.

9 En escala menor, pero no por ello menos grave, el llamado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) también incurrió en crímenes de lesa humanidad que condenamos enérgicamente, como asesinatos selectivos y secuestros, y sobre todo contribuyó a mantener un clima de zozobra que, a su vez, agravaba la situación de violencia en el país.

10. La Comisión considera, asimismo, que el Estado y la sociedad peruanos tenían no solamente el derecho sino también la obligación de responder en los términos más enérgicos a la agresión que sufrían

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