Intendente

Esto se obtendrá a través de la formulación de políticas públicas de desarrollo en la región, considerando los proyectos y planificaciones para el desarrollo comunal y de regiones, donde ellos podrán administrar un presupuesto económico, buscando descongestionar una serie de funciones del Gobierno central.

Actualmente el Intendente Regional, el cuales es designado por el Presidente de la República y es un puesto de confianza del Gobierno establecido. Gobierna de acuerdo a las orientaciones que impone el Presidente, más el presupuesto que le es asignado por el Gobierno.

Los nuevos Gobernadores Regionales, que aparecerán recién en el año 2020,  serán elegidos por medio del sufragio, entre candidatos que demuestren haber vivido a lo menos 2 años en la región, es decir, esta nueva figura no está ligada directamente con el Gobierno central, si no que a las necesidades de los ciudadanos que residen en la región, logrando mayor autonomía en la toma de decisiones.

Se estima que lo anterior apoyara firmemente la descentralización del Gobierno y aumentaría el potencial regional mediante la creación de políticas, planes, programas de desarrollo social, cultural y económico.

Sin embargo, en el mismo proyecto de ley se crea la figura del delegado regional, reemplazando a los actuales intendentes, quien será designado por el Presidente de la Republica, para que lo represente y lo mantenga informado directamente de que se sigan las políticas de estado.

Todo esto busca agilizar en los aspectos de asignación y administración de recursos y tramitación de políticas regionales, además de dar más atribuciones políticas y administrativas al nuevo puesto creado.

Esa posible autonomía deberá ser legalizada y fundamentalmente debe definirse como se hará la distribución de presupuesto  nacional en cada una de las 16 regiones.

2.-El concepto  de “Supremacía Constitucional”, significa que el Estado debe establecer sus normas, leyes y políticas, en consecuencia con la superioridad jerárquica que posee la Constitución Política de la Republica (C.P.R.), sin que existan vicios de inconstitucional y vulneración a los Derechos Humanos.

Según lo anterior, todo parlamentarios tienen el derecho de requerir al Tribunal Constitucional durante cualquier momento de la tramitación de un proyecto de ley, se pronuncie al respecto, objeto poder velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos, a su vez asegura que cualquier normativa que se dicte,  se enmarque dentro de los límites Constitucionales

Durante el estudio de la nueva Ley de aborto en tres causales, el Congreso presento un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, estimando que este proyecto de Ley era inconstitucional porque se contradice con lo estipulado en la C.P.R. en su capítulo III Artículo 19 donde dice: “Se protege el derecho a la vida del que está por nacer”.

Ya sabemos que el Tribunal Constitucional evaluó y rechazo el requerimiento de inconstitucionalidad y por lo tanto, esta ley es compatible con la Constitución Chilena. A la fecha, la Ley  21.030 esta aprobada y regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que son: 

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