Juez de control
Enviado por g1z3l • 11 de Septiembre de 2014 • Informes • 312 Palabras (2 Páginas) • 308 Visitas
JUEZ DE CONTROL
La existencia del juez de control tiene su justificación, desde una perspectiva doctrinaria, en la necesidad de superar necesidades específicas que tienen que ver más con el desarrollo práctico del sistema de justicia penal garantista, que con la esencia misma de la figura del juez en materia penal es por ello que tendrá especial relevancia la existencia de dicha figura judicial en un país, como el nuestro, donde son especialmente graves y frecuentes las acciones que vulneran los derechos de las partes (sobre todo del acusado y de la víctima).
Principales actos que en la práctica judicial les corresponde resolver a los jueces de control
En principio debe dejarse en claro que la función principal del juez materia de este estudio es controlar la legalidad de la investigación que desarrolla el Ministerio Público, respecto a dos cuestiones básicas: de aquellas actuaciones que impliquen la afectación de derechos fundamentales del imputado o de terceros (por ejemplo la víctima), como en la resolución de solicitudes que se traduzcan en una terminación anticipada del procedimiento.
El juez de control tendrá atribuciones para conocer de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derecho de los imputados, victimas y ofendidos.
Los jueces de control conforme a la interpretación lógica y sistemática del artículo 16 constitucional pueden ser considerados como depositarios de un nuevo mecanismo de regularidad constitucional, porque al custodiar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones privadas, la libertad personal y de tránsito, la dignidad humana, entre otros van a proteger o garantizar no solamente esos derechos subjetivos públicos, si no la propia carta fundamental, sin que ello implique el despliegue del llamado control difuso que, hasta ahora esa proscrito por la jurisprudencia del máximo tribunal del país.
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