LA DEMOCRACIA Y NUESTROS DERECHOS

La Democracia y nuestros Derechos.

La democracia es una palabra de origen griego que significa “demos” pueblo y “cracia” gobierno, es decir que es el gobierno del pueblo. Los pioneros en clasificar a esta antigua forma de gobierno fueron Platón y Aristóteles, y la dividieron en tres tipos básicos:

• La monarquía, definida como el gobierno de uno,
• La aristocracia como el gobierno de los mejores según Platón y el de los menos para Aristóteles,
• La democracia como el gobierno de la multitud.

El diccionario de la Real Academia Española nos define a la democracia como una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder a un conjunto de la sociedad. Entonces podemos afirmar que se caracteriza por ser una forma de organización del Estado en la cual las decisiones son tomadas por el pueblo, sobre todo en lo que confiere a la legitimidad de sus representantes. Entre los derechos que nos brinda la democracia podemos mencionar la libertad de expresión, el derecho a votar y ser votado, la división de poderes, la existencia de varios partidos, la libertad de prensa, entre otros.

Salvador Giner (Giner: 2000; p. 45) dice que la democracia no es solamente un orden político, es también una cultura y hasta un civilización. Siguiendo a este autor se sostiene que, más allá de la representación política hay un universo cultural que se percata tanto de la cosa pública como de la privada, por ende no se puede obviar la dimensión subjetiva de la ciudadanía reconociendo la necesidad de demandar a los individuos convicciones, responsabilidades y especialmente civismo y fraternidad. Por tal motivo Giner entiende que no hay democracia sin una cultura democrática.

Pero ahora bien la democracia en nuestro país parece no haber cumplido con todos los derechos que dice ofrecer. Se puede observar que a partir del Siglo XX los períodos de vigencia de las instituciones democráticas han sido breves e interrumpidos constantemente. Desde entonces los cambios en la sociedad han sido dispares sobre las formas de convivencia social y política.

En una sociedad la cultura de los ciudadanos juega un rol fundamental para el buen desempeño de la democracia, son los ciudadanos los que en teoría hacen el gobierno del pueblo a través de sus representantes, es decir son parte de la política y lo político de un país. Lo político forma parte de  relaciones sociales que se vinculan con  el uso y distribución del poder y, que se encuentra latente en todas las relaciones en que hay un poder, en especial en el ámbito de lo público; y la política hace referencia a las instituciones en que se consolidan y estructuran las relaciones de poder.1  A través de instituciones como el Estado, el gobierno o los partidos políticos dan la participación ciudadana, uno de los derechos que nos otorga la democracia.

No obstante los habitantes de la Nación Argentina en ciertas ocasiones se han encontrado impedidos de algunos elementos esenciales de la democracia como son los valores de libertad y respeto por los Derechos Humanos, como así también el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal. Tampoco se ha respetado en nuestro país el principio de igualdad de la personas, expresado en la Constitución Nacional Argentina (2013: p. 12) en el art. 16 que establece “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.2 Sin embargo por un lapso extendido de tiempo la democracia no garantizó la inclusión de todos los grupos, ni la igualdad y equidad con respecto al acceso de los derechos civiles y políticos, por ejemplo desde la sanción de la Ley Sáenz Peña a principios de 1900 las elecciones eran libres pero votaban solo los hombres hasta mitad del siglo XX que tiene acceso al sufragio las mujeres.

Además fueron impedidos algunos derechos como la libertad de expresión, a la libertad de prensa, se proscribieron algunos partidos políticos como el Peronismo, y más aún se prohibió la lectura de algunos libros. Al carecer de estos derechos la democracia deja de actuar y de ser eficaz, y no proporciona a los ciudadanos la completa  libertad. Indudablemente la democracia nos proporciona la libertad de pensar y de expresar aquello que pensamos. Pero si solo nos referimos a esto como democracia, nos olvidamos de temas muy importantes, como ¿de qué sirve poder expresar nuestras ideas, o cómo podemos formar un pensamiento firme, o cómo podemos conocer nuestros derechos si no tenemos acceso a una mejor educación? Como consecuencia de esto Norberto Bobbio considera el aprendizaje de la ciudadanía como el único modo de hacer de un súbdito un ciudadano, y esto se logra atribuyéndole aquellos derechos como la actividad cívica, que autores de derecho público del siglo pasado llamaron activae civitatis, y el aprendizaje de la democracia se desarrolla con el ejercicio mismo de la práctica democrática.

1 TROCELLO, María Gloria: Documento de estudio: “Cultura política e ideología”

2 Constitución Nacional Argentina. (2013) Buenos Aires, Infojus.

John S. Mill (Mill: 2013) distingue entre ciudadanos activos y pasivos, y precisa que en general los gobernantes prefieren a los segundos porque es mucho más fácil tener en un puño a los súbditos dóciles o indiferentes, es decir que mucho no les interese la participación ciudadana, aunque la democracia necesite de los primeros. Esto que sostiene Mill induce a proponer la ampliación del sufragio a las clases populares en base al argumento de que uno de los remedios a la tiranía de la mayoría radica en hacer participar en las elecciones, además de las clases acomodadas que constituyen siempre una minoría de la población y tienden naturalmente a procurar por sus propios intereses, también a clases populares. Agrega también que la participación electoral tiene un gran valor educativo, es a través de la discusión política como el obrero consigue comprender la relación entre acontecimientos lejanos y su interés personal, establecer relaciones con ciudadanos diferentes de aquellos con los que tiene un trato cotidiano y convertirse en miembro consciente y activo de una comunidad.

Uno de esas condiciones necesarias para el reconocimiento, defensa y protección de estos derechos es el régimen político imperante socialmente en un territorio determinado. Un régimen político es un sistema de dominación política instituido en una sociedad para que algunos manden y otros obedezcan, con dispositivos particulares de acceso y permanencia, con organizaciones específicas y sanciones legítimas que se pueden aplicar, además cada sociedad organizada crea instituciones gubernamentales resultantes de luchas sociales y políticas configuradas en instituciones jurídicamente formalizadas. (Trocello: 2008, p. 40). Como señala Badía (1989:22) será la praxis la que convertirá en solución real, efectiva de autogobierno de la sociedad a ese conjunto de instituciones y reglas de juego políticas creadas por una Constitución, y coincide también con Jiménez de Parga3 en que, todo el régimen político concreto no es más que la solución política efectiva que adopta una comunidad (resultante de normas jurídicas), que será impuesta, en cada caso, por los poderes constitucionales y por una serie más o menos larga de poderes de hecho. De estos poderes de hecho surgirán instituciones políticas concretas, que irán variando a lo largo de la historia, condicionados por el sistema de valores e ideas vigentes, que se desenvuelven en el marco de las instituciones políticas y de los procedimientos establecidos.  

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