LEY SOBRE EL ROBO A CASA HABITACIÓN

LEY SOBRE EL ROBO A CASA HABITACIÓN

Campeche es nombrada como uno de los lugares más seguros para vivir a nivel nacional, pero esto no garantiza que no haya corrupción. Para la seguridad contamos con las autoridades y los servidores públicos que están al servicio de la población, pero tampoco garantiza que estas sean cumplidas debidamente. Esto mismo pasa con las leyes y derechos que tenemos, están a nuestra disposición, pero no sabemos muy bien de ellas.

El delito de robo casa habitación es el delito que comete un presunto delincuente al apoderarse de bienes ajenos al invadir propiedades privadas como casas, terrenos o departamentos. En ese sentido, la Secretaría de Gobernación refiere que “entre los delitos del orden común que más afectan el patrimonio de las personas se encuentran el robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo a negocio y robo de vehículos”. El tener una vivienda es un derecho que los mexicanos tenemos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) menciona que “el derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a tener y mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y con dignidad”. Por tanto, la inseguridad en la vivienda alerta contra esta necesidad básica al alterar la estabilidad de la población y da a pensar en el bienestar que nos espera a nuestras familias, vecinos y amigos.

En años recientes este delito ha aumentado, y es uno de los que más preocupa a la población debido a la situación de vulnerabilidad en la que puede convertirse su domicilio. Además de afectar el patrimonio de las víctimas también se vincula con otros delitos como daños a la propiedad, violaciones, heridas o muerte. La delincuencia es percibida como uno de los problemas más importantes a escala nacional, por lo que el delito de robo a casa habitación en cualquiera de sus modalidades fortalece la percepción de riesgo. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó que durante el primer semestre de 2016 se reportaron cuatro mil 461 casos de robo con violencia a casa habitación. En el mismo caso, los delitos sin violencia en este rubro sumaron 35 mil 734, en México. Es decir, uno de cada ocho robos a casa habitación es violento.

Según, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dice que la inseguridad es la principal preocupación nacional con 58% de menciones, en comparación con la del año anterior.

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QUE ES EL ROBO

Podemos decir que el robo es un delito contra el patrimonio, un acto que consistente en el apoderamiento de bienes ajenos de otras personas, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en las personas. En la actualidad existen diferentes tipos de robo como son: Robo con violencia, Robo cometido en lugar cerrado, habitado o destinado para habitación, o en sus dependencias incluidos los móviles, Robo en lugar abierto al público, Robo sobre equipaje o valores de viajeros en cualquier lugar durante el transcurso del viaje, Robo respecto de un vehículo automotriz en circulación, estacionado en la vía pública o en otro lugar destinado a su guarda o reparación, entre otros.

LAS LEYES SOBRE EL DELITO DE ROBO

En nuestro Código Penal Federal, existen 14 artículos que hablan sobre el delito de robo y algunas de sus sanciones. Pero están son las más importantes en referencia al tema:

Artículo 367. - Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

Artículo 368 Bis. - Se sancionará con pena de tres a diez años de prisión y hasta mil días multa, al que después de la ejecución del robo y sin haber participado en éste, posea, enajene o trafique de cualquier manera, adquiera o reciba, los instrumentos, objetos o productos del robo, a sabiendas de esta circunstancia y el valor intrínseco de éstos sea superior a quinientas veces el salario.

Artículo 370. - Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se impondrá hasta dos años de prisión y multa hasta de cien veces el salario.

Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien hasta ciento ochenta veces el salario.

Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces el salario.

Con esta reforma se pretende equilibrar la balanza para evitar inclinaciones que nos lleven al colapso, pues, por una parte, se fortalece el Estado de Derecho dando mayor claridad a la previsión de los derechos de toda persona sometida a la acción de la justicia penal, mientras que, por la otra, se perfecciona el reconocimiento del gran peso del Estado social por lo que se refiere al derecho a la seguridad general y a los derechos humanos de las víctimas del delito.

Como afirma el Poder Ejecutivo Federal en su proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales: el nuevo sistema de justicia penal, encaminado a brindar seguridad sin demérito de la justicia y la legalidad, preserva el cumplimiento de la ley y proporciona la tranquilidad que los ciudadanos exigen. El objetivo de la reforma a nuestro sistema de justicia penal puede extraerse del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo si tomamos en cuenta el inciso I de su apartado A, según el cual, «el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen».

DERECHOS HUMANOS

Por casos iguales, el acusado y la victima tienen derechos que los protegen y ayudan en este tipo de casos. La Constitución y las leyes están para proteger y salvaguardar los Derechos Humanos, prevenir su violación, o bien, cuando los mismos sean vulnerados, exigir su respeto y disfrute, así como sancionar, en su caso, a las autoridades que los violen. Dentro del marco jurídico mexicano se contemplan vías formales o jurisdiccionales de protección (que principalmente están encomendados a jueces y se realizan a través de procedimientos en forma de juicio) y los no jurisdiccionales (que se desarrollan por servidores públicos no judiciales a través de procedimientos administrativos de carácter conciliatorio, sumamente ágiles y sencillos).

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