La Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre

PARA CELAC:

Concordando que los Gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico y de acuerdo con la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales;

• Subrayar la necesidad de promover acciones coordinadas de los Gobiernos de América Latina y del Caribe para enfrentar, combatir y sancionar, con todo rigor y con fundamento en las convenciones internacionales sobre la materia y en las legislaciones nacionales, manifestaciones que se realicen en contra del ejercicio en completa libertad de la expresión, como Derecho fundamental y en concordancia con la Declaración Universal de Los DDHH.

• Reconocer la necesidad de fomentar y reformular estrategias y acciones conjuntas regionales, así como bilaterales, para promover programas de protección a los Derechos fundamentales, así como el Derecho a la vida, a la libertad, la justicia y la identidad.

• Reafirmar que la democracia, el desarrollo sostenible y el respeto de todos los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, incluido el derecho al desarrollo, están íntimamente relacionados y se refuerzan mutuamente.

• Reafirmar la obligación de cada Estado a la implementación y defensa de la seguridad ciudadana, con la que todas las personas puedan gozar libremente de sus derechos fundamentales, logrando que las instituciones públicas tengan la capacidad suficiente, siempre en el marco del Estado de Derecho, para garantizar el ejercicio de estos derechos y para responder con eficacia cuando estos sean vulnerados.

• Buscar la verdadera libertad de prensa, que junto a la libertad de expresión se encuentran entre los llamados derechos fundamentales o humanos, PERSUADIDOS además de que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación en la nación y tiene reservado un lugar de privilegio en las Constituciones de los Estados democráticos, y como constituyentes más idóneos para el desarrollo de un Democracia plena.

• Reafirmar la obligación de todo Estado Democrático al ejercicio de la verdadera libertad de prensa, reconociendo que es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.

• Reconocen que la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

• Subrayar que toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas

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