La Inversion En El Modelo Neoliberal

La inversión en el modelo neoliberal.

La Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella inversión que tiene como propósito crear un interés duradero y con fines económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. La literatura y evidencia empírica identifican a la IED como un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones; todo ello incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo de un país.

La inversión extranjera directa se refiere a la colocación de capitales a largo plazo en un país extranjero con el propósito de crear empresas en otros países y así internacionalizarse. Estas inversiones se dirigen principalmente a países que cuentan con estabilidad política y económica, además de estar hablando de que debe ser lo más libre posible, nos referimos a que no deberían existir barreras comerciales como aranceles altos para que dicha política pueda ser aplicada tal cual.

Esta medida trae ciertas ventajas al estado que la siga, ya que ayuda a cubrir las necesidades financieras de cada región y, al ser la mayoría de veces a largo plazo generan empleos, más divisas y mas rentas por habitante del país que está adoptando dicha medida además de que puede surgir una transferencia de tecnología en los empleados que laboran para las empresas que forman parte de este enfoque.

Sin embargo esto ha creado precios que tenemos que pagar, pues socialmente se forma una dependencia de las empresas internacionales, lo que genera el estancamiento del producto nacional pues ahora el país se rige por esta política y le impide crecer empresarialmente. Además el país debe mantener una estabilidad económica para poder solventar las necesidades de dichas compañías ya que del no hacerlo los generadores de capital podrían no formar parte de esta política por no contar con recursos atrayentes que logren estimular su inversión o bien podrían retirarlo y esto significaría sin duda pérdidas enormes. Aunado a esto el país receptor debe mantener sus políticas comerciales al margen a fin de no violar los derechos de cada inversionista, para darle la libertad que este procedimiento solicita.

La racionalidad económica de lo anteriormente expuesto reside en la idea de que el gasto público productivo, al reflejarse en inversión pública, está dirigido a la producción de bienes y servicios que el sector privado no produciría por el incremento sustancial de sus costos o por los beneficios compartidos que ocasionaría su adquisición. Sin embargo, este tipo de bienes denominados públicos son de importancia decisiva para el correcto funcionamiento de una economía de mercado porque ellos tienden a generar una gran y amplia derrama de beneficios.1 Por ejemplo, además de que el gasto público en inversión para la creación y/o operación de infraestructura económica y social tiende a completar la formación de capital privado, facilitando la implantación y realización de los planes de inversión privados.

Por tanto, bajo estas consideraciones puede argumentarse que la inversión pública en infraestructura económica y social (o gasto público productivo), genera incrementos en la productividad total de los factores en general y en la productividad laboral en particular, creando asimismo un acervo de capital público que está a disposición de cualquier agente productivo como bien público, pero con la particularidad de que dicho bien público no es sólo para su consumo de corto plazo sino que lo puede utilizar para incrementar sus capacidades productivas de largo plazo.

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