Las reformas constitucionales

Las reformas constitucionales funcionalmente cambian frente a las dogmáticas, a simple vista pudieran parecer en principio poco importantes sistemas electorales, controles entre y de los poderes, etc., sino que también, y como necesaria consecuencia de los anterior, a otras figuras instituciones de suma importancia como ser la defensa de los valores democráticos, la división de poderes, o la necesidad del consenso para la construcción de una sociedad política.

Se ha planteado una conexión entre el desarrollo humano y social de un territorio y el crecimiento económico; éstos son dos factores interdependientes que están orientados a mejorar de manera sostenida el nivel de vida de la población y donde el interés no es el de un incremento estadístico de variables como el producto interno bruto, el ingreso nacional percápita o la productividad, sino que cuentan de manera decisiva factores como la política de distribución de recursos, la elevación del nivel educativo y de las opciones de desarrollo cultural de las personas, la posibilidad que se les ofrezca de llevar un vida saludable y digna, así como la profundización de la ciudadanía social y de la democracia.

Sin los recursos que proporciona el crecimiento económico, se van a ver aplazadas muchas de las metas del desarrollo integral; pero, al mismo tiempo, mayores niveles de desarrollo van a redundar en niveles más altos de crecimiento. Lo que el Estado y la sociedad deben buscar es la concatenación de ciclos de desarrollo que estimulen un crecimiento de las variables económicas que soportan su impulso y descubrir el tipo concreto de crecimiento que sirve de medio para lograr los fines del desarrollo social. Esto implica establecer en el pacto social las prioridades y las apuestas en esta búsqueda.

Pero pretender que solamente a través de un crecimiento sostenido se van a crear las condiciones del desarrollo humano sería equivocado por cuanto, como queda expuesto, este tipo de desarrollo es el resultado de una conjunción de procesos complejos que van desde la movilización social para conseguir que el Estado cumpla con su papel de garante de la realización de los derechos ciudadanos, pasa por la creación de condiciones institucionales y materiales para que los derechos de la población sean protegidos y culminan en un doble movimiento que se da en la esfera social: de una parte el despliegue de estrategias de las comunidades para que la legislación, los presupuestos y las acciones institucionales se adecuen a las demandas de la población; de otro la realización de una gestión directa de los derechos sociales por parte de las comunidades.

Esto último implica la construcción de autonomías que den paso a campos sociales, generalmente de carácter local, en donde se generan políticas públicas sin presencia del Estado, que obedecen a una lógica de lo micro político en donde las expresiones del poder social se dan en la dirección de afirmar los modos de vida creativos de la población y el goce de su propia capacidad de reinventar las relaciones sociales productivas.

En Colombia, si bien “la igualdad ante la ley” es el principio de la Constitución de 1991 y el de los Derechos Humanos, no se puede desconocer las desventajas sociales que enfrentan las poblaciones vulnerables con debilidad manifiesta, grupos excluidos tradicionalmente de las esferas del poder económico y político. Hay suficientes evidencias que se está frente a una sociedad cerrada y selectiva sin aversión a la desigualdad, a la pobreza y que propicia la discriminación de los débiles y no la cohesión social. Una alternativa a esta “sociedad cerrada y excluyente” podría ser crear nueva instituciones para los nuevos desafíos, instituciones con el objetivo de buscar la igualdad de oportunidades e igualdad de capacidades inspiradas en el valor de la justicia social. De esta manera,

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