Legalidad y debido proceso

1.1 Legalidad

Antes de entrar de lleno a este tema y a manera de introducción a los principios constitucionales, es importante que el alumno comprenda la definición de supremacía constitucional.

El artículo 133 de la Constitución establece el principio de jerarquía normativa, en el cual la Constitución y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la república con aprobación del Congreso, constituyen la ley suprema de toda la unión:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se apegarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Esto quiere decir que no existe ninguna norma que esté por encima de la Constitución y que todo lo que ordene debe ser obedecido por las autoridades mexicanas. En otras palabras, todas las leyes que lleve a cabo la función legislativa deberán seguir lo ordenado por la norma fundamental y, todos los actos que realicen la función administrativa o administración pública deberán estar apegados al orden constitucional.

Legalidad

Ahora bien, el presente tema tiene como finalidad darle a conocer al alumno aquellos aspectos mínimos que contiene la Constitución, a los que la administración pública tiene que poner atención a fin de llevar a cabo sus actos de forma correcta.

Este principio encuentra su fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución y supone el apego a la ley por arte de los poderes públicos, es decir, todos los actos de la función administrativa deberá estar apegada a los que ordenen las leyes, de manera más específica, la administración púbica sólo puede hacer lo que la ley le ordena, mientras que los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe.

En otras palabras, todo acto de los poderes públicos que no sea conforme a la ley, será inválido, esto quiere decir que no tendrá validez, que será como si nunca hubiera existido.

1.2 Debido proceso

Es un principio que deriva del principio anterior, ya que los procesos se encuentran contenidos en las normas.

Se define como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados; es necesario aclarar que por afectación debe entenderse cualquier tipo de modificación, ya sea que beneficie

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