Garantias de legalidad, audiencia y debido proceso

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL[pic 1][pic 2]

UNIDAD SANTO TOMÁS

MATERIA. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PROFESOR: JIMENEZ PERALTA EDGAR

ALUMNA LUNA CORTEZ JENIFER

GARANTIAS DE LEGALIDAD, AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO

1CVAA – VESPERTINO

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INTRODUCCIÓN

Las garantías de legalidad, audiencia y debido proceso, son tres conceptos que aseguran que ningún individuo sea privado de sus derechos y libertades de manera arbitraria o injusta. Estas garantías, presentes en sistemas legales de todo el mundo, representan un compromiso fundamental con la injusticia y la protección de los derechos individuales. La legalidad garantiza que todas las acciones de Estado se basen en leyes previamente establecidas, la audiencia asegura que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de ser escuchadas y el debido proceso garantiza que el procedimiento legal sea imparcial y justo.

En este ensayo analizaremos a profundidad la interconexión de estas garantías, su relevancia en la protección de los derechos de los individuos y su aplicación. Así como también veremos su papel critico en la preservación de un sistema legal que equilibra el poder de estado en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

DESARROLLO

Garantías de legalidad

Una garantía de legalidad en el contexto jurídico se refiere a la obligación que todas las acciones de Estado, incluidas en las leyes y los actos administrativos, estén basadas en leyes previamente establecidas y sean conformes a ellas. Esto significa que ninguna autoridad gubernamental o entidad pueda tomar decisiones o emprender acciones que no estén respaldadas por leyes existentes. Las garantías de legalidad es un principio de fundamental del estado de derecho y es esencial para evitar el ejercicio arbitrario del poder estatal

Las bases de las garantías de legalidad

Las garantías de legalidad se basan en un principio fundamental de que todas las acciones del Estado estén basadas en leyes previamente establecidas, en otras palabras, el poder estatal no puede ser ejercido de manera arbitraria si no que debe de operar dentro de los imites establecidos por la ley. Este principio no solo es una salvaguardia contra el abuso de poder por parte de Estado, sino que también garantiza una seguridad jurídica, permitiendo a los individuos y las empresas planificar y tomar decisiones con confianza, sabiendo que las reglas del juego son claras y consistentes  

Dimensiones de las garantías de legalidad

1. Legalidad de la norma: Implica que las leyes deben ser claras, accesibles y predecibles. Las normas legales no deben ser ambiguas ni dar lugar a interpretaciones contradictorias. Además, deben ser aplicadas de manera uniforme a todas las personas sin discriminación
2. Legalidad de la acción estatal: Todas las acciones del Estado, ya sean       legislativas, administrativas o judiciales, deben basarse en leyes previamente establecidas. Esto incluye la toma de decisiones por parte de funcionarios gubernamentales y la ejecución de sanciones. Las decisiones gubernamentales deben ser razonables y proporcionadas, y deben respetar los derechos de los ciudadanos.
3. Garantía de defensa: La legalidad también implica el derecho de las personas a ser escuchadas y a presentar pruebas en su defensa en los procedimientos legales. Esto se conoce como el derecho a la audiencia, que es otra de las garantías fundamentales en un estado de derecho.

Estas dimensiones son esenciales para asegurar que las acciones del Estado estén en consonancia con la ley y que los derechos de los individuos estén protegidos en todo momento.

Si bien las garantías de legalidad son esenciales para la protección de los

derechos individuales, su mantenimiento y fortalecimiento no siempre es una tarea sencilla. Hay desafíos que enfrentan las sociedades y los sistemas legales en su búsqueda de mantener un Estado de Derecho sólido. Algunos de estos desafíos incluyen:

1. Cambios Legislativos: Las leyes pueden cambiar con el tiempo debido a cambios en la opinión pública, necesidades sociales o presiones políticas. A veces, estas modificaciones pueden amenazar la estabilidad y la claridad del marco legal, lo que requiere un equilibrio cuidadoso entre adaptarse a las necesidades cambiantes y mantener la consistencia y predictibilidad.

2. Corrupción: La corrupción en el sistema judicial o en las instituciones gubernamentales puede socavar gravemente las garantías de legalidad. La influencia indebida o el incumplimiento de la ley por parte de funcionarios públicos debilitan la confianza en el sistema legal y la capacidad de proteger los derechos de los ciudadanos

3. Retos Tecnológicos: En la era digital, la tecnología plantea nuevos desafíos en términos de protección de datos y privacidad. La legislación y las garantías de legalidad deben adaptarse a la rápida evolución de la tecnología para garantizar la seguridad y la privacidad de las personas.

4. Diversidad Jurídica: En un mundo globalizado, existen múltiples sistemas legales y enfoques para la justicia. Mantener un equilibrio entre la diversidad cultural y la aplicación coherente de las garantías de legalidad puede ser un desafío.

La preservación de las garantías de legalidad no recae únicamente en los sistemas legales y gubernamentales, sino que también involucra a la sociedad en su conjunto. La educación sobre los derechos y responsabilidades legales es fundamental para empoderar a los ciudadanos y garantizar que estén informados y conscientes de sus derechos. La sociedad civil desempeña un papel importante en la supervisión de la aplicación de las garantías de legalidad y la denuncia de cualquier abuso o violación de los derechos.

Garantías de audiencia

En el marco del sistema legal de cualquier país democrático, las garantías de audiencia desempeñan un papel crucial al asegurar que los individuos involucrados en un proceso legal o administrativo tengan la oportunidad de participar activamente, expresar sus argumentos y ser escuchados de manera justa y equitativa. Estas garantías, también conocidas como "debido proceso" o "derecho a un juicio justo", constituyen un pilar fundamental del Estado de Derecho, y son esenciales para preservar la justicia y proteger los derechos fundamentales de las personas.

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