Ley De Tierras
Enviado por Yesicatorres • 3 de Marzo de 2013 • 1.774 Palabras (8 Páginas) • 333 Visitas
LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO
EXPOSICION DE MOTIVOS
DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al tratar sobre el sistema
socioeconómico de la Nación, hace énfasis en la
agricultura como base estratégica de
un desarrollo rural sustentable. El valor del ámbito agrario no se limita a los efectos
económicos beneficiosos sobre la producción nacional, sino que trasciende dicha esfera
y se ubica dentro de la idea, mucho más inte
gral, del desarrollo humano y social de la
población. Dentro de esta línea, la Constitución dispone que el Estado deberá
desarrollar la agricultura como medio de desarrollo social, garantía de la seguridad
agroalimentaria, medio de desarrollo rural, elevac
ión de la calidad de vida de la
población campesina, etc.
Dichas directrices constitucionales no hacen sino manifestar la decisión fundamental
hecha por el soberano de constituirse en un Estado Democrático y Social de Derecho y
de Justicia, en el cual, a d
iferencia de los Estados Liberales, la tierra y la propiedad no
son privilegios de unos pocos, sino que están al servicio de toda la población, dentro
de los valores de solidaridad e igualdad de oportunidades. Así, regímenes contrarios a
la solidaridad soc
ial tales como el latifundio, son expresamente condenados por la
norma fundamental. Igualmente, se prevé que el Estado deberá tomar las medidas de
orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra,
infraestructura, capacitación
de mano de obra, etc., necesarias para asegurar el
desarrollo del sector agrario.
Incluso dentro del marco constitucional anterior, esta preocupación del constituyente
por desarrollar un sector agrario sólido era ya patente. Es así que, en 1960, se dicta l
a
hasta ahora vigente Ley de Reforma Agraria. En aquel momento, el modo normal de
tenencia de la gran mayoría de las tierras cultivables en la Nación era el latifundio, lo
cual resultaba contraproducente con el estímulo al sector agrario que se pretendía
i
mpulsar. Es así que la reforma agraria, con mayor o menor éxito, inició un proceso de
erradicación del latifundio y de estímulo al sector agrario, procurando que fuesen los
propios campesinos quienes tuviesen la tenencia de las tierras que cultivaban.
Más
de cuatro décadas después, es patente la necesidad de un nuevo marco legal,
moderno y adaptado a las nuevas realidades del país y que esté en verdadera
consonancia con los valores constitucionales arriba referidos, ello por cuanto la Ley de
Reforma Agraria
, promulgada en una época muy distinta a la actual, resulta
inadecuada como base jurídica del desarrollo agrario.
El Decreto Ley de Tierras y Desarrollo Agrario viene a prestar ese nuevo marco legal,
en el cual se busca profundizar y dar operatividad concr
eta a los valores
constitucionales de desarrollo social a través del sector agrario. Para ello se procura
una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y
participativa en cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de t
oda la actividad
agraria. En este sentido, y en consonancia con lo establecido por la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela en su artículo 307, se pretende implantar los
medios necesarios para la eliminación íntegra del régimen latifundista
, como sistema
contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo. Otra de las
finalidades del nuevo marco legal es el aseguramiento de la biodiversidad, la vigencia
efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario,
y la seguridad
agroalimentaria y de la presente y futuras generaciones. Especialmente importante
resulta lo relativo a la seguridad agroalimentaria, también consagrada como valor
constitucional en el aludido artículo 307 de nuestra Ley Fundamental; se bus
ca, por
tanto, el desarrollo de una producción agraria con fines no meramente económicos,
sino primordialmente, como el medio fundamental de atender de manera efectiva y
eficiente la demanda alimentaria de la población del país.
Para el logro de las finali
dades, de rango constitucional, antes aludidas, se establece la
afectación del uso de todas las tierras, sean públicas o privadas, con vocación para el
desarrollo agroalimentario. Esta afectación no constituye
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