Los problemas económicos de España

Uno de los principales problemas que afronta España, si no el más importante, es la debilidad de su crecimiento económico y su elevadísima tasa de desempleo. El impacto de la crisis financiera global, los fallos de diseño del euro y los propios desequilibrios y vulnerabilidades internos que arrastraba la economía española, que se intensificaron tras la creación de la moneda única en 1999 y que se hicieron evidentes a partir de 2010, han arrastrado a España a una de sus peores crisis. A los problemas económicos se han sumado problemas sociales y políticos no vistos en muchos años.

Todas las políticas públicas deberían tener como primer objetivo superar la crisis económica. Y la acción exterior no es una excepción. De hecho, en el actual contexto de alta interdependencia económica mundial y elevado nivel de inserción internacional de la economía española, “lo externo” no puede ser desligado de “lo interno” a la hora de plantear soluciones a la crisis. Y, en particular, la política exterior, en la medida en la que puede contribuir a favorecer o dificultar el entorno en el que se desenvuelven los agentes económicos españoles, es hoy especialmente relevante. Abrir mercados a las exportaciones españolas, insertar a nuestro país en las nuevas cadenas de suministro internacionales, promover y proteger nuestras inversiones en el exterior, lograr avances en la unión bancaria europea que aumenten la confianza en el euro o contribuir a una mejor gobernanza económica global que promueva la estabilidad financiera y contenga el proteccionismo son elementos clave para que España salga de la crisis. En todos ellos jugará un papel clave la política exterior española, en particular en su vertiente de diplomacia económica.

En muchos de estos aspectos la estrategia económica de acción exterior española pasa necesariamente por la UE. En algunos casos, como el de la política comercial, porque la competencia se ha transferido a la Unión; en otros, como el futuro del euro, porque para nuestra economía algunas de las decisiones que se tomen en Bruselas, Berlín, Frankfurt o París podrían llegar a ser más importantes que las que se adopten dentro del territorio español, sobre todo en lo relativo a la estabilidad de los mercados financieros y el dinamismo del sector bancario. Y, en términos más generales, porque en un mundo cada vez menos occidental e interdependiente la mejor forma que tiene España de defender sus valores e intereses es mediante la consolidación de una Europa más fuerte y más unida que actúe con una voz común en el FMI, el G-20 o en foros similares dejando de ejercer su poder e influencia de forma fragmentada como ha sucedido hasta ahora en casi todos los ámbitos.

Esto tiene importantes implicaciones para España. Primero, que uno de los principales objetivos de nuestra política económica exterior debería ser lograr que se produzcan rápidos avances en la unión bancaria y fiscal en la zona euro, intentando además que estos avances reflejen en la medida de lo posible los intereses españoles. Esto exige escoger cuidadosamente tanto a nuestros aliados como cuáles son las “batallas” que merece la pena dar, así como dejar atrás el planteamiento según el cual cualquier avance en la integración europea es necesariamente bueno para España. Segundo, es importante reconocer que, haga lo que haga España, los avances en la resolución de la crisis del euro serán lentos y que, además, no es probable que la política económica dictada desde las instituciones europeas abandone su énfasis en la austeridad fiscal y la ortodoxia monetaria. Esto supone que el reto de avanzar en las reformas estructurales y adaptar el modelo de crecimiento español a las necesidades del siglo XXI será una tarea eminentemente nacional. Eso no quiere decir que, como en el pasado, las autoridades españolas no puedan apoyarse en la UE para avanzar en reformas que son necesarias pero difíciles de aplicar por las resistencias internas. Pero mientras no exista una plena unión económica en la zona euro que defina una política económica común, los retos estructurales de modernización de las economías nacionales tendrán que afrontarse con liderazgo interno, para bien o para mal. Esto supone que, aun siendo conscientes de que el futuro de la economía española se juega sobre todo en Europa, es necesario tener también líneas de actuación extracomunitarias.

En síntesis, la política económica exterior española tiene que apoyarse en las herramientas que nos brinda nuestra pertenencia a la UE y al euro y centrar sus esfuerzos en conseguir que la UE avance hacia una mayor integración que respete los intereses españoles y tenga una voz más fuerte en el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, tiene que poder actuar más allá de la UE, reconociendo que hay múltiples aspectos en los que no podremos contar con su apoyo.

UN ENTORNO REPLETO DE INCERTIDUMBRES

El entorno económico internacional en el que tiene que diseñarse la diplomacia económica española para los próximos años se caracteriza por la incertidumbre. No se trata tanto de que existan riesgos, que también abundan, sino que destaca el carácter impredecible de los acontecimientos que tendrá que enfrentar la acción exterior, lo que exige enfatizar en análisis de prospectiva e inteligencia económica, asegurarse ante los riesgos que son posibles de anticipar y ser capaces de reaccionar ante los numerosos eventos que nos sorprenderán a lo largo de los próximos años.

Probablemente las únicas certezas del panorama económico internacional con las que contamos son que los países desarrollados tardarán varios años en completar su proceso de desapalancamiento tanto público como privado, lo que hará que su crecimiento sea débil; que se seguirá produciendo un reequilibrio del poder económico mundial desde los países avanzados hacia los emergentes, lo que conducirá a una mayor rivalidad geoeconómica y a tensiones internacionales; que la cooperación económica internacional será reducida porque las principales potencias antepondrán sus problemas internos a los retos globales; y que la crisis del euro continuará dando sustos por la lentitud con la que avanzará la construcción de la unión bancaria, fiscal, económica y política.

Pero más allá de estos elementos, que son difícilmente discutibles, y que la política económica exterior necesita interiorizar, hay un gran número de interrogantes, que pueden tanto abrir oportunidades como tornarse en amenazas. Los principales afectan a cómo responderá la economía mundial ante la retirada de estímulos monetarios estadounidenses; en qué medida podrían producirse crisis financieras en los mercados emergentes y, en particular, cómo la ralentización en los BRICS+ podría generar un efecto contagio hacia el resto del mundo; y, por último, cómo evolucionarán la economía y la política europeas que, lejos de haber dejado atrás la crisis, continúan empantanadas en conflictos entre los países del euro por decidir cómo financiar el gran salto adelante en la integración que es necesario para salvar definitivamente la moneda única (naturalmente, existen un gran número de incertidumbres de carácter económico y geopolítico que no podemos detenernos a analizar aquí, desde la inestabilidad en Oriente Medio y el norte de África que puede afectar al precio del petróleo hasta los problemas derivados del cambio climático y de la revolución energética de los hidrocarburos no convencionales que lidera EEUU).

LAS DEBILIDADES DEL MODELO DE INSERCIÓN INTERNACIONAL ESPAÑOL Y LAS CLAVES PARA CAMBIARLO

La crisis ha obligado al gobierno y a la sociedad española a repensar su modelo de crecimiento. Históricamente, y en especial durante los últimos años, el crecimiento y el empleo han venido de la demanda interna (sobre todo del consumo y de la inversión en vivienda e infraestructuras). Han estado apoyados por un boom de crédito, que se aceleró de forma sustancial con la entrada en el euro y supuso una continuada merma en la capacidad de competir de muchos productos españoles causada por la apreciación del tipo de cambio efectivo real (a pesar de esta apreciación cambiaria, España no redujo su cuota en las exportaciones mundiales, lo que implica que los bienes y servicios que vendemos en el exterior son productos diferenciados que no compiten exclusivamente en precio).

Cuando el impacto de la crisis financiera internacional alcanzó Europa, las expectativas de los inversores internacionales se deterioraron y España comenzó a experimentar bruscas salidas de capital. Fue entonces cuando las vulnerabilidades de nuestro modelo de crecimiento salieron a la luz, forzando a la economía a adaptarse de forma brusca y sin contar, como en ocasiones anteriores, con la posibilidad de devaluar la moneda para facilitar el ajuste del sector exterior. Si a eso sumamos la enorme contracción fiscal procíclica que se tuvo que acometer desde 2009 para asegurar la solvencia de la deuda pública, no es difícil explicar que nos encontremos en una de las peores crisis económicas de la historia de España: todos los componentes del PIB se hundían al mismo tiempo, se abría paso una crisis bancaria y el país no podía contar con un banco central propio dispuesto a actuar como prestamista de última instancia.

Una vez que la situación parece haberse estabilizado y que el ajuste avanza a buen ritmo (en 2013 España alcanzó

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