Macroeconomia III

9. Privatización

Como ya se señaló, en general los economistas estaban de acuerdo con la necesidad de proceder rápidamente a la liberalización y la estabilización. Pero en cuanto a la privatización de las grandes empresas, se planteó una polémica con respecto a si era más conveniente transferir rápidamente los activos del Estado al sector privado o adoptar un enfoque más gradual7.

Los partidarios de una privatización rápida preconizaban la eliminación de la propiedad estatal mediante la transferencia de los activos a los ciudadanos, por ejemplo, por medio de cupones que otorgarían a sus tenedores el derecho y los medios para adquirir empresas de propiedad estatal. Basaron sus argumentos en consideraciones de equidad y en el deseo de otorgar al ciudadano medio una participación en la economía. Asimismo, consideraron que era necesario aprovechar la oportunidad ofrecida por la privatización antes de que las burocracias estatales pudieran reorganizarse y obstaculizar el proceso.

Otros analistas eran partidarios de reducir más gradualmente la presencia de las empresas estatales en la economía a medida que surgieran nuevas empresas privadas. Se manifestaron a favor de privatizar las empresas mediante la enajenación de los activos a grupos que probablemente pudieran mejorar los resultados de las empresas. Además, subrayaban la importancia de imponer "restricciones presupuestarias rigurosas" para que se retirasen las empresas que generaban pérdidas, con lo cual las empresas más rentables podrían atraer inversionistas. Hungría adoptó esta estrategia de privatización gradual y, al parecer, ello ha facilitado una verdadera reestructuración empresarial.

En cambio, la experiencia acumulada ha puesto de manifiesto algunas de las desventajas de una privatización acelerada. En la República Checa, por ejemplo, los activos transferidos a millones de ciudadanos en la primera etapa de la privatización fueron enajenados por los beneficiarios y terminaron consolidándose en fondos de inversión. Pero las empresas nunca se reestructuraron verdaderamente, ya sea porque dichos fondos no contaban con el capital necesario para desarrollarlas o porque los fondos estaban a su vez controlados por bancos estatales que no imponían restricciones presupuestarias rigurosas. El magro crecimiento económico de la República Checa a fines de los años noventa, en relación con otros países de Europa central y oriental, se debe en parte al alcance limitado de la reforma empresarial.

La estrategia de privatizar rápidamente fue incluso más negativa en Rusia. En el marco del programa de privatización a gran escala adoptado en 1992–94, se transfirieron más de 15.000 empresas al sector privado. Sin embargo, contrariamente a lo que se esperaba, la venta de las empresas en cuestión a sus propios directivos y empleados no dio lugar a una reestructuración empresarial autoinducida. Se esperaba que mediante operaciones en el mercado secundario se atraería la participación de socios externos y que, en la segunda etapa de privatización de empresas que aún estaban en manos del Estado, se adoptarían procedimientos transparentes. Ninguna de estas expectativas se materializó. Los beneficiarios de la primera ola de privatizaciones se mostraron renuentes a ceder el control; los trabajadores temían los recortes de gastos que podrían efectuarse en caso de transferirse el control a terceros, y a los gerentes les resultó más fácil mantener las empresas en funcionamiento ejerciendo presión para obtener subvenciones estatales que estimular la competencia mediante la participación de terceros. La segunda ola de privatizaciones, en particular el mecanismo denominado "préstamos por acciones", no fue transparente y excluyó sistemáticamente a inversionistas y bancos extranjeros en favor de grupos vinculados a los intereses estatales.

Con todo, la experiencia acumulada por las economías en transición parece indicar que las empresas privatizadas tienden a restructurarse más rápidamente y obtener mejores resultados que empresas similares que se mantienen en manos del Estado, pero sólo si se cumplen ciertas condiciones complementarias. Estas condiciones incluyen la imposición de restricciones presupuestarias rigurosas, la competencia, normas sobre gobierno de las empresas, y una estructura jurídica y un régimen de propiedad eficaces8.

A diferencia de los

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