Matematicas

La victimación del general Eloy Alfaro y sus tenientes*

Pío Jaramillo A.

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I

Señores Jurados:

Diversos factores de orden político, social o el simple prejuicio de

bandería, han reflejado en el proceso seguido para el esclarecimiento del

crimen del 28 de enero de 1912, perpetrado en las personas de los

generales Eloy, Medardo y Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Manuel Serrano

y el periodista señor Luciano Coral, las exigencias justas para que haya

sanción en nombre de la dignidad del Ecuador, mancillado en su historia

por un hecho tan horroroso como la masacre referida, y debo empezar

por declarar categóricamente, que las mil páginas del juicio criminal, si

bien contribuyen a esclarecer ciertas responsabilidades, a acumular

presunciones y definir una situación jurídica de constante espectación

política, no contienen, con todo, el cúmulo de pruebas que permitan la

imputación perfecta del hecho punible.

El afán de justicia que el Ecuador expresó de modo elocuente para que

haya sanción, no ha encontrado en las Judicaturas toda la repercusión

que merecía, y si bien, el Juez Letrado señor doctor Carlos Gómez,

quien intervino en este juicio desde enero de 1913, esto es, un año

después de iniciado el sumario, y en una época en que la investigación

judicial se volvió casi impenetrable, por el silencio que han querido

guardar cuantos vieron, oyeron y palparon la infracción, sin embargo, se

ha esforzado este Juez probo por acumular algunos datos al escaso

caudal de los que existían, y singularmente por capturar a los sindicados,

obteniendo con esto, que el crimen del 28 de enero de 1912, tenga una

terminación decorosa para la Nación, ya que el procedimiento aquel de

apelar a un indulto, no debía ser el final de un proceso histórico que, sin

embargo de la tramitación deficiente anotada, tiene base para que

entienda de él un Jurado, y termine con un veredicto, desatando el nudo

de la cuestión, no rompiéndolo. Se trata del deslinde de

responsabilidades históricas, y esto obliga a que se pronuncie una

sentencia en que funden las generaciones por venir, las severidades de

sus juicios.1

Quien examine el proceso con la atención y el ánimo sereno que es

preciso, encontrará que no existe el deseo de esclarecer la verdad; que un

soplo de cobardes condescendencias conmueve todas sus páginas. Por lo

general, no se ha exigido que los testigos den razón de sus dichos, y

hasta hay ambigüedad en ciertas diligencias, por efecto de una redacción

descuidada. Sin embargo de que las fuentes de información estaban a la

mano, fue preciso que se usara de una lista anónima de testigos

publicada en Guayaquil y reproducida en Panamá, para fundar una

investigación y hasta una sindicación de procesados. Podemos dividir en

dos épocas la tramitación de este juicio: la correspondiente al

esclarecimiento de este hecho punible y la que se refiere a la captura de

los reos y la consiguiente tramitación de sus defensas. Es al señor doctor

Gómez a quien tocó dictar un auto motivado sobre investigaciones

imperfectamente realizadas por su antecesor, y a mí, como Fiscal,

formular también esta acusación con vista de un proceso que no satisface

al empeño que debió ponerse, para el esclarecimiento de un hecho que

perdurará con resonancias de gran responsabilidad política, y la urgencia

de que haya sanción para los autores y cómplices de este hecho criminal.

II

Desde la muerte del señor Presidente don Emilio Estrada, se sintió en

el Ecuador una gran inquietud relativa al problema de la sucesión

presidencial. Y si bien, en los primeros momentos nada perturbó el

orden público, y las promesas de los dignatarios y altos Jefes del Ejército

garantizan la conservación del orden constitucional, luego se empezó a

comprobar que germinaba la idea revolucionaria, con fulgores siniestros.

Se exigía una y otra vez el juramento de los servidores del ejército, y una

y otra vez esos juramentos fueron expresados, pero esto no obstó para

que en la tarde y noche del 28 de diciembre de 1911, se erigiera en Jefe

Supremo de la República el Gral. Pedro J. Montero, Jefe de Zona con

residencia en Guayaquil. Fue la chispa primera, esta inquietud, que se

convirtió luego en el gran incendio que desvastó al Ecuador, privándole

de millares de brazos para el trabajo, regando con sangre los campos de

batalla y obligando al empleo de los caudales públicos en la sofocación

de una revuelta inmotivada, y que reviste todos los caracteres de una

verdadera traición.

El golpe de estado de Montero produjo en esta Capital la indignación,

que no podía menos de producir el retorno de la eterna lucha fratricida

que tantos daños ha causado al país, a pesar también de los muchos

bienes que realizó el alfarismo. Puede aparecer como una verdadera

contraposición el mantenimiento de estas ideas, pero así antagónicas

expresan esa época caótica, de transición, llena de grandes hechos y de

grandes errores, de grandes ideales en bien del país, y de aberraciones

que no se compaginan con el afán de progresar que caracterizó a lo que

en la historia se llamará el Alfarismo.

El Gobierno provisorio del señor doctor don Carlos Freile

Zaldumbide, organizó rápidamente la defensa del orden constitucional,

confió la dirección del Ejército, con el carácter de General en Jefe, al

señor General don Leonidas Plaza Gutiérrez. El cargo de Jefe de Estado

Mayor General, fue conferido al señor General don Julio Andrade.

Después, ya no es preciso recordar, porque es de ayer, la historia de

las campañas que tuvieron su culminación con las victorias de Huigra,

Naranjito, Yaguachi y la ocupación de Guayaquil; pero sí es preciso

decir que en esos campos históricos quedaron algo así como tres mil

víctimas; y la miseria y la orfandad en los campos y ciudades, y el odio

y el rencor, y el deseo de la venganza, dominando los espíritus;

traduciéndose esas pasiones en la demanda enérgica, imperiosa,

impostergable del ejemplar castigo a los culpables. En Quito, en

Guayaquil y otras ciudades se efectuaban manifestaciones tumultuosas,

que indicaban claramente la intención de eliminar a aquellos elementos,

que la intensidad de la atmósfera política cargada de muchos desastres y

responsabilidades, los sindicaba como los causantes de inquietud para la

paz pública en el porvenir.

Después del triunfo de Yaguachi, el General en Jefe del Ejército creyó

de su deber, para evitar nuevos derramamientos de sangre, gestionar

tratados de paz necesarios para obtener la ocupación de Guayaquil sin

comprometer una nueva batalla. El Jefe rebelde, Gral. Montero, aceptó

en principio aquellos tratados, que, luego, mediante la intervención de

algunos funcionarios del Cuerpo Consular residente en Guayaquil, se

concertó y suscribió para someterlos a la aprobación del Gobierno de

Quito. Pero éste, se negó en lo absoluto a que se diera garantía alguna a

los vencidos, y gestionó e impartió órdenes perentorias para que sean

capturados los cabecillas, a fin de aplicarles la sanción correspondiente.

En este pensamiento coincidía, puede decirse, todo el elemento dirigente

a la política ecuatoriana, sin distinción de partidos políticos, ya que

liberales y conservadores han puesto sus firmas al pie de documentos, en

los que se desautoriza el tratado celebrado en Guayaquil y se pide al

Gobierno el ejemplar castigo de los culpables.

Indudablemente, la ocupación de Guayaquil que se siguió a la victoria

de Yaguachi, fue franqueada por los rebeldes, sobre la base de los

tratados suscritos y desaprobados por el Gobierno. También es evidente

que el movimiento contrarrevolucionario que se operó en Guayaquil, en

los momentos que precedieron a la captura de los Jefes de la revolución,

desvirtúa mucho la eficacia del pacto, y sobre todo, allanó el camino

para la captura de dichos Jefes. Si el tratado aquel celebrado entre el

General en Jefe del Ejército Constitucional y el de las fuerzas

revolucionarias fue válido, si debió ser respaldado por el Gobierno de

Quito; si en fin, reunió todos los caracteres indispensables para que

tenga eficiencia y fuerza obligatoria, mediante la intervención de

funcionarios consulares, es un estudio que no corresponde a la discusión

de estos momentos, pero sí es indispensable, es de suprema justicia,

anotar que el General en Jefe del Ejército Constitucional señor General

Plaza, expresó oficialmente su esfuerzo por obtener el respeto que se

debía tener por el referido tratado, e insistió y pidió que se rodee de

garantías a los jefes revolucionarios.

Mientras se hacía estas gestiones relacionadas con la ocupación de

Guayaquil y la libertad de los prisioneros de guerra, en esta ciudad

crecía y crecía la ola enorme de la indignación popular que encontró

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