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42. Consecuentemente, la norma impugnada no puede ser calificada como imprecisa o confusa y, por ende, violatoria del principio de taxatividad contemplado en el artículo 14 constitucional, porque no deja lugar a dudas con respecto a lo que regula, pues simplemente se trata de la exclusión de cualquier otro beneficio en los casos de delitos graves en los que se hubieren aplicado las penas mínimas dentro de un procedimiento abreviado. Es decir, como excepción a lo dispuesto en el párrafo cuarto del mismo artículo —que establece que en el procedimiento abreviado se aplicarán las penas mínimas reducidas en un tercio sin perjuicio de cualquier otro beneficio— el legislador dispuso que en el caso de que se tratase de alguno de los delitos graves señalados, el único beneficio que se da a los imputados será que se les imponga la pena mínima del delito de que se trate, sin que sea posible, ni la reducción de esa pena en un tercio —como en el párrafo cuarto— ni tampoco el otorgamiento de cualquier otro beneficio. Se trata, pues, de una exclusión total.

43. En términos gramaticales y aún en términos lógicos, no existe posibilidad alguna de confusión, porque no se detecta ambigüedad alguna en los términos que emplea el enunciado, ni tampoco se advierten conceptos vagos que pudieran provocar incertidumbre a la hora de su comprensión y aplicación. La construcción sintáctica del mensaje tampoco genera distorsión alguna, pues no coloca al receptor del mensaje en disyuntiva alguna, es decir, no le abre más de un escenario de actuación.

44. En efecto, la directiva dirigida a los destinatarios de la norma —los jueces— es unívoca: al momento de dictar la sentencia condenatoria, cuando se trate de un procedimiento abreviado y el delito cometido pertenezca al siguiente universo de tipos penales, el único beneficio posible será la aplicación de la pena mínima prevista para el delito de que se trate:

• Extorsión

• Secuestro

• Homicidio doloso con modificativas que lo califiquen o lo agraven

• Homicidio culposo de dos o más personas

• Violación

• Robo que ocasione la muerte

• Robo de vehículo automotor con violencia

• Robo cometido a interior de casa habitación con violencia, y

• Delitos contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales, y de la seguridad de los servidores públicos y particulares.

45. Por las razones anteriormente señaladas, esta Primera Sala concluye que el argumento del quejoso resulta infundado, porque la norma que se analiza no violenta el principio de taxatividad

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