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Plaguicidas

gilay26 de Noviembre de 2012

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Cuidando la salud del pequeño productor, el trabajador rural y su familia

La importancia del uso de los Elementos de Protección personal en el trabajo con agroquímicos para evitar daños a la salud

MARIA ALEJANDRA SILVA

1. Introducción

Cada vez se reciben noticias de problemas de salud que sufren poblaciones linderas a los campos o trabajadores y su familia rural.

Sin embargo el mayor problema en estos casos es: ¿cómo evitar que los agroquímicos produzcan daños?.

En ese sentido existen normas de seguridad para el almacenamiento, el transporte, la manipulación y uso del mismo que pueden ser consultadas y difundidas entre el grupo afectado.

Las medidas de prevención varían según el tipo de trabajo realizado, pero el papel de difundir medidas de prevención es diferente si se trata de un trabajador rural contratado legalmente que si se trata de un empleado en negro (ilegal). Para el primer caso cuenta con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo que fue contratada por su empleador, pero en el segundo caso seguramente queda librado al azar.

¿Cuántos son los que quedan librados al azar? En Santa Fe, de unos 60.000 trabajadores existe un 50% en negro.

Por esa razón es fundamental el papel del Estado, a través de la Inspección del Trabajo de la Secretaría de Trabajo del gobierno de la Provincia de Santa Fe. Cosa que en nuestra provincia es otro tema pendiente, pues según declaraciones del Actual Jefe de Inspectores, Ing. Héctor Carletti; todavía carecen de un programa específicamente pensado para visitar la zona rural de los 7 (siete) departamentos del sur de la provincia.

Además de la responsabilidad de la Subsecretaria de Trabajo existe la Ley N° 11.273 de “Protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola” que establece que la fumigación terrestre y aérea están expresamente prohibidas en zonas como la referida.

También existen claras disposiciones del Art. 41 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a un medio ambiente sano, libre de toda contaminación; las prescripciones del Código Civil; además de las normas de la Ley 10.000, Ley 11.273 (art. 13, inciso C, art. 19; 28; 33 y 34); el Dcto. Nº 552/97 (arts. 51 y 53) y la jurisprudencia de los Tribunales de nuestra provincia.

Además existen los Municipios Saludables, una idea promovida desde el Ministerio de Salud Nacional de la Organización Mundial de la Salud que intenta que la propia comunidad sea responsable de su propia salud y participe, que reclaman que haya un ingeniero agrónomo de la comuna que vigile el cumplimiento de las normativas vigentes que estiman la distancia de la fumigación aérea en relación a la población urbana, según el grado de toxicidad del producto utilizado, como se esta realizando en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santa Fe, según declara el Dr. Arturo Serrano, medico generalista y director del hospital rural. En ese mismo sentido, también el Dr. Serrano indica que la Secretaria de Trabajo solo cita al patrón y al obrero ante denuncias puntuales para acordar montos indemnizatorios, pero nunca viaja para revisar las condiciones de trabajo, materiales, equipamiento.

En suma, efectivamente existen herramientas legales que responsabilizan a diferentes estamentos del gobierno provincial y municipal que pueden utilizarse a favor de la salud del trabajador, su familia y la zona lindante (como se detalla mas adelante), de modo que lo que pareciera que falta actualmente es la “voluntad política” que viabilice su cumplimiento.

Esto es importante para modificar situaciones preocupantes que hace unos años fueron analizadas en la provincia de Santa Fe, como la del caso de Lanteri. Un estudio hecho en 1999 en un sitio donde la población total asciende a 3652, que incluye a una 2933 población rural y le resto es urbano. De 167 productores que viven en la ciudad y que fueron entrevistados al norte de la provincia de Santa Fe, una veintena relata el uso de algún plaguicida prohibido en su producción y uso en el país. Por otro lado, 47 de los 68 trabajadores entrevistados (70%) desconoce que producto utiliza o no recuerda el nombre.

Por ese motivo es fundamental resaltar la tareas que ahora esta realizando el sindicato de UATRE con sus propios delegados, y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Rurales (RENATRE) que esta semana ha comenzado tareas de capacitación a productores recorriendo la región Sur de la Provincia. Del 18 de julio hasta fin de agosto se encuentra capacitando a empleadores rurales del sur de Santa Fe, recorriendo 20 localidades. Este hecho es importante porque el pequeño productor trabaja junto a su familia y sus hijos adolescentes, exponiéndose a los riesgos a la salud. Si bien estas dos actividades están limitadas a un grupo, son un paso adelante que hay que resaltar.

No obstante es preciso señalar que todavía faltan mas espacios de formación, capacitación, debate de los riesgos del trabajo rural y de la intoxicación por agroquímicos y las formas de prevención.

Quizá seria una tarea importante del sistema escolar o de otras Organizaciones de la Sociedad civil debería tomar como propio debido al crecimiento de los riesgos a la salud comunitaria debido al incremento de la venta en la Argentina, la provincia de Santa Fe y la zona peri-urbana de Rosario (en los limites de la ciudad).

Para comenzar a profundizar con el tema, continuación se hace referencia a la magnitud del problema en la Argentina y Rosario.

2.EL CRECIMIENTO DE LA VENTA Y EL USO DE AGROQUIMICOS

En Argentina se consumen aproximadamente 100 millones de litros de agroquímicos por año, de los cuales: 58% son herbicidas, 14% son insecticidas y 1% son curasemillas, el resto son fungicidas y acaricidas. La toxicidad disminuye de insecticidas a herbicidas y fungicidas. Hace solamente 10(diez) años el consumo era aproximadamente la mitad. Sin embargo se sabe que proliferan productos ilegales que ingresan por las fronteras del norte de la argentina, a menor costo y sin ningún control del estado. La evolución del Mercado de productos fitosanitarios muestra que hasta el 1999 hubo un aumento de la demanda, en especial de los herbicidas, pero las ventas caen entre el 2000 al 2002 a causa de la crisis de Argentina. No obstante en el 2003 se producen dos cambios: un crecimiento de 32% en la cantidad comercializada y marcado aumento de productos importados más baratos, pero con escaso respaldo técnicos y calidad certificada y de marcas poco reconocidas.

En el ámbito del Programa Nacional de Prevención y control de intoxicaciones, que se editan desde el 2002, se cuenta con datos de 21 Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia toxicóloga situados en 7(siete) provincias. La limitación se debe a que el 70% de los datos proviene de consulta telefónica (70%) realizadas por los médicos de los hospitales que reciben la consulta(de modo que no indican localidad donde se produjo) y son personales solo un 30%. Lamentablemente no provienen de notificaciones de profesionales y de institutos médicos, y sus oficinas se ubican en zonas urbanas en las principales ciudades.

Las estadísticas de mortalidad de 2001 muestran 67 casos atribuidos a plaguicidas sin discriminar domésticos y agrícolas, de los cuales 11 fueron accidentales (16%), 39 suicidios (58%) y 17 indeterminados (25%).

Las intoxicaciones agudas también pueden observarse en los registros de las aseguradores de riesgos del trabajo, que cubren a los 250.000 trabajadores cubiertos por el sistema. Dentro de los datos del año 2002 se comprueba la exposición y el contacto con productos químicos no suman mas del 2% de los siniestros y las intoxicaciones no llegan a 2%; estas son solo las intoxicaciones agudas.

Por el contrario, las intoxicaciones crónicas quedan enmascaradas para los registros oficiales y para agravarla situación, a esto se une la dificultad de diagnosticarla y la ignorancia de los trabajadores rurales y los mismos agentes de salud en el tema .

Algo similar se ha debatido el año pasado, cuando el mismo Ministerio de Salud de la Nación reconoce que existe subnotificación y que las notificaciones no reflejan la realidad debido a que la mayoría de los médicos no están prevenidos para detectar una intoxicación y, además, porque se exige confirmar científicamente que el daño a la salud fue provocado por un plaguicida, algo que muy rara vez se puede materializar. Se planteó la necesidad de investigar con detenimiento la relación existente entre el uso de agrotóxicos y los trabajadores del campo.

El sociólogo Roberto Benencia, profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA, se refirió a investigaciones realizadas en conjunto con los profesores Javier Souza y Angélica Moya, de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la misma facultad, sobre intoxicaciones y mercado de trabajo en el cinturón verde que rodea a Buenos Aires. En una investigación efectuada el 2002 se constató que el ciento por ciento de los trabajadores del área hortícola consultado no había recibido información ni capacitación sobre el manejo de sustancias químicas tóxicas. De todo lo antes mencionado cabe destacar que existe una subnotificación y subregistro de los casos médicos, ya sea porque el profesional no considera necesario asentarlo, porque desconoce la sintomatología o la patología laboral, o debido a que no se lo exigen desde la superioridad (porque no hay políticas prioritarias, como para el caso de enfermedades de notificación obligatoria o para el caso de los accidentes de transito, etc.).

3. CRECEN LOS PROBLEMAS DE SALUD DENUNCIADOS POR LA POBLACION

Cuando

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