Politica Y Legislacion Ambiental

CAPITULO II:

POLITICA, LEGISLACION E INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

El importante desarrollo económico que ha experimentado el país, basado esencialmente en sus recursos naturales renovables y no renovables, ha impuesto una fuerte presión sobre el medio ambiente; lo cual se ha desarrollado en un contexto de ausencia de normativa ambiental efectiva, comprometiendo así la capacidad de renovación y preservación de dichos recursos y la calidad del agua, aire y suelo.

Lo anterior ha significado la acumulación de un pasivo ambiental cuyas principales expresiones, respecto del recurso hídrico son :

- Problemas asociados a los requerimientos hídricos para fines ambientales.

- Contaminación de las aguas, en que los principales problemas que es necesario resolver son: la contaminación por descargas de aguas servidas domésticas, por efluentes mineros y residuos industriales líquidos (Riles), y la contaminación agrícola y difusa de las aguas subterráneas.

Un paso sustantivo en el diseño e implementación de la Política Ambiental chilena fue dotar al país de una nueva legislación e institucionalidad ambiental; promulgándose en marzo de 1994, la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta ley se hace cargo de la temática ambiental desde una perspectiva integral, sentando las bases para una gestión ambiental eficiente y fijando criterios institucionales y regulatorios que comprometen las acciones del estado, del sector privado y de la ciudadanía.

La ley crea la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) sin derogar las competencias de los ministerios y servicios públicos, correspondiendo a una institucionalidad transversal, de carácter coordinador, en un marco de descentralización territorial y de simplicidad administrativa.

Este sistema de gestión ambiental está compuesto por todos los ministerios, organismos sectoriales de la administración central y los organismos descentralizados a los que el conjunto de leyes vigentes asigna responsabilidades y potestades ambientales. El eje coordinador de este sistema es CONAMA, en interrelación directa con otros organismos del estado, los sectores productivos y la ciudadanía, a través de los instrumentos ambientales creados por la Ley de Bases.

Este sistema de gestión ambiental contempla la participación de la comunidad en la elaboración de normas de calidad ambiental, planes de descontaminación y en el SEIA.

Por otro lado, Chile ha concurrido a la firma y ratificación de numerosos acuerdos internacionales, tales como RAMSAR, CITES, Convenio de Basilea, Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Convención sobre Diversidad Biológica, Agenda 21, etc.

Asimismo, la integración comercial con otras naciones contempla tratados que incorporan la temática ambiental (Tratado de Libre Comercio con Canadá, Acuerdo Marco con la Unión Europea y asociación a la APEC).

2.1 POLÍTICA AMBIENTAL.

2.1.1 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS:

La política ambiental del gobierno establece que el desarrollo sustentable es función del crecimiento económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad. El principio detrás de la sustentabilidad es el proceso de gestión integrada de cuencas para lograr el aprovechamiento de los recursos de la hoya (crecimiento económico) y su manejo, con el fin de preservarlos y protegerlos (sustentabilidad ambiental). La Equidad se logrará en la medida que los sistemas de gestión sean participativos y democráticos.

Los Objetivos que orientan la acción del sistema de gestión ambiental corresponden a los siguientes:

- Recuperar y mejorar la calidad ambiental.

- Prevenir el deterioro ambiental.

- Fomentar la protección del patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales.

- Introducir consideraciones ambientales en el sector productivo.

- Involucrar a la ciudadanía en la gestión ambiental.

- Fortalecer la institucionalidad ambiental a nivel nacional y regional

- Perfeccionar la legislación ambiental y desarrollar nuevos instrumentos de gestión.

2.1.2 POLÍTICA NACIONAL DE AGUAS:

Los principios y objetivos de la política nacional de aguas, la cual recoge y hace suyos los principios y objetivos fundamentales de la política ambiental son:

2.1.2.1 Principios:

- El agua está definida legalmente como un bien nacional de uso público, considerando que resulta esencial para la vida de sus habitantes, para el desarrollo económico - social de la nación y el medio ambiente. Como tal corresponde al Estado asumir una tutela especial sobre las mismas, a través de las normas regulatorias que garanticen que el aprovechamiento de este recurso se efectúe en beneficio del desarrollo nacional y de la sociedad en su conjunto.

- El aprovechamiento del recurso debe realizarse de forma sustentable y asegurando la protección del medio ambiente asociado.

- El agua es un bien económico y como tal el sistema jurídico y económico que regula su uso debe propender a que sea utilizado eficientemente por los particulares y la sociedad. De acuerdo a lo anterior, son aplicables a los recursos hídricos los principios de la economía de mercado, con las adaptaciones y correcciones que exigen las particularidades de los procesos hidrológicos.

Asimismo, la actuación del Estado en esta materia debe estar regida por el principio de subsidariedad, debiendo dar apoyo a los sectores más débiles de la sociedad en la satisfacción de sus necesidades básicas.

- Se debe propender a la participación de los usuarios, de las organizaciones sociales y del ciudadano común en la gestión del recurso hídrico, reflejando de ese modo el carácter de bien social, económico, ambiental y cultural del agua; y contribuyendo con ello al proceso de profundización democrática en la sociedad.

- Los recursos hídricos, como parte del ciclo hidrológico, tienen un comportamiento complejo, con abundantes interacciones espaciales y temporales a nivel de la cuenca, entre sí y

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